Por Daniel Kersffeld
La reforma constitucional que se votará en Chile el próximo 4 de septiembre alcanzó un relieve internacional como tal vez no se llegó a prever en los prolegómenos de la convocatoria para la convención constituyente, todavía durante los conflictivos días del decadente gobierno de Sebastián Piñera.
En este sentido, la elaboración de un nuevo marco legal y normativo para reemplazar a la Constitución de 1980 como una expresión transparente de la dictadura pinochetista; las nuevas propuestas emanadas de movimientos sociales y de partidos políticos también novedosos en un cambiante escenario político y, sobre todo, el conjunto de medidas que, al menos desde lo simbólico, apuestan por doblegar al neoliberalismo justo en el país en el que primero se aplicó este modelo, son elementos que han generado una atención especial no solo en Chile y América Latina.
Fue así, como desde hace algunos meses, varias de las publicaciones de mayor circulación internacional se hicieron eco de los debates y conflictos que actualmente rasgan la política chilena. Medios de divulgación masiva y generación de opinión, como Time y Newsweek, o revistas de perfil académico como Foreign Policy, han publicado distintos análisis sobre la nueva propuesta constitucional, generalmente, con un carácter negativo.
Por supuesto, esta visión crítica no es ingenua y revela los límites que una reforma de estas características puede asumir para los países centrales, con economías cada vez más complejas, aunque sin el nivel de conflictividad interna ni la disparidad social propia de la realidad latinoamericana.
Un factor que sin duda se destaca dentro de la campaña global contra la aprobación de la reforma constitucional chilena, fue el elaborado desde la revista británica The Economist, desde su fundación, hace ya cerca de 180 años, uno de los más relevantes voceros del credo liberal y, por lo mismo, uno de los principales impulsores de la libertad de empresa y del libre mercado en Gran Bretaña, pero también en cualquier lugar del mundo.
Con estos antecedentes, resulta claro que cualquier artículo o editorial publicado por este medio de amplia difusión excede a la simple opinión de un periodista o un especialista. Simples textos de opinión se transforman así, automáticamente, en un juicio de valor en torno a premisas ideológicas sustentadas por un establishment internacional defensor a ultranza del libre mercado, pero al mismo tiempo, refractario a cualquier iniciativa que ponga en cuestión (o que apenas contradiga) los ejes centrales del mercado y del sistema liberal.
Así, el pasado 19 de marzo se publicó el texto titulado “Chile’s new president won from the left. Can he govern like that?” (“El nuevo presidente de Chile ganó desde la izquierda. puede gobernar así?”). Allí, si bien reconocen las ventajas puntuales del nuevo gobierno de Gabriel Boric, al mismo tiempo se resaltaba el temor de que el texto constitucional que se estaba elaborando derivara en “un documento impracticable, utópico y anticapitalista”.
Una vez corroborados sus peores miedos, el histórico medio londinense publicó otro editorial el pasado 6 de julio con el título “Voters Should Reject Chile’s New Draft Constitution” (“Los votantes deberían rechazar el nuevo borrador de la Constitución de Chile”).
En dicho artículo no sólo se defenestra la actual propuesta constitucional, sino que al mismo tiempo se reivindica la Carta Magna aprobada en 1980, en plena dictadura militar, ya que, si bien no es “perfecta”, en cambio, se trata de “un modelo de claridad” que ha permitido “gobernar” a los distintos mandatarios desde Pinochet en adelante.
Sin profundizar en un conjunto de falsedades (por ejemplo, con relación a la nacionalización de los recursos naturales o a los derechos de propiedad sobre el agua en el caso de agricultores y terratenientes), el artículo está construido a partir de una mirada nostálgica sobre la herencia de la dictadura de Pinochet, que buena parte de la sociedad chilena está buscando dejar en el pasado.
Para The Economist, la nueva Constitución, “es absurdamente larga, con 388 artículos”, cuya revisión resulta compleja por un “lenguaje impreciso” que, además, puede resultar en un “confuso embrollo” para el lector. Y desde un punto de vista ideológico, no duda en plantear que “también es fiscalmente irresponsable y a veces revirada”.
Con todo, The Economist (de orientación liberal al fin y al cabo) no deja de reconocer los importantes avances sociales, culturales y económicos orientados a aquellos sectores de la población que más han sufrido el embate neoliberal de los últimos años. En este sentido, uno de los puntos a favor es el de la defensa de la identidad y de la educación en su propia lengua de las comunidades indígenas, históricamente relegadas en la sociedad chilena.
Sin embargo, el énfasis del editorial es claro cuando señala que la aplicación de la nueva Carta Magna afectará al empresariado nacional, restringiendo su libertad de acción, e incidiendo de este modo en el crecimiento económico del país.
De igual modo, la propuesta a favor de condiciones laborales adecuadas sustentadas en la actividad sindical y, más aún, el rechazo hacia las distintas formas de “precariedad laboral” tan comunes en este capitalismo tardío y periférico, merecen comentarios críticos por su negativa influencia en aquellos sectores que supuestamente son los de mayor dinamismo en la economía chilena.
Con todo, y “como una imagen vale mil palabras”, el análisis de The Economist sobre la propuesta de la reforma constitucional chilena puede ser sintetizada a partir de la ilustración que acompaña al artículo en cuestión. Allí la Constitución chilena (la actual o la futura) es identificada simplemente con un rollo de papel higiénico de cuyo extremo cuelga un distintivo que certifica su condición de documento oficial…
Frente al desgaste de la derecha y de la oposición en Chile, una vez más, ha salido en su respaldo el establishment del Reino Unido, justamente, para dejar en claro que la alianza que en el pasado sustentó a los gobiernos en Augusto Pinochet en Santiago y de Margaret Thatcher en Londres, sigue hoy vigente., Más aún, cuando se trata de construir un frente en común ante el avance de propuestas innovadoras y de fórmulas superadoras.
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