I. Las candidaturas alineadas en una escena política inestable
Las elecciones son mecanismos de trasmisión del mando, generalmente, entre sectores de los mismos grupos estatales. Son instrumentos de “rotación de las élites” políticas, de las oligarquías gobernantes. Pero, cuando la Presidencia la conquista un/a candidato/a no perteneciente a esas clases gobernantes –como sucedió exactamente hace 50 años en Chile con la victoria del socialista Salvador Allende–, entonces se abre la posibilidad de tener un cambio progresista en la sociedad. Lo es porque ello significa que sectores antes marginados del poder tendrán acceso al poder político para tomar decisiones sobre todo tipo de políticas públicas –internas e internacionales– que favorezcan a amplios sectores populares antes no beneficiados. En eso consiste estar en el cauce del progresismo político. Por lo acontecido luego en Chile, sabemos que el imperio recurre a todos los crímenes posibles para mantener a Nuestra América en el fangal de “su” patio trasero.
Hoy, en Ecuador existe un escenario muy disímil al de Chile de entonces, y en donde cabe esperar, una polarización –pero aún no definida en la escena– entre neoliberalismo y progresismo (mediada y dependiendo del contenido de la II Vuelta Electoral), y en donde, de modo formal se han presentado, hasta el momento, 16 candidaturas presidenciales ante el CNE: 15 hombres y solo 1 mujer. Pero, más allá de este desastrado panorama de género, si las agrupamos por tres criterios (a saber, por sus posiciones programáticas, sus políticas de alianza, y sus intereses políticos inmediatos a ser posicionados en la coyuntura política actual) esas numerosas candidaturas pueden reducirse a cuatro o cinco, solamente. Así, tomando en cuenta esos tres criterios, tendríamos:
Andrés Arauz-Rafael Correa representan a dos listas con registro electoral (Listas 1 y 5) más el apoyo del movimiento de la RC al que el CNE no dio el registro electoral. Es decir, son tres fuerzas políticas que apoyan a este binomio, que tiene más de 280 candidaturas para las otras funciones (Asamblea Nacional y Parlamento Andino), y que apuntala el respaldo de un conjunto de movimientos socio-políticos que carecen de registro electoral, tales como el UNIDOS POR LA ESPERANZA (UNES), entidades gremiales de pequeños y medianos empresarios, de Costa y Sierra, entre otros, incluyendo organizaciones indígenas como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI, fundada en 1945), y la FENOCIN, y partes de la CONAIE, y de centenares de agrupaciones sociales y políticas ad.hoc.
Las candidaturas de Yaku Pérez Guartambel y Virna Cedeño Escobar, por la alianza del Movimiento Pachakutik (Lista 18) y Unidad Popular (Lista 2, ex-MPD), apoyadas así mismo por algunas organizaciones políticas y sociales sin registro electoral. Si bien aparece con respaldo de una organización política indígena, tradicionalmente inserta en la corriente progresista, por sus políticas de alianzas ya enunciadas (por el candidato presidencial que afirmó respaldaría en una segunda vuelta a un candidato neoliberal de derecha y nunca al correismo, posición compartida, se puede colegir, por el MPD-UP, dado sus orígenes y posiciones de alianzas en el país, a esta candidatura no se la podría clasificar como progresista, pues solo reúne una variable –el proclamado programa–, negado, sin embargo, por su política de alianzas, segunda variable complementaria e indispensable. Busca atacar “al correismo”.
Se congregan con esa posición y en defensa de esos intereses un bloque de 5 candidaturas: a) la de Gustavo Larrea Cabrera y Alejandra Peralta Marín, del partido Democracia Si (Listas 20), principal asesor político de Moreno durante estos años; b) la de Ximena Peña Pacheco y Patricio Barriga Jaramillo, binomio del partido Movimiento PAIS(Lista 35) dirigido por el mismo Moreno, y legado trucado del anterior mandato y candidatura; c) la de Juan Fernando Velasco (actual Ministro de Cultura de Moreno, y Ana María Pesantes Salazar por el movimiento Construye Ecuador (Lista 25) dirigido por María Paula Romo, actual ministra de Gobierno (de Moreno); d) la de César Montufar Mancheno y Julio Villacres Guillén, de la “Alianza Honestidad” (el esculcado leitmotiv propagandístico de los últimos tres años delgobierno de Moreno para atacar al “ correismo”) y compuesta por el “Movimiento Concertación” (Listas 51) y el Partido Socialista Ecuatoriano, cuyas directivas –las reconocidas por el actual CNE—, desde 2017 al presente han apoyado al gobierno pro-estadounidense de Moreno, a pesar del giro de 180 grados dados por su política externa e interna respecto a su antecesor. Ellas fueron las de Patricio Zambrano Restrepo (que expresó públicamente el apoyo de su directiva al gobierno de Moreno en el Congreso de Cuenca en 2018, un día antes de viajar como embajador de Moreno a la UNESCO-Paris) y el actual presidente, fruto de la defenestración de un presidente democráticamente electo en Cuenca (en un Congreso de cerca de 600 delegados de todos el país, al que asistieron delegados del CNE), y por un golpe de mano orquestado entre el Gobierno Central, un grupo dirigidos por Enrique Ayala, éste último principal asesor de Julio César Trujillo, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el proceso de cooptación de los directorios de varias instituciones del Gobierno Central de Moreno; e) la de Lucio Gutiérrez y David Norero Calvo, del Partido Sociedad Patriótica (Listas 3). Todas ellas son candidaturas neoliberales, aunque digan lo contrario, y buscan atacar “al correismo”.
