No estudió en la Universidad de Chicago, Notre Dame, Princeton o Boston. No gozó de la preparación de la que ostenta Mauricio Pozo, Alberto Dahik, Ana Lucía Armijos, Augusto de la Torre o Fidel Jaramillo. No es considerado un liberal que aprendió de Premios Nobel o intelectuales reconocidos de la tendencia. No pertenece a esa “finura” de la que se regocijan (todavía) estos economistas de los años ochenta y noventa. Se duda de su rigurosidad en temas como la sostenibilidad de la deuda pública, diagnóstico del crecimiento económico, teorías del desarrollo o, simplemente, la capacidad para identificar qué es prioritario. Sin embargo, los pésimos resultados económicos de su gestión lo pueden situar en este grupo tan selecto.
En 2017, la economía creció 2,4 %. En mayo de 2018, Richard Martínez asumió el Ministerio de Economía y Finanzas, y su principal objetivo era brindar las condiciones para que la economía se expandiera por lo menos 3 %. Si él llevaba a cabo un diagnóstico (asumo que lo realizó) certero para identificar cuál era el principal obstáculo del crecimiento económico, el déficit fiscal no tenía esta importancia o lugar. La economía se desaceleró en 2018 (el PIB aumentó 1,3 %) y se estancó en 2019 cuando se ejecutó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cometió un error fatal cuando aceptó (la fijó el FMI) la meta de reducir el coeficiente deuda PIB al 40 % y sumar todos los esfuerzos para este fin. Desestimó (por razones políticas y no técnicas) el cálculo del monto de la deuda a través de la consolidación (recomendada por el manual del FMI, paradójicamente). La literatura económica señala que en el análisis de sostenibilidad de la deuda, el Fondo tiene una definición arbitraria del nivel de coeficiente. El FMI recomendó con base en la evaluación realizada por su equipo técnico en marzo de 2019 al Ecuador que “sería necesario un techo de deuda más cercano al 30 por ciento del PIB”. El ministro Martínez no consideró que todo depende del contexto y de las circunstancias, primero es crecer y después comenzar la reducción del coeficiente deuda PIB.
En los años noventa, Alberto Dahik fue el “precursor” de la liberalización financiera que derivó en la crisis de 1999. Fidel Jaramillo y Ana Lucía Armijos fueron los ministros de Jamil Mahuad. Esta última, impulsó el “feriado bancario”. En 2003, Mauricio Pozo promovió el achicamiento del Estado en la economía y la desigualdad del ingreso y la riqueza. No muy lejos, los resultados de la gestión de Martínez: el riesgo país subió casi a 2000 puntos (en el principio de su gestión estaba por debajo de los 500); las fuerzas de la economía languidecen para viabilizar la recuperación, se espera más estancamiento; las finanzas públicas solo demuestran la imposibilidad de cerrar la brecha fiscal y la falta de liquidez; la cadena de pagos está amenazada; y, el conflicto social se recrudece por el aumento de la pobreza y la desigualdad. No aprovechó que el precio del barril de petróleo estaba por encima de los 60 dólares y la situación económica se muestra lúgubre a futuro.
En septiembre de 2008, existían los fondos petroleros. En diciembre de 2014, amplia capacidad de endeudamiento, «solvencia estática» (alta inversión pública realizada) e instrumentos para movilizar el ahorro interno. Actualmente, con los mercados de capitales cerrados, la insostenibilidad de la deuda se profundizará porque el superávit fiscal necesario para estabilizar la deuda (o reducirla) no solo se calculará sobre los intereses de la deuda y la brecha entre los ingresos y los gastos (déficit primario), sino también sobre el capital a pagar.
Está evidenciado históricamente que cada vez que un “Chicago boy” desembarca en el ministerio de economía de un país en desarrollo, la economía termina como Martínez la está dejando: sin capacidad de reacción y camino al desastre. A pesar de que por la procedencia él no es uno de ellos, parece que en los malos resultados busca igualarlos, desgraciadamente para la mayoría de la población.
¿Renunciará?
