Tensión en el vecindario: No al conflicto armado, sí a la cooperación

Consuelo Ahumada|

Adoptar políticas efectivas y a tiempo para contrarrestar los estragos del COVID-19 en nuestra región ha resultado ser un desafío monumental para todos sus países, teniendo en cuenta la debilidad del Estado, la precariedad de la salud pública y los altos niveles de pobreza e informalidad que prevalecen.

Sin embargo, hay razones adicionales de perturbación y de zozobra. Invocando la fracasada lucha antinarcóticos de su país, hace una semana el señor Trump resolvió desplegar navíos militares en el Caribe, frente a la costa con Venezuela. Al mismo tiempo, adelanta ejercicios militares en la frontera entre Colombia y Venezuela con el objeto de intimidar a nuestro vecino y generar las condiciones para una posible intervención militar.

Esta operación se adelanta desde el territorio colombiano, con la anuencia del gobierno de Duque. Mientras que el partido de gobierno y el Ministro de Defensa saludan el operativo, el Ejército Nacional lo desmiente, señalando que se trata de ejercicios de rutina. Es una violación flagrante de la Constitución, que prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin la aprobación previa del Congreso y del Consejo de Estado.

El escalamiento del ataque y el cerco a Maduro no deben sorprender. De hecho, durante los últimos meses Washington intensificó su arremetida contra los gobiernos alternativos sobrevivientes en la región. El golpe de Estado de Bolivia, consumado en noviembre pasado hizo parte de esta ofensiva. Pero en el caso del operativo contra Venezuela, lo que sí parece sorprender es el nivel de cinismo y la sangre fría del magnate, que pretende exacerbar el conflicto precisamente cuando su país es el eje de la pandemia global y cuando, según cálculos conservadores de sus mismas autoridades, allí podría haber millones de infectados y cientos de miles de víctimas fatales.

Esta perspectiva tan sombría es precisamente la razón principal de la ofensiva militar que estamos contemplando, como en una película de terror. Después de un manejo irresponsable y vergonzoso de la crisis sanitaria que pretendió negar hasta hace pocos días, y del incremento del desempleo, Trump busca que el operativo se revierta en apoyo electoral entre los sectores más conservadores del país.

En todo el proceso de agredir a Venezuela la Casa Blanca ha contado con el respaldo decisivo del sector más retardatario del establecimiento republicano y demócrata; los gobiernos de extrema derecha del continente, en especial el de Colombia, reunidos para ello en el Grupo de Lima; las desacreditadas figuras de la oposición venezolana y, un personaje oscuro y maléfico, Luis Almagro, a quien de manera truculenta acaban de reelegir como Secretario General de la OEA.

Después de diversos intentos fallidos de sacar a Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos recurrió a su viejo expediente. Hace unos días, al mejor estilo del viejo oeste, el Fiscal General de ese país acusó al presidente de narcoterrorismo y ofreció recompensa por su cabeza, la de sus principales funcionarios y las dos principales figuras de la disidencia de las antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. Sin presentar pruebas, los sindica de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos veinte años. Con esta acusación busca legitimar el ataque a Venezuela y acabar de destruir el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC.

Sin embargo, para los incautos que todavía creen que Donald Trump es el sheriffque lucha contra la supuesta dictadura de Maduro, hay cosas que no cuadran. Venezuela no figura entre los principales países proveedores de droga a Estados Unidos. Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), señala que es una acusación sin ningún fundamento y para ello se basa en los informes recientes de esa entidad y de la DEA, en donde se establece que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia. Al fin y al cabo, se trata de un negocio que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país como primer productor.

De hecho, en medio de la prioridad establecida por la crisis sanitaria, en Colombia siguen develándose las grabaciones que involucran a la campaña electoral del gobierno de Duque/Uribe con los dineros de tenebrosos personajes de la mafia, como el Ñeñe Hernández y los hermanos Gnecco.

El cerco sobre el gobierno venezolano se fue cerrando a partir de la Cumbre antiterrorista de Bogotá del 20 de enero pasado y con la más reciente visita de Duque a Washington. La sindicación a la dirigencia bolivariana estuvo precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal acusaron al gobierno de Venezuela de vínculos con el narcotráfico. El primero de ellos confesó que, por iniciativa de Juan Guaidó y de un grupo de asesores estadounidenses, transportó desde Barranquilla un cargamento de armas, incautado por el gobierno colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro y “bañar de sangre” a Venezuela. Sobre eso, nada dijo nuestro subpresidente.

Todo este juego de guerra se da frente a una extensa frontera, en la que actúan diversos grupos armados, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los paramilitares y en particular los Rastrojos, quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la frontera para asistir al show de la ayuda humanitaria de Cúcuta. Es una zona que, como todas las fronteras del país, ha estado marcada también por el abandono económico y social de Estado, más allá de la lucha antinarcóticos. Es claro que cualquier incidente o provocación que se presente allí podría incendiar la pradera y convertirse en pretexto para desatar el conflicto.

Frente a tan grave situación, se viene forjando una amplísima coalición, liderada por la bancada alternativa y otros sectores democráticos del Congreso, los gobernadores y alcaldes de la zona fronteriza, que se oponen a este operativo, las organizaciones políticas y sociales de la región fronteriza y del país, el Comité de Paro, entre otros. Está en juego la vida, la salud y la paz en la región fronteriza y en los dos países. Por sensatez, se impone también reestablecer de inmediato algún tipo de coordinación con las autoridades venezolanas frente a la crisis sanitaria y el regreso masivo de venezolanos a su país, que ahora huyen de la crisis en Colombia y Ecuador.

