25 marzo,2019

La guerra económica contra Venezuela y sus alertas tempranas

Desde los primeros días de la República, los estadounidenses utilizaron sanciones para promover objetivos políticos. En 1807, la Ley de Embargo prohibió intercambios comerciales con Gran Bretaña y Francia para castigarlos por haberse apoderado de barcos estadounidenses durante las Guerras Napoleónicas (…) el efecto coercitivo fue mínimo. Las sanciones perjudicaron por igual a las economías estadounidense, británica y francesa. Ningún país hizo concesiones. Rosenberg, Elizabeth (2016) The New Tools of Economic Warfare.

Si la experiencia demuestra que las sanciones económicas no logran los objetivos esgrimidos para justificarlas, ¿por qué Estados Unidos insiste en imponerlas? La existencia de centenas de estudios académicos e informes oficiales sobre la ineficacia de esas retaliaciones amplifica la interrogante sobre la obstinación imperial.

Las sanciones económicas no son persuasiones asépticas

Joseph Nye acuñó el concepto de “poder blando” para referirse a la capacidad de un Estado para influir sin violencia en el comportamiento de otros. En el discurso mediático, las sanciones económicas suelen aparecer como instrumentos persuasivos que le evitan a Estados Unidos recurrir al “poder duro”. Esta interpretación es errónea.

Ni la guerra se define por el uso directo e inmediato de la fuerza militar, ni la violencia es solo agresión física. Las sanciones económicas implican formas de daño material e inmaterial que se distribuyen “invisiblemente” a través del tiempo. Y esa es su utilidad estratégica.

Aunque no logren derrocar a gobiernos “no amigables”, las sanciones económicas le permiten a Estados Unidos continuar ejerciendo violencia contra la población del “país objetivo”. Impedirle a Venezuela controlar sus ingresos petroleros es una forma de violencia cuyo carácter militar se evidencia a plenitud cada vez que alguien muere porque no existen insumos médicos.

Las sanciones económicas son un instrumento del “poder duro”. A similitud de acción bélica efectuada con balas que hieren o matan, la “guerra económica” tiene como propósito crear condiciones para que “el otro” desista de ciertos objetivos. Lamentablemente, esto no suele entenderse con facilidad, salvo quizás en África, un continente donde las sanciones “por razones humanitarias” inician guerras convencionales interminables.

Para ser útiles geopolíticamente, las sanciones económicas deben alterar la vida cotidiana de la población e inducir su distanciamiento con respecto al gobierno. De su utilidad, empero, no se desprende su eficiencia pues, a pesar de las dificultades experimentadas durante más de 40 años, los pueblos de Cuba e Irán no han reaccionado en el sentido que Estados Unidos hubiese anhelado.

Las armas económicas apuntan a la vida cotidiana

Las sanciones económicas no están dirigidas primariamente a destrozar la economía de un país. Salvo algunas excepciones ocasionadas por la miopía ideológica, los decisores estadounidenses sí entienden que aquellas no desmoronan a pueblos rebeldes.

No obstante, una y otra vez, Estados Unidos necesita abrir muchos frentes de guerra para poder administrar mejor su ocaso imperial. Apreciadas en función de este propósito rector, las sanciones económicas son adecuadas si permiten:

a). Moldear significativa pero paulatinamente el ambiente político y el equilibrio de fuerzas políticas a través de circunstancias cambiantes;

b) Motivar a las comunidades relevantes, domésticas o foráneas, para una acción concertada en el sentido propuesto por Estados Unidos; y

c) Lograr objetivos políticos acotados pero que apoyen los objetivos estadounidenses a nivel regional o global.

Obligado a actuar defensivamente en un mundo multipolar, Estados Unidos ejerce sanciones económicas contra Afganistán, Burundi, Birmania, Cuba, Corea del Norte, China, Chipre, Haití, Libia, Líbano, Bielorrusia, Crimea, Eritrea, Irán, Iraq, República Central Africana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Rusia, Ucrania, Venezuela, Yemen y Zimbabue.

Aunque la lista podría ampliarse, lo importante es otra cosa. Cuando los derechos humanos, el terrorismo u otros motivos “clásicos” no bastan como pretexto la guerra, las sanciones económicas son legitimadas en nombre de “la lucha contra el lavado de dinero”. Sin duda, este proceder es paradójico si se considera que Estados Unidos alberga paraísos fiscales en Nevada, Delaware, Montana, Dakota del Sur, Wyoming y New York.

