Por Romel Jurado Vargas
La ley Orgánica de Comunicación de Ecuador de 2013, ha sido analizada en el programa de La Base # 90, emitido el 12 de julio de 2022 desde Madrid, que a esta fecha tiene más de 325000 vistas en YouTube, con el propósito de aprender sobre los avances que produjo esta normativa para democratizar la comunicación, sus medios y los derechos humanos en esta materia.
Todo esto, porque se ha descubierto que los directivos de una cadena de televisión española conversaron sobre cómo se había “matado” comunicacionalmente a Juan Carlos Monedero; y, como lo podían hacer también con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de España que, en aquel tiempo, también era el principal líder de Podemos, el partido político de izquierda que tiene más posibilidades de llegar a ser gobierno.
Concurrentemente, hay que señalar que la Ley de Comunicación de 2013 es la normativa ecuatoriana que ha sido más analizada en trabajos de investigación científica de muchas e importantes universidades de Iberoamérica; y, es la única ley del Ecuador que ha sido tomada de referencia para regular los abusos de los medios de comunicación en otros países, incluyendo España, así como para impedir la circulación de contenidos discriminatorios y violentos en redes sociales como Facebook.
Mi participación en la elaboración y difusión de esta importante ley ha tenido un considerable costo personal, profesional y familiar, pero ciertamente ha valido la pena; pues, más allá de que si hoy o mañana un gobierno autoritario en Ecuador recorta el alcance de los derechos que contiene la Ley de Comunicación, si suprime la distribución equitativa de frecuencias, o si elimina los mecanismos institucionales de protección de los derechos de la comunicación, lo cierto es que esas ideas ya viven y habitan en el debate público de muchos países, medios de comunicación, periodistas, políticos, instancias legislativas y, sobre todo, están en boca de muchos ciudadanos de a pie en lejanos y cercanos lugares del mundo.
Ahora mismo, en la Asamblea Nacional estamos a puertas del segundo debate sobre la reforma propuesta por el presidente Guillermo Lasso a la Ley de Comunicación. Por supuesto, los clanes de los medios corporativos han cerrado filas para apoyar la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, lo más posible es que las fuerzas de izquierda aprueben el informe de minoría, con lo cual no solo se mantendrán los derechos de la comunicación en la Ley, sino que se recuperará la distribución equitativa de frecuencias y se establecerá mecanismos de control administrativo de cumplimiento obligatorio a cargo de la Defensoría del Pueblo.
Frente a esta postura mayoritaria de la Asamblea Nacional, es muy seguro que el veto presidencial no tardará en echar a la basura el trabajo de la mayoría de los legisladores, así como recuperar la propuesta original enviada por el Ejecutivo y, entonces, se requerirá dos tercios de los votos en la Asamblea para ratificarse en la defensa de los derechos de la comunicación y su democratización. Votos que nadie sabe con certeza si se puedan conseguir.
Desde mi perspectiva, todo este drama legislativo sobre la reforma a la Ley de Comunicación, es solo un episodio local del flujo y reflujo histórico que han sufrido todos los derechos humanos antes de instituirse definitivamente a nivel global.
En efecto, la tarea está hecha, solo es cuestión de tiempo para que los derechos desarrollados en la Ley de Comunicación de Ecuador se instituyan, con matices y mejoras, como parte del núcleo duro de los derechos humanos en los instrumentos e instituciones internacionales, así como en los ordenamientos jurídicos de los Estados democráticos.