Jorge González
El Plan Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva presentado por el Presidente Moreno se compone de 4 ejes y 14 medidas y acciones. En lo político opera un aparente viraje en el modelo económico que tuvo al Estado como centro y motor del crecimiento económico, sesgo ejecutado/iniciado por su antecesor, algo similar constituye la reducción del tamaño del Estado que ofrece. Sin embargo, la reducción o recorte del sector público no fue aclarada como tampoco señala un proceso de rendición de cuentas del mismo.
El anuncio soterradamente se enanca en los objetivos de la política económica que constan en los textos de economía: equilibrio en la balanza de pagos, pleno empleo y eficiencia distributiva, destacando la oferta de lograr equilibrios macroeconómicos y reducir el déficit fiscal de 5,64% a 2,47% en 2021. Anuncia el interés de exportar más, atraer inversiones, pero no señala cómo y tampoco la posibilidad de firmar acuerdos comerciales.
Alardea con la oferta de recaudación tributaria de $ 800 millones para este año, la cual se estrella con la promesa de recoger $1.600 millones este mismo año con una amnistía tributaria a las empresas: pequeñas, medianas y grandes. Es decir, incentiva la elusión y evasión tributaria. También entrega a los empresarios como trofeo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Entonces la declaración de construir “un sistema tributario eficiente y simplificado” queda en el aire, pero confirma la aplicación de techos arancelarios, tal cual ejecutó en su momento su antecesor.
En cuanto al financiamiento público plantea la optimización de los contratos petroleros y los de preventa y la renegociación de la deuda. En este campo no aparece de manera alguna: renegociación ni reperfilamiento, más bien se enreda en la expresión “mejores condiciones de tiempo y costos de nuestra deuda”, para comunicar que el endeudamiento seguirá y que lo hará con gobiernos, organismos multilaterales y bancos, al tiempo de anunciar un Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal el cual según da a entender, estará enmarcado en la reforma al problema legal del tope constitucional del 40% del PIB que tiene el gobierno con la deuda pública que, como se sabe, ha sido ampliamente superado por el actual gobierno, la cual en menos de 12 meses de gestión de Moreno suma $7.500 millones adicionales, con plazos mayores a los logrados durante la gestión de ex mandatario Correa, cifra que supera con creces a los $7.000 millones que en algo más de 5 años se endeudara el país en el régimen anterior.
Lo laboral se basa en la implementación de nuevas modalidades de contrato, anuncio que da a entender dará lugar a un agresivo proceso de flexibilización laboral, oferta que no cuaja con los objetivos del Plan referidos a la mejora de productividad, inexplicada al señalar como uno de los objetivos de superar el modelo de crecimiento con endeudamiento y consumo.
Los anuncios de uno de sus secretarios respeto de la salud del IESS no fueron considerados, sobre el cual no hablo, es decir no habría tal crisis en la citada institución.
Plantea atraer inversiones por montos superiores a los $7.000 millones basados en alianzas público/privadas que no es más que poner a operar la ley y beneficios creados por su antecesor.
El Plan pretende buenas intenciones pero no logra alejar el fantasma que el mismo creara respecto de endeudamiento excesivo, dinámica a la cual adscribe, en tanto el tema de incremento de recaudaciones tributarias bajo la figura de amnistía, deja al descubierto debilidades y nula pro acción en dicho campo, al igual que la decantada reducción del aparato público que no pasa de ser una declaración. Es decir, que el cambio de modelo ofertado se estanca en una serie de vericuetos que tienen como eje tratar de aparecer como reformista cuando lo único que debe reformar es el equipo de trabajo y el Plan propuesto.