Las candidaturas de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, propuestas por el Movimiento Creo, Creando Oportunidades (Listas 21) y apoyadas por el Partido Social Cristiano (Listas 6), de Jaime Nebot S. Esta coalición no es unidad completa, pues hasta el momento han decidido hacerse representar por separado en los organismos legislativos a ser electos, y en algunos cantones hay reparos y rechazos de sus propias filas a esa alianza. Pero también esa alianza está negociando poder sumar a otras candidaturas neoliberales, y afianzar más su papel de cogobierno con Moreno, antes y ahora para la transición, su complicidad ha sido manifiesta, aplicando sus políticas sin mediación del “capataz de este gobierno”.
En síntesis, hay solo una candidatura progresista, y el resto son todas neoliberales. Por lo demás, el resto de 8 candidaturas no han sido aún clasificadas, por mí en este ejercicio, realizado el 4 de diciembre. Y, no porque sean marginales, sino porque tienen aún, a mi entender, la condición de inestables, incluso la más relevante entre ellas, la de Isidro Romero, por no tener clara conexión con un sector clave de la burguesía de Quito. Valdrá completar este análisis en una siguiente entrega. Sea esto como fuese, esas candidaturas son: Lista 4 Ecuatoriano Unido: Presidente: Gerson Almeida. Vicepresidenta: Martha Villafuerte; Lista 8 Avanza: Presidente: Isidro Romero. Vicepresidenta: Sofía Merino; Lista 9 Libertad es Pueblo: Presidente: Esteban Quirola. Vicepresidente: Juan Carlos Machuca; Lista 11 Justicia Social: Presidente: Fabricio Correa. Vicepresidenta: Marcia Yazbek; Lista 12 Izquierda Democrática, de la burguesía quiteña: Presidente: Xavier Hervas. Vicepresidenta: María Sara Jijón; Lista 16 Movimiento Amigo: Presidente: Pedro José Freile. Vicepresidente: Byron Solís; Lista 23 SUMA, de la burguesía quiteña: Presidente: Guillermo Celi. Vicepresidenta: Verónica Sevilla; y, Lista 33 Juntos Podemos: Presidente: Paúl Carrasco. Vicepresidente: Frank Vargas Anda.
Pero, el proceso electoral, en esta etapa preparatoria ha revelado tener otros actores importantes, el uno silencioso y el otro silenciado. El primero es la fuerza pública. Nada ha dicho aún, sobre su necesario aporte al proceso, a pesar de que el “poner a punto” toda la logística de una elección, en gran medida, le corresponde a ella. ¿Qué sabe ella sobre el proceso que nada dice?
El otro actor, silenciado, es una izquierda revolucionaria que ni siquiera tiene registro electoral (paradójico por cierto después de 10 años de un gobierno progresista), y que estará muy débilmente presente en estas elecciones –ya sea porque algunos grupos de ella decidieron coaligarse con un movimiento electoral progresista, dentro del cual tendrán escasa, si alguna, participación efectiva, ya sea porque los dos partidos con registro electoral que han aparecido como de izquierda (declamados por sus programas pero, como vemos, no siempre por sus políticas reales de coaliciones), no lo son ya (cosa que lo demuestran sus verdaderas políticas de alianzas), y por la sencilla razón de que no hay un partido constituido de izquierda como tal en el Ecuador.
Múltiples factores: el gran número de candidaturaspresidenciales, habiéndose agudizado la fragmentación política por la desaparición de un Gobierno Central hegemónico, con un movimiento de acción electoral correspondiente; un ambiente de represión político-electoral como el que ha existido durante el régimen de Moreno expresado en los obstáculos interpuestos para dejar sin una organización propia al movimiento de Correa; el pedido de autoridades externas al CNE de que se anule el registro de una organización amiga del expresidente Correa; el silencio mediático sobre este proceso, el afán y disposición política de ARCOTEL de quitar la frecuencia a la única Radio de una Prefectura, sabiendo que es una voz autorizada para difundir lo que se hace una autoridad electa de las filas de la agrupación de Rafael Correa; la amenaza de un funcionario público, asesor del gobierno a los posibles candidatos del progresismo; el anuncio de autoridades electorales de eliminar un número de juntas electorales en el exterior, donde es más difícil ir a votar dada la dispersión de los electores; la proscripción del principal actor político durante la época de la llamada Revolución Ciudadana (RC) en la persona de Rafael Correa (RC); la proscripción de la directiva democráticamente electa en el Congreso de Cuenca del PSE realizado en 2017 y la imposición arbitraria de una directiva nacional que no reconocen el 80% de la militancia de ese partido; la no concomitancia de estas elecciones con las comicios locales (a concejales cantonales, consejeros provinciales, alcaldes y prefectos) como elemento activador de la participación electoral en Ecuador; el pedido público –ajeno al espíritu y a la letra de la Constitución de Montecristi de que no sea obligatorio el voto; el malestar con la política; la segura prolongación de la pandemia para el mes de los comicios; el mayor desprestigio adquirido por la legislatura –Asamblea Nacional–, durante estos últimos cuatro años; el bajísimo apoyo ciudadano al gobierno de Moreno; y un escenario electoral, altamente probable, de una escasa movilización política de masas durante la campaña, muy diferente al caso boliviano–, sin duda, todos estos factores, determinarán una merma considerable (en más deun 5%, sobre el acostumbrado porcentaje) en la concurrencia efectiva a las urnas el 7 de febrero próximo. Es decir, con oro se está pagando para que aumente el voto nulo.