Por Luis Herrera Montero
Las noticias sobre la situación económica del pueblo ecuatoriano, la crisis penitenciaria y los Pandora Papers, dejan en claro un cuestionable retorno a los decadentes tiempos neoliberales, que recuerdan a la ciudadanía los paquetazos económicos y la desinstitucionalización del rol social del Estado. Un indiscutible retroceso a lo que el país viviera en las décadas de hegemonía antipopular. De ahí que la afirmación de continuismo no está para nada desacertada, además de constituir la causa principal de desaprobación gubernamental e ingobernabilidad en franco ascenso.
El gobierno de Lasso, ajeno a sintonizar con las vivencias y necesidades sociales, sobre todo de los sectores más pobres, continua por el sendero que impone el capital financiero de Ecuador, responsable directo de las catástrofes más crueles para el pueblo ecuatoriano, como las quiebras bancarias y el respectivo feriado. Moreno nos reintrodujo en la lógica fondomonetarista. Y hoy Lasso, a quien la ciudadanía identifica con el feriado bancario del gobierno de Mahuad, mantiene dicha lógica e insiste en colocar los precios de los combustibles en la dinámica de libre mercado internacional; factor que provoca procesualmente constantes incrementos. Debe, por tanto, reconocerse como meritoria la reciente censura de la Asamblea Nacional a Rene Ortiz, exministro de energía, por su irresponsabilidad en cuanto a la elevación ilegal de los valores de los combustibles y de la luz eléctrica.
Para contextualizar el continuismo que expongo, es oportuno a su vez recordar que en el mes de octubre de 2019 se gestaron procesos multitudinarios de movilización, que evidenciaron el alto desgaste del gobierno de Moreno y su incomprensión en relación a que la mayoría del pueblo ecuatoriano estaba de lado de la movilización popular, en abierto respaldo a la derogación del decreto 883, con el que se pretendía eliminar el subsidio a los combustibles. Entonces es reprochable que hoy se replique los desaciertos del anterior gobierno. Como parte de este concierto de continuismo, que María Paula Romo, Pablo Lucio Paredes, Augusto de la Torre y otros individuos de las derechas reaccionarias del país, hayan participado en el evento “Consenso de Cusin”, a nombre de la sociedad civil que les repudia, es de lo más preocupante, por ser un escenario que insiste en el diálogo demagógico y en manifestaciones de autoritarismo, reproduciendo como consecuencia solamente ingobernabilidad.
En términos socio-cotidianos, la delincuencia organizada y la narco economía se están incrementando. Parecería que el problema está delimitado al sistema carcelario, cuando se sabe que la red de crimen está incidiendo en ámbitos urbanos y rurales. Una prueba de lo mencionado fue el reciente fallecimiento del velocista olímpico Alex Quiñónez, hecho que produjera dolor a nivel nacional. Si evaluamos que hace poco el presidente emitiera una declaratoria de Estado de Excepción a causa de la crisis del sistema penitenciario, medida que hasta el momento no ha demostrado efectividad, pues en estos días se ha informado acerca de personas ahorcadas, debido a supuestos actos suicidas en la Penitenciaría del Litoral. En la misma tónica informativa, recientemente se produjo también una nueva balacera en el mismo escenario carcelario. Entonces la inquietud ciudadana recae nuevamente en sospechas en cuanto a que la medida de excepción fue decidida más bien para crear un ambiente de presión y así aprobar aceleradamente dos leyes, en materia laboral y tributaria, bajo el justificativo de un contexto de Estado de Excepción. En México y Colombia declaratorias de guerra al narco terrorismo han sido más bien contraproducentes tanto en términos de violencia paramilitar y sicariato organizado, como en la producción de narcóticos. Dicha experiencia debe servir de antecedente para un proceder que no reitere en graves errores sobre la problemática. Ante la crisis mencionada, el actual gobierno y su predecesor han demostrado incapacidad para tratar el tema, por afectar peligrosamente la institucionalidad estatal y su papel en materia de rehabilitación social.
Recordemos además que durante todo el gobierno morenista, sectores políticos de la Revolución Ciudadana insistieron en la gravedad de los INA Papers, a través de los cuales se involucraba al hermano del presidente Moreno. Hoy la situación parece también reproducirse, luego de la investigación realizada por más de 300 periodistas a nivel mundial, que involucraba a líderes políticos y funcionarios públicos en la ilegalidad de los Pandora Papers o paraísos fiscales, dentro de los cuales se mencionaba a Guillermo Lasso. En este específico punto, es necesario adicionar noticias publicadas en diario El Comercio, donde se menciona que la asambleísta Mónica Palacios (UNES) presentó documentación ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, precisando que Lasso hizo transferencias de inversiones a sus hijos, el 19 de octubre de 2020, mediante una nueva empresa offshore, de nombre Banisi International Foundation, incurriendo además en delitos de perjurio e incumplimiento de la ley de Pacto Ético, aprobada en la última consulta popular. Por su parte el asambleísta Salvador Quizhpe (Pachakutik) manifestó, ante la misma Comisión, la existencia de un informe de auditores independientes, realizado en mismo 2020, que devela acciones del presidente Lasso en Banisi Bank, también de Panamá. A todo esto, debe agregarse la noticia, tomada de Diario El Mercurio, de un medio español, que responsabiliza al hijo del presidente Lasso por la adquisición de un yate, a través una empresa fantasma, en un valor aproximado al medio millón de dólares
Ante el evidente contexto de continuismo gubernamental, resulta definitiva la necesidad de enfatizar que Ecuador requiere de la unidad nacional para oponerse a un gobierno de las características descritas. Por tanto, es alentador que diversas organizaciones sociales apoyen movilizaciones y protestas pacíficas, como derecho constitucional, que apunten al gobierno y su necio accionar en cuanto a la elevación de los precios de los combustibles, que sin duda implican procesos inflacionarios principalmente de los productos de primera necesidad. En la misma dirección continuista, difundir calificativos que confunden a la población que legítimamente protesta, en hechos delictivos y de afectación al patrimonio nacional, denota una falta total de sentido y perspectiva democrática, develándose más bien una vocación oligárquica a más de autoritaria. Es así que para la ciudadanía del país sea contradictorio que la función policial haya demostrado ser muy efectiva el momento de reprimir el ejercicio de los derechos políticos de los manifestantes, en comparación con la nula acción para controlar los asesinatos en el sistema penitenciario. Líderes sociales han reclamado con mucha indignación el apresamiento y violencia en contra de la población movilizada. Obviamente, las exigencias de liberación inmediata de conciudadanos, durante las protestas en estos días, son actos de justicia. En definitiva, todo indica que ANDRÉS NO MINTIÓ OTRA VEZ