Por Roberto Marchán
En el pasado, en ocasiones se ha escuchado a actores políticos, algunos de ellos con antecedentes laborales en el ámbito de la defensa, sostener que el gobierno de Rafael Correa en los diez años que se mantuvo en el poder “destruyó el sistema de seguridad nacional” y que además, no se atendieron las necesidades y requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, generando como resultado una incapacidad de estas instituciones para enfrentar la situación de inseguridad que azota al Ecuador. En general, por el escaso valor documental y las evidentes falacias de esas afirmaciones, poco interés habría para tomarlas en cuenta y no pasaban de ser otra de las permanentes anécdotas de demagogia que suelen marcar a la disputa política nacional.
Sin embargo, en los últimos días se ha escuchado similares afirmaciones de parte de la persona que ocupa el puesto de Director del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado en una comparecencia ante una comisión de la Asamblea Nacional y más recientemente de parte del Presidente de la República durante la sesión solemne por el aniversario de independencia de la ciudad de Portoviejo, donde anunció que de los 16 aviones “caza” que la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene en la Base Aérea de la ciudad de Manta, trece estaban “inutilizados” y que ello, es una muestra de la “indefensión del Estado ante los ataques de grupos delictivos”.
Sobre esta supuesta evidencia, sin ningún otro análisis lanzó la afirmación de que “He encontrado claramente que hubo un pacto entre un Gobierno y el narcotráfico y la indiferencia del último Gobierno, y hay que decirlo claro… porque hay que mantener la memoria viva de la historia para que no volvamos a hacer los mismos errores del pasado”. en clara referencia, sin citarlos, a los gobiernos de Rafael Correa y de Lenin Moreno. Esta es una noticia que fue recogida por medios nacionales e internacionales y por lo tanto recorrió el mundo.
Más allá de lo asombroso y lamentable que la primera autoridad del estado y algunos de sus altos cargos, utilicen información, generalmente reservada, de la defensa nacional y sin mayor análisis la expongan al mundo para hacer afirmaciones con poco sustento para afectar a sus contradictores, muestra un evidente mal uso de información de defensa para fines políticos. Estas declaraciones, también nos muestran el lamentable nivel de desconocimiento y manipulación de la cual son capaces aquellas personas que ocupan altos cargos en el Ecuador.
Se ha intentado posicionar que el Gobierno de Rafael Correa no atendió a los requerimientos de la defensa durante su periodo, cuando la realidad no se sostiene en las cifras. Durante ese gobierno se hicieron las mayores inversiones en defensa desde que en la década de los años setenta del siglo pasado cuando, durante la última dictadura militar, se modernizo de manera notable a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Para comprender el tema hay que hacer un poco de historia; desde la firma de la paz con el Perú en el año 1998, se produjo un continuo deterioro de las capacidades de las Fuerzas Armadas en especial desde la eliminación de la ley que les permitía contar con un mecanismo de acumulación de recursos directamente del petróleo que se conoció como la “ley de regalías petroleras” que fue anulada por el legislativo en el año 2000.
Desde ese año, las Fuerzas Armadas perdieron el fondo económico permanente que les permitía, en su mayor parte, el mantenimiento de sus equipos y su renovación, por lo que tuvieron que empezar a gestionar año tras año los recursos para mantenimiento, operación y adquisición de equipamiento, recursos que van por fuera del presupuesto de gasto corriente que en su mayoría se utiliza en el pago de salarios. Entre los años 2000 y 2006 los gobiernos respectivos invirtieron en el equipamiento militar 307 millones de dólares una cantidad insuficiente para mantener la operación, y el mantenimiento del equipo militar existente a la época por lo que las tres ramas de las Fuerzas Armadas fueron perdiendo capacidades de manera continua.
Para el año 2006, la situación ya era critica en los tres servicios de aire, mar y tierra, por la pérdida de capacidades fruto de la escasa inversión de los sucesivos gobiernos en un período marcado por la inestabilidad política, lo que quedó de manifiesto el 01 de marzo del 2008 cuando fuerzas colombianas ingresaron al territorio nacional en la provincia de Sucumbíos, para realizar un ataque en la localidad de Angostura a las FARC, situación que desnudó las carencias de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Ante esta situación, el gobierno de Rafael Correa invirtió en los primeros siete años 1.780 millones de dólares en adquisición y repotenciación de los equipos de la institución militar lo que representa seis veces más que en el periodo 2000-2006. En términos generales se adquirieron para la Fuerza Aérea un escuadrón de 18 aviones Súper Tucano, un escuadrón de 12 aviones supersónicos Cheeta, 7 helicópteros, 3 aviones de transporte mediano AIRBUS 295, cuatro radares de largo alcance para el sistema de defensa aérea con dos centros de control integrado; en el caso de la Armada, se invirtió, entre otros programas, 240 millones repotenciando los dos submarinos, se adquirieron 10 lanchas guardacostas, 8 lanchas rápidas y 6 aviones no tripulados de largo alcance para control del mar territorial; en el caso del ejército, entre los procesos más relevantes la adquisición de helicópteros Airbus Fennec para reemplazar los Gacelle y la adquisición de 709 vehículos entre camiones, plataformas, tanqueros y otros vehículos para recuperar las capacidades de movilidad de la institución.
