Por Sonia Vera

Las organizaciones de ecuatorianos en Europa se han sumado a la denuncia de la sistemática violación de los DDHH en Ecuador, además de la persecución política.

Ecuatorianos residentes en Europa y europarlamentarios del Grupo Left se unen a la denuncia presentada ante el Europarlamento por las organizaciones de Derechos Humanos Norwegian Forum for Democracy and Rights in Ecuador NOFEC (Noruega), Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana CEDE (España) y Gesellschaft für MenschenReschte Amnestie und Chancengleicheit Internationale Aktionen GRACIA (Alemania),  por la sistemática y reiterada violación de Derechos Humanos en Ecuador, y solicitan la activación de la cláusula de solución de controversias del Acuerdo Comercial de los Países Andinos y la Unión Europea por incumplimiento de la cláusula democrática.

Desde Europa varias organizaciones sociales y la ciudadanía en general denunciaron la grave situación de violación sistemática y reiterada de los Derechos Humanos (DDHH) que acontece en la República del Ecuador en los que incluye masacres extrajudiciales en las cárceles y además presos y perseguidos políticos.

Por tal manera exhortan a la Unión Europea a que se active la clausula de solución de conflictos para que se revise el incumplimiento y violación de la cláusula democrática del acuerdo Comercial firmado por Ecuador y la Unión Europea.

Dentro de los principios generales sobre los cuales se sustenta el Acuerdo Comercial que ratificó Ecuador en el 2016 y que entró en vigor el 1 de enero del 2017, se encuentra la “Cláusula Democrática” que establece que el respeto de los principios democráticos y los Derechos Humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los principios que sustentan el Estado de Derecho, constituye un elemento esencial del Acuerdo.

Un elemento esencial del Acuerdo, significa que en caso de violación del régimen democrático o de los Derechos Humanos (DDHH) por una de las partes, cualquiera de las otras partes, sin perjuicio de los mecanismos existentes entre ellas sobre diálogo político, podrá adoptar en forma inmediata medidas apropiadas de conformidad con el derecho internacional, que podría incluir la suspensión e inclusive la denuncia del Acuerdo.

Los ecuatorianos residentes en Europa exigen que el Estado ecuatoriano acoja los pronunciamientos de los organismos internacionales como la CIDH y la ONU, y que garantice los Derechos Humanos (DDHH) de todos sus ciudadanos sin distinción alguna.

Asimismo, piden a las instituciones internacionales estar alertas ante la persecución en contra de opositores políticos, periodistas y dirigentes sociales e indígenas. Además del preocupante estado de salud del preso político Jorge Glas que tanto CIDH le ha otorgado medidas cautelares y el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU le ha solicitado al Estado ecuatoriano lo deje en libertad.

Al respecto, la única vía que existe para precautelar los Derechos Humanos de Jorge  Glas, es que el Estado de conformidad a lo que establece en los artículos 35 de la Codificación del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y 38 y 39 del Reglamento de la Codificación el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social vigentes a la fecha del Código Penal aplicado, y dado que Jorge Glas cumple con todos los requisitos, esto es, ya que ya cumplió las dos quintas partes de su sentencia, debería acogerse a los beneficios penitenciarios de pena única y prelibertad, bajo los principios indubio pro reo, favorabilidad y ultractividad de la ley.

Cabe señalar que el Estado debió hacerlo de oficio hace más de once meses. Esto es una muestra más de la persecución política que sufre Jorge Glas y del desinterés del Estado ecuatoriano de dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana.

La intención de las organizaciones de ecuatorianos es hacer la entrega oficialmente de la denuncia en todos los parlamentos nacionales de los países que forman la Unión Europea.

En ese contexto, el pasado 26  de octubre se hizo una marcha multitudinaria en Madrid, donde se contó con la asistencia de organizaciones sociales de ecuatorianos y latinoamericanos, así como de los congresistas  Txema Gijarro, Gerardo Pisarrello, María Dantas y el senador Josep Rufá, quienes se comprometieron a unar esfuerzos en dicha denuncia. Dicho evento será replicado próximamente en Génova el 30 de octubre y Berlín el 31.

Tomado de elestado.net

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