Después de la consulta popular del pasado 4 de febrero (2018) se ha agudizado la radicalidad con la cual los sectores empresariales más atrasados del país pretenden imponer la línea económica al gobierno del presidente Lenín Moreno. Y es de tal naturaleza esa “lucha” que resulta evidente que al interior del gobierno hay dos posiciones diferenciadas: la una, vinculada con los criterios de Carlos de la Torre, Ministro de Finanzas y la otra con los de Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior.
Mientras De la Torre es atacado por su supuesto pasado “correísta”, que sirve como pretexto para pedir su separación del gobierno, Campana acoge los intereses privados, se mueve entre los halagos empresariales y campantemente plantea una economía abierta, sin excluir tratados de libre comercio o la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Aprovechando semejante posición, entre la elite económica del país reviven los planteamientos que durante la última década no pudieron ejecutarse por la distinta posición asumida por el gobierno de Rafael Correa; de modo que hoy, con más fuerza y con el apoyo de una serie de medios de comunicación privados que acogen esos intereses, no hay límites en solicitar que vuelvan los tratados bilaterales de inversión, se reduzca la inversión pública, se revisen o supriman impuestos y se reajusten las relaciones laborales con el novísimo argumento de la flexiseguridad empresarial.
No hay suficiente fuerza de las izquierdas en Ecuador para revertir semejante impulso y lucha derechista: Alianza País/Revolución Ciudadana del ala “correísta” está seriamente golpeada; los movimientos sociales como el indígena o el obrero siguen en contradicciones históricas bajo la conducción de una serie de dirigentes de la vieja clase política, por más que crean haber sido los coautores del triunfo del SI en la consulta; y la izquierda tradicional, incluida la marxista pro-bancaria, no tiene ninguna alternativa que ofrecer al país desde hace décadas y se reduce a clientelas políticas, círculos activistas y algunos intelectuales.
Tampoco el panorama internacional latinoamericano favorece posiciones izquierdistas, porque el ciclo de gobiernos progresistas igualmente ha sido golpeado y disminuido, en tanto han avanzado las estrategias geopolíticas de retorno conservador con apoyo imperialista.
El gobierno de Lenín Moreno se halla en el medio de estas circunstancias. Y la voracidad de los intereses privados trae la amenaza de cercar al presidente, aún más bajo una coyuntura en la que se impone la negociación política con la Asamblea Nacional para el nombramiento de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición, que será la vía rectora del comportamiento gubernamental, una situación de claro retorno a los mecanismos de amarres, componendas y negociaciones políticas que parecían haberse superado desde 2007.
Con semejantes circunstancias, las líneas y políticas económicas que adopte el presidente Lenín Moreno al menos debieran contemplar dos elementos: uno de carácter histórico y otro de carácter constitucional.
Históricamente, en Ecuador ha habido otros ciclos en los que han predominado los intereses privados y del alto empresariado, sin que ello haya significado progreso social; pero el que se consolidó durante las últimas décadas del siglo XX no tiene comparaciones. Coincidió con el aperturismo latinoamericano inspirado en la ideología neoliberal. Si bien florecieron los negocios, las empresas y hasta la corrupción privada (cuya máxima expresión fueron las sucretizaciones de 1983 y 1987, así como la debacle bancaria entre 1999-2000), el desastre social (y político con 7 gobiernos entre 1996-2006) de semejante “modelo empresarial” está seriamente documentado en estudios e informes tanto nacionales como extranjeros. Sobre esta base, no es posible creer que el aperturismo y la hegemonía de la libre empresa van a desarrollar y modernizar al Ecuador. Es un mito histórico.
Pero, además, la Constitución de 2008 en forma tajante niega la posibilidad de la existencia de un modelo empresarial para Ecuador y mucho menos bajo los principios neoliberales hoy revestidos como ideas de avanzada por los mismos sectores que lo inspiraron antes de 2007.
El presidente Moreno ha sostenido que es necesario fomentar al sector empresarial privado para un futuro económico que adelante al país. Si es así, la mejor norma para ese efecto es que, al mismo tiempo, imponga a ese sector la observación de los principios y orientaciones económicas de la Constitución de 2008 y, además, tome en cuenta las experiencias históricas del Ecuador cuando los intereses privados han triunfado sobre los nacionales y frente al Estado.