Según la Real Academia de la Lengua un eufemismo es “una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante”. Es decir, un eufemismo intenta edulcorar o suavizar la cruda realidad. Esto es lo que hace el Presidente Lenín Moreno y sus “Ministers” en cada una de las alocuciones públicas en los diferentes medios de comunicación, autodenominados, “libres e independientes”.
Uno de los eufemismos más utilizados, para justificar y abanderar las acciones gubernamentales, es el de la “descorreización” del país. A pretexto de semejante dislate político y discursivo se fueron en contra de toda la normativa constitucional a tal punto que entregaron el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a sus “amiguis” para que estos, a su vez, repartieran las instituciones de control a sus adláteres. Así se nombró a una Fiscal General del Estado que obtuvo 10/20 en una de las fases del “concurso”. Entregaron el Consejo Nacional Electoral a sectores políticos y académicos que ahora se desviven, en rencillas internas, por el control institucional de esta función del Estado. También nombraron como Superintendente del Poder del Mercado a un colaborador del “Súper Ministers” de Telecomunicaciones y a otro de sus compadres para que regente la Arcotel que está a cargo del “Concurso de Frecuencias”.
Mientras tanto, se hicieron de la vista gorda con el cuestionado “nombramiento” de Pablo Celi que, a vista y paciencia de todo mundo, decidió romper, el 7 de junio de 2017, el documento oficial que lo removía del cargo como Contralor Subrogante. Para consumar toda esta malhadada jugada política se nombró una Corte Constitucional de “lujo”, a la medida, para que blinde todo el accionar espurio del Gobierno de Moreno y de los Consejeros Transitorios.
De igual forma, en estos tres años de administración morenista, el eufemismo de la “cirugía mayor a la corrupción” no llegó, ni de lejos, a ser una intervención de primeros auxilios. Tanto así que en plena pandemia del covid-19 se destapó la propagación del virus de la corrupción en el sistema de salud. Por ejemplo, solo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil se han revisado más de 600 contratos firmados en la emergencia sanitaria, donde se invirtieron 50 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos, de los cuales, 30 millones de dólares se fueron en sobreprecios. A pesar que las autoridades conocían de varias denuncias de las irregularidades en la adquisición de medicinas en esa casa de salud, no hicieron absolutamente nada por combatir y frenar la corrupción.
Otro de los eufemismos más nocivos que utiliza el Ejecutivo es el de mantener el equilibrio fiscal para implementar una serie de medidas que benefician a las élites económicas y a los empresarios, dejando en la indefensión a los trabajadores. A pretexto de ese cuento se flexibilizó la contratación laboral, se estableció la disminución de horas de trabajo y por ende la reducción salarial a los empleados públicos y privados precarizando el trabajo. En el fondo, están aplicando la carta de intención dictada por el Fondo Monetario Internacional, que no se pudo ejecutar en octubre del 2019 porque el movimiento indígena, con el respaldo de varias organizaciones sociales y estudiantiles, salió a las calles para obligar al Presidente Moreno a que recule en sus decisiones.
En esa misma línea, el Ejecutivo planteó la reducción del gasto público, según el discurso oficial, para tener un Estado más eficiente y menos obeso. De ahí que anunciaron, con bombos y platillos, la eliminación y fusión de ocho empresas e instituciones estatales, entre esas la de los Ferrocarriles, Tame, Correos del Ecuador y Medios Públicos, dejando sin empleo a cerca de cinco mil trabajadores, los mismos que se suman a los cinco millones de personas que se encuentran en la informalidad y el desempleo.
Pero eso no queda ahí, a la par que se desmantelan esas instituciones, se desprestigia la administración estatal, para venderlas a precio de gallina enferma. Este mecanismo fue utilizado por varios gobiernos de América Latina en los años 90, cuando el neoliberalismo intentaba imponerse de forma irracional en la región. En su momento, el pueblo latinoamericano levantó su voz de protesta y no permitió que se consume el entreguismo. No obstante, hoy, en Ecuador, estamos a un paso de que se ejecute la privatización de las empresas públicas a pretexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, para esconder la nefasta administración de la cosa pública por parte de Moreno y sus “Ministers”.
Con esa misma consigna, el ministro de Energía, René Ortiz, sin ruborizarse, habla de la creación de una “banda” de precios de los combustibles, otro eufemismo que es repetido al unísono por el Presidente Moreno, el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo y el Secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, intentando ocultar, con sus tediosos discursos, la verdadera trampa que hay detrás de esos cantos de sirena.
Esta brillante idea, novísima creación del Gobierno de la ternura, no es otra cosa que la eliminación de subsidios a través de la liberalización de los precios de los combustibles de acuerdo a la oferta y la demanda internacional. Pero ¿Qué pasará en unas semanas, o meses cuando los precios del oro negro se incrementen? Sin duda alguna que ahí se sentirán los efectos de la nefasta decisión que hoy se aplaude.
Y para colmo, en estos últimos días, nuevamente se habla de otro nefasto eufemismo, la defensa de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que se defiende es a los empresarios de la comunicación. Nada, o muy poco, se dice de los periodistas que son despedidos de los diferentes medios públicos y privados que no reciben sus salarios y liquidaciones que les corresponde por ley. Tampoco se habla de los intentos gubernamentales por callar a varios portales digitales críticos de esta administración. Mientras que se premia a periodistas y medios de comunicación afines al discurso oficial, con jugosas pautas. A eso se suma el mal llamado “concurso de frecuencias” que no es otra cosa que la renovación automática de los títulos habilitantes de los ya conocidos medios de comunicación que seguirán en manos de los mismos grupos de poder.
Lamentablemente no habrá una democratización del espectro radioeléctrico. Con esto el Gobierno de Moreno se asegura que los eufemismos utilizados por él y sus “Ministers” sigan siendo reproducidos y posicionados, sin el menor cuestionamiento, por parte de las cajas de resonancia mediáticas de nuestro país que se beneficiarán de la renovación automática de las frecuencias.