Por Romel Jurado Vargas
La crisis de las cárceles en el Ecuador se ha convertido en noticia mundial recurrente, por el sadismo con que han sido y siguen siendo ejecutadas cientos de personas privadas de libertad, con la complicidad por inacción del Gobierno Nacional, lo que vuelve al Estado responsable de las vidas perdidas y de la continuidad de esta dolorosa situación.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en más de una ocasión “Que, en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia”.
Sin embargo, más allá de las responsabilidades estatales que la administración de justicia nacional y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos humanos lleguen a establecer sobre personas, instituciones y el mismo Estado, es imprescindible trabajar mancomunadamente en una propuesta que permita superar, en el menor tiempo posible, la crisis penitenciaria e impedir que se sigan asesinando a las personas privadas de libertad.
En este sentido, el documental “Paz o plomo” difundido por el medio de comunicación digital “La Posta”, contiene una serie de elementos didácticamente expuestos para que las autoridades públicas y, sobre todo, los ciudadanos podamos entender el origen, la dinámica y los principales protagonistas de la violencia en las cárceles. Violencia que siempre se traslada a las plazas y las calles que recorremos a diario.
Aunque no es posible en este breve espacio enunciar y menos aún analizar todos los elementos que contiene este documental, me permito exponer algunas de las conclusiones a las que he llegado con base en esta narración periodística y la información difundida por expertos y académicos en este tema:
Primero: es inadmisible en términos de derechos humanos, y absolutamente contraproducente en términos de seguridad pública, promover la idea de que las matanzas en las cárceles son meros ajustes de cuentas entre agrupaciones criminales ligadas al narcotráfico, que no afectan a los ciudadanos comunes y que más bien son una forma de “auto depuración” o “limpieza social”. Posición que se ha sintetizado en la idea de que “mientras se maten entre delincuentes, no hay problema para la sociedad”.
Esta idea es inhumana, cruel y supremamente violenta contra las personas directamente involucradas, pero también es torpe e irresponsable respecto de la necesidad de mantener un orden social civilizado que proporcione seguridad a todos los ciudadanos bajo la jurisdicción del Estado.
Segundo: La crisis de las cárceles es una crisis humanitaria que nos concierne y nos afecta a todos los ciudadanos, razón por la que la sociedad y el Estado deben contribuir a encontrar y hacer sostenible una solución permanente del problema.
Tercero: La solución debe tener presente que la Corte Interamericana ha señalado que “En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”.
Cuarto: A raíz del asesinato del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano Gonzales, sucedido el 20 de diciembre de 2020, se produjo un vacío de liderazgo que ha derivado en la configuración de varias agrupaciones con sus propios dirigentes conocidos como “comandantes”, que a su vez han conformado dos grandes bandos.
Uno de los bandos está conformado por las dos facciones de los Choneros liderados por alias Fito y alias Junior, que controla 6 de los 12 pabellones de la Penitenciaría del Litoral, y el otro bando está conformado por los Lobos, los Tiguerones, losChonekillers y los Latin King que controlan los 6 pabellones restantes.
Sin embargo, los pabellones de ambos grupos están conectados entre sí, y la división entre ambos bandos, es decir, entre los pabellones en los que se encuentran recluidos, es una simple pared o una reja, lo cual alimenta el temor recíproco y constantea ser atacados y asesinados. Por lo tanto, tomar la iniciativa de atacar a sus enemigos parece ser la única opción viable para sobrevivir. Esta es la principal razón de los asesinatos que se registran en la Penitenciaría del Litoral.
La solución más obvia y efectiva, como ha señalado el propio alias Fito, es que el Estado use su poder y su autoridad para establecer dos grandes bloques de pabellones separados por varias barreras físicas, incluyendo un patio y varios muros y rejas. Así, las personas de los 6 pabellones controladas por uno de los bandos estarían juntas y a salvo en un solo bloque, y lo mismo sucedería con las del otro bando.
Esta simple pero efectiva medida eliminaría instantáneamentelos enfrentamientos entre ambos bandos, que han causado las muertes violentas desde diciembre de 2020.
Quinto: Los lideres de uno de los bandos (conformado por losChoneros bajo el mando de alias Fito y alias Junior) creen en la posibilidad de realizar un acuerdo de paz, que frene la violencia y los asesinatos tanto dentro como fuera de las cárceles, y están dispuestos a probar la autenticidad y buena fe de su propuestacon una entrega masiva de armas, a condición de que los lideres del otro bando se comprometan formalmente y ante las autoridades del Estado a hacer lo mismo.
En ese contexto, es deber de las autoridades del sistema de rehabilitación social y del Gobierno Nacional contribuir y crear condiciones para que este acuerdo de paz se alcance a la brevedad posible.
Sexto: En 2008 las principales pandillas de aquel entonces, los Nietas y los Latin King, se contactaron con autoridades de gobierno, quienes, según el reportaje de la Posta: “los censaron, los atendieron en centros de salud, los inscribieron en la universidad, los organizaron en planillas conjuntas como trabajadores y, finalmente, los llevaron a deponer mayoritariamente las armas y dejar las calles”, desactivando así la dinámica organizada delincuencial de estas agrupaciones y alcanzando niveles nunca antes vistos de reducción de muertes violentas en el país.
Es necesario que el Gobierno Nacional convoque a los expertos que idearon y aplicaron esta política pública de desactivación de grupos que realizaban prácticas delincuenciales en 2008, y pidan su apoyo para diseñar e implementar la política pública que, de manera permanente, nos devuelva la seguridad a los ciudadanos y la esperanza de tener una posibilidad real de rehabilitarse a las personas privadas de libertad, ya sea que formen o no parte de las agrupaciones y bandos en conflicto.