No obstante, a partir de “Un siglo de sanciones económicas”, un estudio realizado por Peter Wallensteen, se puede colegir que ya no vivimos en aquella época en la cual las sanciones estadounidenses se justificaban para evitar la guerra de Alemania contra otros, para descolonizar el África, para promover derechos en Sudáfrica o para contener el ascenso económico de Rusia.

También paradójico (por no decir “ridículo”) es escucharle a Juan Guaidó sostener que las sanciones a Venezuela apenas comenzaron hace “unos años”. En un informe presentado al Congreso estadounidense el 8 de marzo de 2019, se reconoce que “durante más de una década, Estados Unidos ha empleado sanciones como herramienta de política en respuesta a las actividades del gobierno venezolano… Estas incluyen sanciones relacionadas con el terrorismo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, las acciones antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos y la corrupción”.

Esta historia de agresiones económicas contra Venezuela podría resumirse en los siguientes hitos:

  • 2005. La Ley de Autorización de Relaciones Exteriores inició sanciones alegando que Venezuela no cumplía con los acuerdos internacionales de narcóticos.
  • 2006. Venezuela fue sancionada por no “cooperar plenamente” con la Ley de Control de Exportación de Armas y se le prohibió la compra de armas comerciales.
  • 2008. El Departamento del Tesoro congeló activos y transacciones de personas jurídicas y naturales alegando que Venezuela apoyaba al movimiento Hezbolá
  • 2014. La Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas incluyó a Venezuela en su lista negra. La Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil impuso bloqueo de activos y restricciones de visado.
  • 2015. Obama reguló el bloqueo de activos y las restricciones de visado en función de acciones contra la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión.
  • 2017. Además de prohibir el financiamiento para exportaciones agrícolas y médicas hacia Venezuela, Trump le impidió a Petróleos de Venezuela (PDVSA) acceder a mercados de deuda y capitales.
  • 2018. Los departamentos de Hacienda y Estado bloquearon activos y transacciones con cualquier persona que realizase operaciones “engañosas” con el gobierno venezolano en minería o en cualquier otro sector económico. Se prohibió transacciones que involucrasen monedas digitales, compra y venta de deuda, cuentas por cobrar o garantías venezolanas.
  • 2019. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó los activos financieros y no financieros de PDVSA en Estados Unidos.

El Banco de Inglaterra confiscó la reserva venezolana

Desde tiempo atrás, el Departamento de Justicia, la Oficina de Seguridad e Industria, el FBI, la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso el Fiscal General de Nueva York han participado en el establecimiento de sanciones económicas hacia personas, empresas y países. Sin embargo, en esta tarea, la OFAC está adquiriendo mayor protagonismo e influencia internacional.

Siendo así cabe preguntarse: cuando los economistas toman las riendas, ¿la guerra económica tiene un diseño es más eficiente y con menos efectos perversos? Parece que no.

En 2018, Venezuela solicitó US$ 500 millones en lingotes de oro que tenía depositados en el Banco de Inglaterra. Esta institución se negó a satisfacer la petición argumentando que “el Banco observa los estándares más altos para la gestión de riesgos establecidos por toda la legislación relevante, incluyendo las sanciones financieras aplicables.”

Cual recompensa al cumplimiento de las directrices estadounidenses, Gran Bretaña se apropió de unos US$ 1.500 millones en oro venezolano. Esta modalidad de despojo alertó a otros países.

En febrero de 2019, el diputado Claudio Borghi solicitó al gobierno italiano que verifique el estatus jurídico de 2.400 toneladas de oro depositadas en instituciones como el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo. También, el eurodiputado Marco Zanni expresó inquietud porque Italia recibe un certificado anual del monto de sus depósitos en Gran Bretaña o Estados Unidos pero “no puede siquiera enviar inspectores para verificar si su oro está todavía ahí”.

Semejante desconocimiento no afecta solo a los italianos. Australia y otros países desarrollados están preocupados por las atribuciones que los custodios de sus reservas podrían “autoproclamar” para sí mismos. La “incertidumbre sobre las reglas” y el temor al abuso no se disiparán con facilidad pues el actual régimen financiero internacional facilita la agresión económica.

Ante la previsible y creciente inviabilidad de las operaciones militares convencionales, Estados Unidos tendrá que librar sus próximas batallas contra Rusia, China, Irán o Venezuela atacando sus monedas, criptomonedas, reservas, activos financieros, mecanismos de compensación, sistemas informáticos, bancos, operaciones de deuda, redes eléctricas, etc.

¡Gran favor le hizo Ecuador al Imperio al sabotear la integración sudamericana! Sin un Banco del Sur, Venezuela no es la única nación que quedará desprotegida en las guerras del futuro.