Al mismo tiempo, adelanta ejercicios militares en la frontera entre Colombia y Venezuela con el objeto de intimidar a nuestro vecino y generar las condiciones para una posible intervención militar.

Esta operación se adelanta desde el territorio colombiano, con la anuencia del gobierno de Duque. Mientras que el partido de gobierno y el Ministro de Defensa saludan el operativo, el Ejército Nacional lo desmiente, señalando que se trata de ejercicios de rutina. Es una violación flagrante de la Constitución, que prohíbe el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin la aprobación previa del Congreso y del Consejo de Estado.

El escalamiento del ataque y el cerco a Maduro no deben sorprender. De hecho, durante los últimos meses Washington intensificó su arremetida contra los gobiernos alternativos sobrevivientes en la región. El golpe de Estado de Bolivia, consumado en noviembre pasado hizo parte de esta ofensiva. Pero en el caso del operativo contra Venezuela, lo que sí parece sorprender es el nivel de cinismo y la sangre fría del magnate, que pretende exacerbar el conflicto precisamente cuando su país es el eje de la pandemia global y cuando, según cálculos conservadores de sus mismas autoridades, allí podría haber millones de infectados y cientos de miles de víctimas fatales.

Esta perspectiva tan sombría es precisamente la razón principal de la ofensiva militar que estamos contemplando, como en una película de terror. Después de un manejo irresponsable y vergonzoso de la crisis sanitaria que pretendió negar hasta hace pocos días, y del incremento del desempleo, Trump busca que el operativo se revierta en apoyo electoral entre los sectores más conservadores del país.

En todo el proceso de agredir a Venezuela la Casa Blanca ha contado con el respaldo decisivo del sector más retardatario del establecimiento republicano y demócrata; los gobiernos de extrema derecha del continente, en especial el de Colombia, reunidos para ello en el Grupo de Lima; las desacreditadas figuras de la oposición venezolana y, un personaje oscuro y maléfico, Luis Almagro, a quien de manera truculenta acaban de reelegir como Secretario General de la OEA.

Después de diversos intentos fallidos de sacar a Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos recurrió a su viejo expediente. Hace unos días, al mejor estilo del viejo oeste, el Fiscal General de ese país acusó al presidente de narcoterrorismo y ofreció recompensa por su cabeza, la de sus principales funcionarios y las dos principales figuras de la disidencia de las antiguas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. Sin presentar pruebas, los sindica de inundar a Estados Unidos de cocaína durante los últimos veinte años. Con esta acusación busca legitimar el ataque a Venezuela y acabar de destruir el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC.

Sin embargo, para los incautos que todavía creen que Donald Trump es el sheriffque lucha contra la supuesta dictadura de Maduro, hay cosas que no cuadran. Venezuela no figura entre los principales países proveedores de droga a Estados Unidos. Pino Arlacchi, ex vicesecretario de la ONU y ex director de la Agencia antidrogas de la ONU (UNODC), señala que es una acusación sin ningún fundamento y para ello se basa en los informes recientes de esa entidad y de la DEA, en donde se establece que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia. Al fin y al cabo, se trata de un negocio que involucra al país del Norte como primer consumidor y a nuestro país como primer productor.

De hecho, en medio de la prioridad establecida por la crisis sanitaria, en Colombia siguen develándose las grabaciones que involucran a la campaña electoral del gobierno de Duque/Uribe con los dineros de tenebrosos personajes de la mafia, como el Ñeñe Hernández y los hermanos Gnecco.

El cerco sobre el gobierno venezolano se fue cerrando a partir de la Cumbre antiterrorista de Bogotá del 20 de enero pasado y con la más reciente visita de Duque a Washington. La sindicación a la dirigencia bolivariana estuvo precedida de un oscuro episodio mediante el cual dos ex generales venezolanos, Cliver Alcalá y Hugo Carvajal acusaron al gobierno de Venezuela de vínculos con el narcotráfico. El primero de ellos confesó que, por iniciativa de Juan Guaidó y de un grupo de asesores estadounidenses, transportó desde Barranquilla un cargamento de armas, incautado por el gobierno colombiano, con el que se intentaba promover una acción militar contra Maduro y “bañar de sangre” a Venezuela. Sobre eso, nada dijo nuestro subpresidente.

Todo este juego de guerra se da frente a una extensa frontera, en la que actúan diversos grupos armados, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC, los paramilitares y en particular los Rastrojos, quienes hace un año le ayudaron al autoproclamado presidente a traspasar la frontera para asistir al show de la ayuda humanitaria de Cúcuta. Es una zona que, como todas las fronteras del país, ha estado marcada también por el abandono económico y social de Estado, más allá de la lucha antinarcóticos. Es claro que cualquier incidente o provocación que se presente allí podría incendiar la pradera y convertirse en pretexto para desatar el conflicto.

Frente a tan grave situación, se viene forjando una amplísima coalición, liderada por la bancada alternativa y otros sectores democráticos del Congreso, los gobernadores y alcaldes de la zona fronteriza, que se oponen a este operativo, las organizaciones políticas y sociales de la región fronteriza y del país, el Comité de Paro, entre otros. Está en juego la vida, la salud y la paz en la región fronteriza y en los dos países. Por sensatez, se impone también reestablecer de inmediato algún tipo de coordinación con las autoridades venezolanas frente a la crisis sanitaria y el regreso masivo de venezolanos a su país, que ahora huyen de la crisis en Colombia y Ecuador.

Fuente: La Bacatela