Por Luis Herrera Montero
Ecuador vive actualmente una grave situación para con su democracia. En esta semana el presidente Lasso decretó la muerte cruzada. Según la mayoría de sectores políticos, respaldados por prestigiosos constitucionalistas, han considerado que la medida es inconstitucional. Los argumentos de inconstitucionalidad se sustentaron en que las motivaciones de la presidencia se dirigían hacia el impedimento de la concreción del plan nacional, más que a una crisis política y de gran conmoción social. A esto debe añadirse que el gobierno no ha mostrado evidencias para aplicar alguno de los determinantes constitucionales que faculten llamar a una muerte cruzada. En consecuencia, asambleístas de la oposición entregaron las respectivas demandas a la Corte Constitucional; lamentablemente, la Corte en mención, por unanimidad, no aceptó dichas demandas y sin exigir las pruebas que justifiquen el decreto presidencial, comunicó que no tenía competencias para que el decreto no se ejecute. De esta manera, cualquier presidente puede decretar muertes cruzadas; en tal sentido, el pronunciamiento de la Corte Constitucional resulta muy riesgoso, debido a que provocaría que tiranías usen ilegítimamente esta medida constitucional. Es necesario advertir, que al pueblo nos llama mucho la atención que se haya movilizado a unidades de la policía y del ejercito para acordonar el local de la Asamblea Nacional. Esperemos que los siguientes decretos presidenciales no atenten los parámetros constitucionales en estos seis meses, hasta que el nuevo gobierno tome las riendas de la institucionalidad estatal; sería pues una dictadura o un autogolpe de Estado.
Ante esta situación antidemocrática, el pueblo ecuatoriano ha demostrado sabiduría política y no se movilizó, evitando que Lasso use tal manifestación para validar su decreto. Como antecedente, en cambio, es necesario señalar que en junio de 2022, el pueblo salió multitudinariamente a las calles, para exigir al gobierno nacional toda una plataforma de legítima lucha y sintetizada en 9 puntos. El presidente Lasso no tuvo el suficiente valor e ignoró a las organizaciones que lideraron las manifestaciones populares. En vez de asistir personalmente a las negociaciones, delegó tamaña responsabilidad a su ministro de gobierno. Como era de esperarse, los regímenes neoliberales siempre se han desentendido de las demandas sociales y han provocado grandes conmociones sociales. Lasso no se diferenció en lo más mínimo y facultó a la Asamblea Nacional la ejecución de un llamado a una muerte cruzada, que por responsabilidad de la representación de grupos oligárquicos del país, no se concretó por carecerse de los 92 votos requeridos. Lasso, para colmo, se sintió fortalecido por el fracaso de su destitución y ha procedido a incumplir los acuerdos establecidos con los sectores sociales. Tal incumplimiento ha colocado al régimen en una situación de mayor crisis. Ahora el neoliberalismo también ha sido responsable de actos de corrupción; obviamente, el presidente Lasso reprodujo una práctica similar y estuvo a punto de ser destituido en un reciente juicio político que lo responsabilizaba de peculado. Ante sus dificultades para reducir los más de 92 votos que lo censurarían, decidió entre gallos y media noche, llamar a una muerte cruzada; esa es la deducción más lógica que puede hacerse respecto de los últimos acontecimientos.
Es necesario resaltar que la crisis actual es peor que la del feriado bancario. Desde el retorno a la democracia en 1979, el pueblo ecuatoriano ha debido constatar tres gobiernos de inspiración demócrata popular, que han sido los principales responsables de imponernos los más nefastos procesos fondomonetaristas. Con el “asesinato” de Jaime Roldós, la oligarquía financiera del país aprovechó el suceso e inició la implantación neoliberal, sucretizando una ilegítima deuda externa, adquirida principalmente por sectores privados; la medida implicó además que el Estado asumiera el pago de dichos endeudamientos. La incapacidad del gobierno de Hurtado conllevó una diversidad de protestas que fueron duramente reprimidas. En 1998, el partido “Democracia Popular” ascendió nuevamente al poder con Mahuad, que ejecutó el muy recordado feriado bancario o el más feroz atraco a los ahorros de la población; el hecho provocó también masivas protestas y la consecuente caída del gobierno. La historia hoy se reproduce; el presidente Lasso, bajo una misma inspiración demócrata cristiana, aunque con el camuflaje de CREO como tienda política, tampoco logra terminar su mandato por replicar las imposiciones fondomonetaristas y por el desinterés mostrado para comprender mínimamente que la democracia es el gobierno del pueblo; obviamente, el pueblo salió masivamente a las calles en junio de 2022. En resumen, los demócrata-cristianos nunca gobernaron por más tres años y su tinte neoliberal ha sido la tónica de altos grados de rechazo ciudadano: Hurtado accedió a la presidencia a los dos años del período y su gobierno tuvo un desgaste de gobernabilidad. Mahuad fue derrocado. Y Lasso ha llamado a una muerte cruzada que pone final a su gestión en seis meses.
