Por Luis Herrera Montero
Hace poco había mencionado que el gobierno de Lasso constituye un claro continuismo del gobierno de Moreno. Hoy ratifico esa afirmación, pero la complemento sosteniendo que el continuismo fue perfeccionado a pesar de que su fuerza es menor en representación, si la comparamos con la que Moreno tenía al virar a Alianza País como una organización de espíritu oligárquico. Con menos asambleístas y sin mayor maniobra, Lasso ha logrado imponer una ley tributaria de contenidos perjudiciales para la clase media y sectores populares. En términos de pragmatismo político, el gobierno actual institucionaliza una propuesta por el ministerio de la ley, que tuvo apoyo minoritario de la Asamblea Nacional y que fuera impuesta a causa de un reiterado error en las fuerzas de izquierda y centroizquierda, al no concretar acuerdos unitarios; el problema de la división volvió a ser la tónica del funcionamiento político de contra hegemonía.
Expertos en materia de análisis económico, con vocaciones ideológicas vinculadas a movimientos sociales y al progresismo, han demostrado que el porcentaje de contribución de sectores que perciben ingresos salariales entre 2000 y 2500 dólares por mes, en relación al pago del impuesto a la renta, se ha incrementado en más del 300%, mientras que quienes superan los 10000 dólares mensuales se ven afectados con apenas el 26% como monto tope. De este modo, la inequidad se la impone reiteradamente en su máxima expresión y significado, que además del fuerte perjuicio que generan a economías poco solventes, los recursos recaudados no ingresan al presupuesto fiscal, sino que se los coloca en la reserva internacional. No fue suficiente tener denuncias públicas sobre paraísos fiscales y empresas offshore, sino que incluso se estaría legalizando un perjuicio a los ingresos estatales, que están claramente establecidos en la norma Constitucional.
La falta de claridad política y los nefastos vanguardismos de izquierdas inmaduras, nuevamente han beneficiado a sectores oligárquicos en lo económico y políticamente alineados con el autoritarismo neoliberal. Se acaba de institucionalizar una desastrosa ley, que ya se encuentra en el respectivo Registro Oficial. Entonces apelar a su inconstitucionalidad es el camino urgente a tomar, ante un error y desubicación política con altísimos impactos sociales en plazos inmediatos. Nos vemos así obligados a esperar que la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional nos sea favorable, lo cual deja el tema aún en incertidumbre. Claro, no podemos descuidar las propuestas de derogatoria, acompañadas de la protesta y movilizaciones pacíficas del pueblo ecuatoriano, como derecho constitucional, para exigir democráticamente que el ejecutivo no vete dicha derogatoria a antojo.
Que el neoliberalismo gane terreno político es inadmisible, más cuando no lo consiguen por méritos propios, sino por torpeza de la oposición. Es una pena tener que recordar tiempos en los cuales las derechas ganaban procesos electorales por la simple incapacidad del centro izquierda e izquierdas para acordar estrategias y planes de conjunto. Si se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo, las elecciones en los 90 hubieran tenido otro decantar político, si la centro izquierda e izquierda se unificaban, pues el paso a segundas vueltas estaba garantizado y quien sabe incluso triunfos electorales definitivos durante toda la década. Lastimosamente se prefirieron prácticas sectarias y vanguardistas, haciendo inútiles los intentos por evitar crisis de gobernabilidad con impactos graves en términos económicos y financieros para el pueblo. Dicha historia se ha reproducido desde el 2017. Confiemos en la posibilidad de superar sectarismos que han hecho y hacen juego a gobiernos neoliberales, pues sería un comportamiento criticable e indolente permitir que oligarquías retomen el control político por más de una década, como sucediera en los 90.
Muchos podrían acusarme de formular sugerencias reiterativas. Lo siento, pero en veces es necesario repetir una y otra vez temas que no se asumen como se debería y en sintonía con la cruda realidad. He propuesto, como lo han realizado otros colegas y sectores políticos, la necesidad de construir un frente antineoliberal. Lo curioso estaría en que dicha necesidad no se concrete por irresponsabilidad del sectarismo mencionado, más que por habilidad e iniciativa de las derechas y del conservadurismo nacional. Así en abril 11 de 2021, muchos no autodefinidos en la derecha prefirieron sufragar por Lasso en la segunda vuelta y otros anularon sus votos, permitiendo que el neoliberalismo tome posesión de la presidencia. Últimamente, en una lógica también muy cuestionable, se planteó una alianza con el PSC y CREO, que no fructificó por decisión oligárquica del neoliberalismo más férreo del país. En una actitud similar, se evitó que la última propuesta económica y tributaria se archive, dejándonos en la vulnerabilidad más absurda ante su instauración por el ministerio de la ley. Entonces procede generar las correspondientes soluciones ¿Cómo hacerlo sin un frente unitario antineoliberal? No solo progresista, sino de aglutinación nacional también con los movimientos sociales ¿Será posible o dejamos que la derecha neoliberal siga imponiéndose?