Por Pablo Leonardo Uncos
Desde Colombia, un periodista argentino aporta las tres claves para entender las protestas en distintas ciudades contra el gobierno nacional. La represión dejó 24 muertos y casi 1000 heridos.
Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y la fuerza pública. Las movilizaciones se convocaron inicialmente como respuesta a un proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno del presidente de la Nación, Iván Duque, pero aunque el jefe de estado retiró de la propuesta, las manifestaciones continúan en varias ciudades del país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, se registraron 24 muertos y más de 900 heridos en todo el país, como consecuencia del accionar represivo contra los manifestantes.
1. Un paro nacional en el pico de la pandemia
El jueves 27 de abril las principales centrales obreras convocaron a un paro nacional en contra de un proyecto de reforma tributaria de carácter regresivo, impulsado por el gobierno nacional que extendía el cobro del IVA (Impuesto del Valor Agregado), que en Colombia es del 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (luz, agua y gas), objetos electrónicos como computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos, como los funerarios. Todo ello en un país golpeado por el aumento de la pobreza, el desempleo y los casos positivos de Covid-19.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el año pasado 3,6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria y 2,78 millones a la de pobreza extrema. Como resultado de ello, la pobreza hoy supera al 42% del total de la población, en una economía que sufrió una caída de 6,7 puntos porcentuales en el mismo período. A su vez, el país atraviesa el peor momento de la pandemia con un aumento tanto de casos positivos de Covid (alrededor de 10 mil por día) como de muertes (75.627 en toda la pandemia), con varias ciudades en alerta roja hospitalaria y con solo el 10% de su población vacunada (5.112.694 dosis aplicadas). Todo ello llevó a que uno de los memes más compartidos en redes sociales fuera: “Si un pueblo sale a marchar en pandemia es porque el gobierno es más peligroso que un virus”
2. Represión policial y repudio internacional
Hace una semana la espiral de protestas y represión policial escaló tanto en la capital, Bogotá, como en el resto de las principales cabeceras departamentales. La ONG Temblores documentó 672 detenciones arbitrarias, 132 intervenciones violentas, 30 casos de disparos con arma de fuego, 92 víctimas de violencia física, (entre ellas 12 personas con agresiones en los ojos), y cuatro denuncias de abuso sexual por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Durante varios días, la ciudad de Cali se convirtió el epicentro de las protestas. Allí la situación se tornó caótica, con escenas de saqueos y violencia generalizada, y un amplio operativo de despliegue de efectivos, motos y helicópteros en la convulsionada comuna de Siloé. Incluso la representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció disparos de la Policía contra una misión humanitaria que estaba en esa ciudad verificando la situación de las protestas.
Las escenas de violencia extrema registradas por medios de comunicación locales e internacionales conmueven a la opinión pública mundial y a varios organismos defensores de derechos humanos que ya se han pronunciado. Por ejemplo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) condenó el “uso desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas en el país”. Lo propio hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que instó al Estado colombiano a “profundizar en las investigaciones sobre posibles casos de abuso policial”, y la organización Human Right Watch que expresó su preocupación por la situación del país. A su vez, Amnistía Internacional, a través de su directora regional Erika Guevara Rosas, abogó por el respeto la libertad de expresión y de prensa y pidió “garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura”.
3. Una paz inconclusa
En 2016, el acuerdo de paz con las ex guerrillas de las FARC abrió la expectativa de cambios institucionales en materia de seguridad interna luego de más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, la cultura de violencia, donde el dialogo muchas veces es visto como señal de debilidad, ofrece duras resistencias: luego del acuerdo, disidencias de ex miembros FARC volvieron a las armas en regiones selváticas de la frontera con Venezuela. A su vez, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –mecanismo de justicia transicional para el conflicto armado colombiano–, desde 2016 hasta hoy fueron asesinados 864 defensores de derechos humanos y 276 ex-combatientes.
El debate sobre las fuerzas de seguridad se actualiza de modo recurrente. Así, por ejemplo, durante las protestas estudiantiles de noviembre de 2019, cobró fuerza con la muerte del joven Dilan Cruz en medio de un operativo del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recomendó al Estado colombiano el control civil de sus cuerpos de Policía, actualmente bajo la órbita militar del Ministerio de Defensa.
El tema volvió con fuerza en septiembre de 2020 con el caso del abogado Javier Ordóñez, que apareció muerto en una clínica de Bogotá luego de un brutal procedimiento policial con armas teaser, registrado con cámara de celular por uno de sus amigos. La divulgación del video generó un estallido de protestas con un saldo de 10 jóvenes muertos, entre ellos una menor de edad. En tales oportunidades el gobierno de Iván Duque descartó tajantemente la posibilidad de una reforma policial. Pero seguramente, el tema volverá con fuerza cuando terminen las actuales protestas.
Por lo pronto, el comité nacional del paro anunció medidas de fuerza hasta el fin de semana, mientras que el Gobierno ofreció recompensas de hasta 10 millones de pesos (2600 dólares) para quienes logren dar con la identificación y captura de responsables de actos vandálicos.
Tomado de OpinaORG