La intención de este artículo de opinión no pretende dejar una idea errónea sobre el neoliberalismo en Ecuador. Los gobiernos de Febres Cordero y Durán Ballén también se identificaron con esta tendencia fondomonetarista. Luego de estos dos gobiernos, la crisis y la ingobernabilidad neoliberal fueron constantes hasta el 2007. Lamentablemente, en el 2017 se reinstalaron las oligarquías neoliberales en el Estado, con el ascenso al poder de Moreno, quien se desvinculara sorpresivamente de una línea progresista; los efectos de tal reinstalación han implicado reproducir las crisis socio-institucionales, pero hoy con el aditamento de la masificación del narcoterrorismo y las consecuentes masacres en el sistema carcelario y el terror en la vida cotidiana de toda la población nacional. Sin embargo, Febres Cordero, Durán Ballén y Moreno alcanzaron a terminar sus períodos presidenciales, a pesar de su evidente impopularidad. Coloco estos antecedentes, debido a que Lasso no hubiera podido acceder al poder sin la alianza con el “Partido Social Cristiano”, sector político que fuera liderado por Durán Ballén, luego por Febres Cordero y actualmente por Jaime Nebot Saadi. En definitiva, se pretendió manejar el Estado desde un bloque de poder entre oligarquías y oligopolios. Este objetivo nunca se cumplió y apenas Lasso recibiera el gobierno, traicionó a su aliando electoral. La crisis socio-institucional y la masificación del narcoterrorismo, que dejara Moreno, fue reforzada por el actual gobierno. La grave cuestión es que los socialcristianos, a pesar de la traición de Lasso, salvaron al régimen al no apoyar la muerte cruzada que realizara la Asamblea Nacional el año pasado; las consecuencias de tal decisión significaron la fuerte caída electoral del PSC. De no ser por el apoyo del PSC, hoy en día el pueblo ecuatoriano ya hubiera cambiado de gobierno.
Siempre he estado en contra del neoliberalismo. He participado de las movilizaciones, dentro de cuyas consignas estaban también “fuera Bucaram”, “fuera Mahuad”, “fuera Gutiérrez” y “fuera Lasso”, incluso llegamos afirmar en los años 2000 y 2004 “que se vayan todos”. En estas movilizaciones participaron también los movimientos indígenas, las organizaciones sindicales, universidades, entre otros. Creo que todos y todas rechazamos rotundamente el que se nos catalogue como responsables de golpismos. La democracia en nuestro país ha estado más en las calles que en la institucionalidad estatal. Sin las movilizaciones no se respetarían los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Las falencias institucionales de una falsa democracia fueron las principales causales que impedían justificar legalmente las caídas gubernamentales que he mencionado. Los procedimientos de destitución pudieron estar fuera de los dictámenes constitucionales, pero no la voluntad popular y ciudadana. Preguntémonos ¿Qué hubiera pasado si esos presidentes impopulares no caían? Sin duda la democracia era la que más perdía. Vale recordar que las jornadas de abril de 2005 fueron apoyadas por personalidades como Alberto Acosta, Paco Velazco, Rafael Correa -quien fuera ministro de economía en el gobierno de Palacios, que asumiera la presidencia luego de la caída de Gutiérrez-. Todos estos líderes incidieron en la formaron de “Movimiento País”. Sin las gestas en la calle no se hubiera podido crear un proceso ciudadano que deviniera en un nuevo gobierno y en la Constitución de 2008, con la que se clarificaron los procedimientos para articular jurídicamente la legitimidad de la protesta social y la institucionalidad estatal.
Hoy debemos nuevamente estar en vigilia, para evitar que nuestros preceptos constitucionales sean violentados y que nuestra economía e institucionalidad estatal no termine de una vez por todas. Las áreas estratégicas del Estado son bienes públicos intocables, así como el IESS. Es preciso recordar al régimen que cualquier intento de privatización de estos traerá como consecuencia multitudinarias movilizaciones. Las Fuerzas Armadas no han reproducido las nefastas acciones de represión acontecidas en la década del 70 en los países del Cono Sur. Más recientemente, tampoco han replicado lo sucedido durante el uribismo en Colombia. Esperemos que la decencia se mantenga y se diferencien substancialmente de lo que está pasando en Perú. Si sucediera lo más nefasto, recordemos que el pueblo unido jamás será vencido.