Diego A. Bastidas Chasing
Después de diez años de estabilidad política y la implementación exitosa de un programa político que permitió reducir la pobreza de 37.6% a 22.5%, y una reducción de la desigualdad según el Índice Gini de 0,54 a 0,47, el Ecuador en menos de un año ha vuelto a presenciar un gobierno que desprecia abiertamente el Estado de Derecho, dedicado al reparto político, la traición del mandato popular, el uso arbitrario del poder y la ley para perseguir y callar las voces disidentes.
Nuestra historia política reciente nos puede brindar algunas pistas para interpretar de mejor forma el presente. Lucio Gutiérrez, quien llegó al poder sobre una plataforma genuinamente progresista y popular, al cabo de dos años terminó siendo echado del poder. Lucio decidió desconocer su programa político, romper con sus aliados naturales, tomarse por asalto la Corte Suprema de Justicia, desentenderse de la Constitución y ponerse por encima de la Ley, y al igual que en el caso del Presidente Moreno le entregó su suerte al Partido Social Cristiano.
Lenín Moreno al parecer se esfuerza en seguir el mismo libreto: renunciar a sus bases populares, traicionar su mandato votado en las urnas, aliarse con la oligarquía, tomarse otra función del Estado -la Función de Transparencia y Control Social-, y sobre todo, romper con el Estado de Derecho y el imperio de la Ley.
El Estado de Derecho resulta fundamental para nuestra vida democrática por razones bien prácticas, antes que teóricas. Gracias a este ideal prevenimos que el poder y la Ley se usen arbitrariamente como ocurre en los regímenes autoritarios. La muerte lenta del Estado de Derecho en el Ecuador y su transición a un régimen autoritario empezó a operar cuando el Presidente Moreno decidió traicionar el mandato popular ganado legítimamente en las urnas para entrar en una oscura alianza del reparto con los poderes fácticos y las élites tradicionales. Posteriormente, la muerte lenta de nuestro Estado de Derecho se aceleró con la decisión de convocar a una consulta popular cuya finalidad fue la de acumular más poder y sacar del mapa político a Rafael Correa, saltándose el control constitucional, lo que fue debidamente verificado y documentado por la propia misión electoral de la OEA. Los medios mercantiles, por su parte, también son corresponsables de esta ruptura del Estado de Derecho, pues en su afán por ‘descorreizar’ el país le ocultan a la ciudadanía la verdadera información sobre lo que está ocurriendo con el manejo del poder político.
La coalición política de Moreno ha despreciado el Estado Constitutcional de Derecho, al punto de habernos puesto en una situación de crisis institucional traducida en que un Vicepresidente de la República democráticamente electo, ha sido juzgado y encarcelado con un Código Penal que no estaba vigente al momento de su aplicación y sin pruebas que lo vinculen directamente a la trama de Odebrecht, la Corte Constitucional ya no ejerce sus potestades de control constitucional, una función legislativa cuyo Presidente fue descabezado y sustituido por fuera del procedimiento legal, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cooptado por la Función Ejecutiva, un Consejo Nacional Electoral que le negaba el registro a la mayor fuerza política de la oposición liderada por el ex Presidente Rafael Correa, y una Contraloría General del Estado que, lejos de ser un juez imparcial de cuentas, pasó a convertirse en la más vulgar herramienta de persecución política.
La cereza del pastel en toda esta operación política por desconocer las reglas del juego de nuestra Democracia Constitucional viene del Presidente del Consejo de Participación Transitorio quien ha afirmado abiertamente que él se encuentra por encima de la Constitución de Montecristi, y que sus resoluciones prevalecerán por sobre cualquier disposición constitucional.
Este tipo de rupturas del Estado de Derecho y la situación de caos institucional que han generado deliberadamente Moreno y su coalición, tienen naturalmente consecuencias negativas impredecibles a futuro, pero lo cierto es que la experiencia latinoamericana demuestra que estos regímenes híbridos o autoritarios son bastante débiles en el mediano y largo plazo, pues su base electoral, lejos de fundamentarse en un sólido consenso, se encuentra en el reparto, y la gobernabilidad durante el período de gobierno se encontrará más bien basada en la coerción pura y dura. En fin, será cuestión de tiempo para que el pueblo en las calles exija que se vayan todos.