Augusto Verduga Sánchez
En el Ecuador cuántico de tiempos invertidos la estrategia Lawfare avanza rauda. Si el proceso penal seguido en contra del exvicepresidente Glas sirvió como cortina de humo para la apropiación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y todas las autoridades de control por parte de las élites antinacionales, hoy la persecución política del expresidente Rafael Correa pretende desplazar del debate público a la nueva “Ley del Reparto” o “Trole 3”, denominada eufemísticamente “Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, un cuerpo normativo que implementa el más grande episodio de corrupción institucionalizada de nuestra historia: la condonación de multas e intereses al Fisco (al que se le adeuda actualmente alrededor de 4,379 millones de dólares) para los grupos económicos más poderosos del Ecuador, campeones regionales en evasión y elusión fiscal.
Una de las piezas claves en la implementación de la estrategia Lawfare (caso Ecuador) es, sin duda, Pablo Celi, quien funge como Contralor del Estado “encargado” luego de que literalmente rompiera el documento en el que se le notificaba que había sido destituido, y actualmente uno de los funcionarios más engreídos del gobierno de turno, por su capacidad para supuestamente forjar glosas e informes a carta abierta. Hace pocos meses, en una manifiesta arrogación de funciones, Celi emitió un examen con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa por un aparente “sobreendeudamiento”. La noticia, por supuesto, tuvo inmediato revuelo en los titulares de las corporaciones mediáticas, pero poco se supo sobre los alegres argumentos esgrimidos por Celi para señalar dichos indicios, o, peor aún, las razones por las cuales luego de poco tiempo dicho caso quedó “archivado” por el gobierno actual y no recibió “sentencia condenatoria” en los titulares de los mass media.
Pues bien, valga recordar que en el examen de Celi jamás se cuestionó el procedimiento de contratación de deuda del gobierno anterior, sino más bien el haber creado una “legislación permisiva” que, más allá de lo que estableciera el manual del Fondo Monetario Internacional, aprobó el tan difundido “sobreendeudamiento”. A pesar de que en el menudo informe de la Contraloría nunca se estableció la existencia de un perjuicio económico para el Estado (léase, responsabilidad civil) lo cierto es que aún en el caso de que tal cosa hubiera existido, la acusación de una presunta comisión de peculado no tenía ningún asidero legal, pues el tipo penal de peculado implica siempre la distracción de fondos del Estado (v.gr. utilizar el dinero para hacer una fiesta), que no es lo mismo que malversación de fondos, lo cual supone utilizar el dinero para un destino distinto al que por ley le corresponde. Solo el primero de éstos es constitutivo de responsabilidad penal.
Por lo demás, el cálculo de Celi era absolutamente fachoso: determinaba la existencia de una “crisis financiera” incluyendo en el cálculo de la deuda las transacciones operadas al interior del propio sector público, lo cual equivalía a medir la capacidad de pago de una familia contabilizando el dinero que se prestan los propios familiares entre sí. Pocas semanas más tarde, el gobierno se vio obligado a abandonar esa insulsa táctica de persecución cuando las cuentas no le cuadraron: se percató de que el verdadero sobreendeudamiento se estaba verificando en el propio gobierno de Lenín Moreno, con una deuda consolidada que bordeaba el 52% del Producto Interno Bruto, muy por encima del límite de 40% establecido en el Art. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Fue entonces cuando las oligarquías antinacionales comenzaron a ensayar otro curso de acción y la estrategia lawfare fue a parar en el ‘caso Balda’, vinculando al expresidente Correa en un hipotético delito de secuestro contra un ex asambleísta que se encontraba prófugo de la justicia en Colombia, dedicado, al parecer, a la comercialización ilícita de equipos de espionaje. Y las similitudes con la persecución contra Glas -la designación de funcionarios serviles a los intereses de las oligarquías dispuestos a violar las garantías básicas del debido proceso- se hacen cada vez más ostensibles. La figura de la cooperación eficaz, aquella a través de la cual el ex Fiscal Carlos Baca Mancheno sobreseyó al corrupto confeso del caso Odebrecht, José Conceiçao Santos, con la condición de que declare en contra del exvicepresidente de la República, es la misma que aplica ahora el flamante Fiscal General Paúl Pérez Reina, designado a dedo por el Consejo de Participación Transitorio, a fin de “justificar” la reunión que mantuvo a puerta cerrada con uno de los presuntos autores materiales en el caso Balda, Raúl Chicaiza.
Como era de esperarse, el agente Chicaiza escupió aquella “verdad” construida en la mismísima oficina de mencionado Fiscal tan solo un día antes de que aquel rinda su declaración de los hechos: Quien le dio el visto bueno para secuestrar a Fernando Balda fue el expresidente Correa, con quien se comunicó personalmente por dos ocasiones, antes y después de la “operación”, y quien le habría ofrecido apoyo institucional, económico y político. Con seguridad, tal y como ocurrió en el caso Glas, en el que no importó que uno de los peritos haya desestimado una de las pruebas materiales por no contar con la debida cadena de custodia, en el curso de este proceso penal no importará que el propio Chicaiza haya afirmado que botó el chip con el que habría recibido las tan delicadas “llamadas” de Rafael Correa y que, en consecuencia, no se pueda valorar dicho testimonio con una prueba material que lo respalde, como manda la ley. No importará tampoco la comprobación de que los cheques que sirvieron para financiar la supuesta “operación secuestro” no hayan venido de la Presidencia de la República, como se informó inicialmente, ni que las “cartas” dirigidas al ex mandatario no provean de algún hilo conductor para probar la “cadena de mando” tantas veces aludida. A estas alturas, la única verdad que valdrá es aquella que necesitan las oligarquías antinacionales del Ecuador para satisfacer su sed de venganza reprimida durante más de una década.