Hace ya casi 5 años (noviembre de 2014), el director de Le Monde Diplomatic de Argentina, José Natanson, escribía una provocadora columna de opinión donde sostenía que en la región se vivía “la emergencia de una nueva derecha, que es democrática, pos-neoliberal e incluso está dispuesta a exhibir una novedosa cara social”[1]. Importante revuelo se armó en torno a esta tesis. Luego su autor busco darle más condumio frente a las críticas que generó. Desde allí sostuvo de manera más precisa que su razonamiento era válido en términos de análisis de la eficacia electoral, es decir, comprender por qué las propuestas de esta derecha latinoamericana podían resultar ahora convincentes y ser aceptadas por el electorado, entender por qué funciona actualmente[2]. Hablaba en parte desde el marketing político y las estrategias electorales que fueron construyendo promesas cual realidades.
Empero, luego de un lustro, los hechos revelaron de manera palmaria que esa derecha no fue ni democrática, ni pos-neoliberal, ni social y, podríamos ir más allá y decir, que ni tan nueva.
Para Natanson, lo democrático de esta “nueva derecha” era básicamente que no se apoyaba en las fuerzas militares, como otrora en las dictaduras o en otras experiencias de quiebre del orden constitucional, para hacerse del poder institucionalizado. Esta interpretación soslayó las experiencias neoliberales de los ´80, ´90 y hasta de principios de los 2000 que en algunos países de la región se dieron bajo el denominado interregno de las “democracias transicionales”; es decir, post dictaduras.
Sin embargo, el mayor problema del argumento esgrimido es la inadvertencia de que las “nuevas derechas” pueden transgredir el régimen democrático bajo otras formas. Por ejemplo, poniendo en jaque el mismo Estado de derecho mediante la instauración de estados de excepción (formales o fácticos). A su vez, el principio republicano de división de poderes también se puede ver comprometido a través de la judicialización de la política y una politización de la justicia. Y esto es lo que parece haber acontecido en la región. La democracia se transformó en varios países en una cascarón vacío reduciéndose al funcionamiento de ciertas condiciones como la celebración de elecciones periódicas pero con importantes restricciones como la proscripción de candidatos, y hasta su encarcelamiento, la prohibición de registro y participación de algunas agrupaciones políticas para competir electoralmente, la anulación de elecciones cuando los resultados no son de satisfacción del poder de turno; o incluso la eliminación de instituciones cuando sus cargos electivos no son ocupados por el oficialismo. La esfera pública ligada a la comunicación y a la formación de la opinión pública, otro componente central de la democracia liberal y representativa, sufrió una de las mayores descomposiciones al establecerse una estructura monopólica u oligopólica de los medios y una formidable colusión entre poder político, económico y mediático. Esto redundó en un cerco y manipulación de la comunicación pública y social. Argentina en parte da cuenta de ello, pero especialmente los casos de Brasil y Ecuador resultan incontestables. Incluso la intervención de las fuerzas armadas y de seguridad pública han asumido en las recientes experiencias de gobierno de derecha, como Brasil y Ecuador, papeles tremendamente reñidos con lo democrático.
Al mismo tiempo, Natanson sostenía que la nueva derecha era “pos-neoliberal” porque “aunque sus programas económicos incluyen las conocidas prescripciones pro-mercado, son escasas las menciones explícitas a las políticas de desregulación, privatización y apertura comercial que constituían el núcleo básico del Consenso de Washington”; esto básicamente “porque el neoliberalismo es antipático pero sobre todo porque el neoliberalismo ya ocurrió”.
Demás está decir que el neoliberalismo nunca termina de ocurrir en tanto haya Estados sociales que puedan volverse Estados mínimos, en tanto existan derechos y protecciones que puedan volverse “dependencias ilegítimas” y, por ende, prescindibles, y en tanto existan riquezas sociales que puedan ser expoliadas por los sectores más concentrados. Solo con ver las medidas implementadas por los gobiernos de Macri, Temer, Bolsonaro y Moreno esto queda descartado.
Por último, para Natanson “la nueva derecha tiene una cara social” porque “sus líderes prometen mantener los programas desplegados en la última década e incluso disputan la simbología de la izquierda”. Sin embargo, en el ámbito de la protección social y laboral de la población ha sido donde más han intentado avanzar las recomposiciones conservadoras.
En el 2017 Macri avanzó sin gradualismo (a pesar de su insistente retórica) en un exponencial aumento de las tarifas de servicios públicos, lo que junto a la devaluación descontrolada del peso redujeron de manera inédita el poder adquisitivo de los salarios en Argentina; también en una reforma previsional que implicó la reducción de las jubilaciones promedio de pensionados, veteranos y hasta de las asignaciones familiares (incluso la Asignación Universal por Hijo -AUH-). Igualmente recortó fondos para educación y salud públicas, incluso programas de género y de discapacidad. Recientemente por decreto se redujeron las indemnizaciones de los trabajadores accidentados para mejorar las ganancias de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y se hizo bajo aplicación retroactiva. Esto último es harto trillado en estas experiencias conservadoras que no contentas con los recortes desde el presente hacia futuro quieren también comprometer el pasado mismo. Michel Temer en Brasil avanzó en una reforma constitucional para ponerle “techo al gasto social”, justificándolo en las exigencias del pago de la deuda. Bolsonaro, de igual forma, a través de un decreto de febrero de este año retiró recursos de la seguridad social (R $ 606 mil millones) para el pago de cargas financieras del gobierno federal (intereses de deuda). También logró aprobar una reforma previsional que extendió el número de años para la jubilación y un proyecto de terciarización laboral. Pero el objetivo más ambicioso es desconstitucionalizar la seguridad social conquista lograda en la Carta Magna de 1988 a fin de ofrecerla al mercado financiero mediante la creación de un régimen de capitalización. Por su parte, las inversiones en salud y educación siguieron aún peor suerte que en Argentina. En Ecuador, “el paquetazo” de Moreno involucró la quita de subsidios a la gasolina, la pérdida de importantes derechos para los empleados públicos y trabajadores de las empresas públicas, la flexibilización laboral en el sector privado y una reforma previsional gravosa en donde se reducen aportes patronales y se abre la puerta a la privatización del sistema mediante fondos privados.
Dicho esto, qué
de nuevo tiene esta derecha supuestamente aggiornada. Parece que la
renovación queda en buena medida para los discursos que livianamente se despliegan
en los contextos y debates electorales. En los hechos, hasta ahora, pareciera
existir una derecha que mejoró su marketing y su capacidad de latrocinio; por ejemplo,
introduciendo en el mundo de la política los datos masivos (big data),
su identificación, análisis y uso (data mining) para una más eficaz
manipulación; o introduciendo, sin miramientos, en el Estado -como “ministros o
secretarios”- a personeros de empresas interesadas en la captura de rentas
públicas y en generar condiciones de privilegio para sus negocios. También su
novedad radica en una inusitada capacidad para saber cómo, cuándo y dónde corromper
los fundamentos del régimen democrático para garantizar el control político del
saqueo. Esto incluye desactivar y poner fuera de juego a los grupos y sectores
que se oponen activamente al proyecto y a las políticas de derecha. Es decir, su
novedad radica en ser más eficientes y efectivos en su “travestismo”
progresistas y en su vaciamiento de la democracia para instrumentar una rapiña
aún más voraz.
[1] https://www.eldiplo.org/185-el-empleo-en-peligro/la-nueva-derecha-en-america-latina/
[2] https://www.pagina12.com.ar/57262-derecha-democratica