Entonces es una falacia que no se sostiene con datos la afirmación de que durante ese gobierno no se atendió a los requerimientos de la institución militar; al contrario, fue el período, en relación a los anteriores y a los posteriores de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso, donde más se invirtió en la institución.
Lo que si es cierto y requiere ser analizado de manera clara, en vista de que la misma primera autoridad del país lo informó abiertamente, es la deficiente situación de disponibilidad de los equipos de las Fuerzas Armadas que existe en la actualidad en el año 2022, incluso los que fueron adquiridos en el gobierno de Rafael Correa que tienen pocos años de operación como los aviones Súper Tucano, que es a los que se refería el presidente en su mensaje. En este punto la pregunta es: ¿por qué se ha llegado a esta situación?
Para explicarlo hay que tomar en cuenta lo que se conoce como “costos del ciclo de vida” de un equipamiento militar.
Gráfico n.° 1 Costos en el ciclo de vida
Fuente: Curso de Recursos de Economía de la Defensa, National Defense Institute, Canadá, 2022
En el gráfico anterior podemos ver que el costo de adquisición de un equipo militar corresponde solo a una parte del costo total de un proyecto, el que tiene por duración un promedio de treinta años de uso. La mayor parte del costo de un proyecto de adquisición de equipo militar es el que corresponde a los costos de operación y mantenimiento durante el ciclo de vida, lo que equivale entre el 60 y 85% del presupuesto total de los treinta años promedio de operación. Esto quiere decir, que si bien un gobierno puede hacer adquisidores de equipo, lo que implica una inversión determinada, para sostener en el tiempo la operación de esos equipos, debe haber una asignación de recursos durante el tiempo que dure su operación, que como indicamos es de alrededor de treinta años y eso implica inversión por parte del Estado que sea sostenida en el tiempo.
En el caso de los equipamientos de las Fuerzas Armadas, normalmente se hace la adquisición que incluye un proceso de sostenimiento inicial (partes, repuestos, costos de operación), que contempla cinco años de operación, lo que implica que una vez que se han cumplido esos contratos se requiere la firma de nuevos convenios para mantener la capacidad de operación y evitar que los equipos entren en procesos de mantenimiento suspendidos que les obligue a dejar de operar y por lo tanto a perder la capacidad operativa.
Al no disponer de un fondo permanente, la firma de los nuevos contratos es responsabilidad de los sucesivos gobiernos, no del gobierno que hizo la adquisición, y son estos gobiernos los que deben proporcionar los recursos suficientes para sostener el mantenimiento y la operación de los equipos, mediante la transferencia de recursos para continuar con los procesos de mantenimiento y operación, la pregunta que hay que hacer es si el gobierno de Guillermo Lasso y el anterior de Lenin Moreno entregaron a las Fuerzas Armadas los recursos para los respectivos procesos y contrataciones.
Por tanto, asumiendo que lo revelado por el Presidente Guillermo Lasso sobre la situación de las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas es verdad, esta se debe de forma exclusiva a la falta de transferencia de recursos económicos por parte del Estado en los últimos años que permitan sostener la operación; o si es que se descubriera que los recursos si fueron transferidos a tiempo, la responsabilidad habría que buscarla en la misma institución militar que no habría sido capaz de sostener la operación a un a pesar de contar con los recursos. En los dos casos, es una situación muy grave que debe ser auditada por la Asamblea Nacional y no debe pasar desapercibida, puesto que implica que el Estado no puede, en la actualidad, garantizar las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional una causa más que explica la situación de seguridad del país en la actualidad y puede significar una grave negligencia de los funcionarios responsables.
Este hecho que se volvió mediático y que ha trascendido incluso al ámbito internacional, lo que se puede constatar en los múltiples medios internacionales que se hicieron eco de las palabras del Presidente de la República, nos muestra la forma ligera en que se manejan los temas de la seguridad y defensa en el país; donde se aprecian dos elementos que son peligrosos para toda sociedad; por un lado la ignorancia de los máximos responsables; y por otro lado, el manejo político que se hace de temas que por su naturaleza, al ser importantes para la supervivencia del Estado, deberían ser tratados con el máximo rigor y transparencia.