Arturo Belano
Muchas cosas se pueden criticar de la decisión política de reducir el subsidio por galón a la gasolina extra y el diésel: el pésimo timing, la forma tan desacertada de comunicar la decisión, o que parezca ser usado como cortina de humo para tapar la filtración del audio con las declaraciones tan indolentes del Presidente Moreno. Muchas cosas también se pueden criticar de la decisión “técnica”, que también lo es: hubiera sido innecesario hacerlo si no condonaban deudas por más de USD 4 mil millones al sector empresarial; hubiera sido mejor reimpulsar el programa de cocinas de inducción para eliminar el subsidio al gas; hubiera sido mejor una forma gradual.
Lo que no se puede negar es que la decisión es necesaria. Todos los días tenemos opiniones “doctas”, “letradas”, “inteligentes” y hasta del común de los mortales que se quejan amargamente del bono de desarrollo humano. El alegato, tan insulso como inhumano, es que eso sólo incentiva la “vaguedad” y vuelve a los pobres, dependientes del papá Estado, incapaces de generar sus propios ingresos. Es increíble la falta de literatura, análisis crítico de la realidad y sentido común que está detrás de todos esos ataques a una de las herramientas de disminución de la pobreza más exitosas a nivel mundial, reconocida por todos los organismos internacionales y ampliamente estudiada en programas de investigación en la región. Las mismas personas que se quejan con amargura de este bono, son las que defienden con uñas y dientes el subsidio a cada galón de gasolina o diésel. Sin embargo, nadie repara en que es un subsidio perverso, que beneficia más a los que más tienen, e impacta menos en los ciudadanos cuando menos tienen.
Dicho de otra manera, debería tener mucho más sentido social destinar USD 50 a una persona en condiciones de extrema pobreza, sin acceso a oportunidades de casi ninguna clase para salir de ella, que destinar los mismos USD 50 mensuales a cada propietario de vehículos de alta gama y de más de 2000 cc que usan ese subsidio para circular a todas horas por todas partes, sin respeto por los demás. Con gasolina más barata, uso más el vehículo, viajo más por razones no fundamentales (estudiar o trabajar), y genero un círculo vicioso que hace que los ingresos del Estado beneficien más a quienes más recursos económicos tienen. De cierta forma, el subsidio a los combustibles es la mejor demostración del mundo al revés.
Dicen muchos políticos, incluso los de izquierda, que esta medida afecta más a las clases medias, porque todos los miembros de la clase media tienen vehículo propio. Hay que notar la miopía con la que se entiende esta relación. El problema NO es que la clase media tenga vehículo propio (que en general lo tienen), el problema es que usan el vehículo como medio primario de transporte, caotizando las ciudades, dificultando la libre circulación de los medios de transporte masivo y haciendo cada vez más invivibles las ciudades. El problema no es el vehículo, es cuál es su uso fundamental. En países desarrollados existen más vehículos por habitante que en Ecuador, sin embargo, tienen sistemas de transporte público que hacen que la gran mayoría de los habitantes prefieran utilizarlos en lugar de sacar cada uno, su vehículo para llegar a su destino diario. Me dirán que no es el caso de Ecuador, en donde los sistemas públicos de transporte en las ciudades no son de la calidad de otros países. Pudiendo estar de acuerdo con la afirmación, la solución no es perennizar una forma de transportación ineficiente, injusta y que tiende al caos, sino presionar a los municipios a que ejerzan verdadera rectoría en la materia y a los transportistas para que dejen de mirar esta industria como una máquina de transportar costales de papas y generen las condiciones para sistemas sustentables de transportación.
Se dice también que cualquier incremento afecta siempre a los más pobres, de manera indirecta. Esto porque se afirma que siempre subirán los servicios de transporte, tanto de pasajeros, como de carga. En sentido estricto, el incremento no tiene por qué generar incremento en el costo del pasaje de transporte público y comercial, así como a la distribución de mercancías dentro del Ecuador, pues como dijo el Ministro de Finanzas, Richard Martínez, estos servicios mantendrán el subsidio, solo que en diferente modalidad. Pero, además, existen disponibles y en uso, los mecanismos tecnológicos para evitar cualquier tipo de incremento y para controlar que el expendio de combustible subsidiado se haga a los transportistas y vehículos comerciales. Actualmente el gobierno, a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el Servicio de Rentas Internas y la Agencia Nacional de Tránsito, tiene acceso a una muy completa base de datos en la que se verifica la situación y uso de cada uno de los más de 2.6 millones de vehículos matriculados en el país. Esta base de datos se interconecta con los sistemas de control tributario y de hidrocarburos, cada vez que se carga combustible en cualquier gasolinera del país. Con un adecuado sistema de inteligencia de negocios, como el que ya usa SRI para verificar comportamientos inusuales en aspectos tributarios, se pueden identificar incrementos significativos del uso de combustible por cada vehículo subsidiado, para evitar contrabando o mercado negro.
Nada es más popular en el Ecuador que la dolarización, excepto casi, el precio del galón de gasolina. Hay toda una serie de prejuicios alrededor del precio del combustible que tienen una explicación en el pasado pero que no necesariamente son un relato de la situación actual. Existe una suerte de mito que relaciona directamente el precio de la gasolina, con la vida misma de toda la sociedad ecuatoriana. Podría asegurar que es el legado de los mismos medios de comunicación, tan competentes como dedicados a generar imaginarios, casi siempre irreales. Probablemente, en los 80s y 90s, cuando no había ninguna capacidad tecnológica disponible, elevar el precio de los combustibles sí tenía un impacto real en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, a 2018, esto es improbable. Los mecanismos de control existentes y disponibles son suficientes para verificar la cantidad de combustible que utiliza cada vehículo, así como su uso prioritario, con lo cual es mucho más sencillo establecer un subsidio al vehículo directamente, y no a la generalidad.
Esta columna no es una defensa de Moreno, por si acaso. Es evidente en mis otras columnas que no tengo ninguna simpatía por él como persona o como político. El daño que le ha hecho al país es inconmensurable y la historia será lapidaria cuando cuente su nefasto periodo. Sin embargo, debo reconocer que, si le ha hecho un bien al país, ha sido tomar esta decisión. Este es el incentivo fundamental para inhibir el incremento del parque automotor privado para la circulación diaria en las ciudades. Tal vez les está haciendo un favor enorme a los alcaldes actuales y futuros que no tendrán que lidiar con la presión social por el aumento de carreteras y pasos a desnivel, con el consiguiente efecto de demanda inducida, sino que tendrán que gobernar con firmeza para crear verdaderos sistemas multimodales, integrados e integrales de transporte público. Pero no solo ellos, también es un mensaje importante hacia las clases altas, (tal vez el único mensaje contra esas élites) al decirles que ya basta de andar en su Ford 150 doble cabina gracias al esfuerzo del Estado para que tenga combustible a muy bajo costo. También es un desafío a la sociedad. En 2018 no podemos tener los mismos prejuicios que hace 20 o 30 años, sobre ninguna de las condicionantes de la vida en sociedad. Y talvez, solo talvez, es hora de presionar a este gobierno para que gobierne y deje de mirar, cómodo y absorto, desde la terraza de Carondelet, cómo nos está llevando al garete por su inacción, su insultante pleitesía hacia las élites más dañinas del país y su absoluta incapacidad por proponer un plan que nos saque de esta deriva capitalista tan innecesaria como burda.