Este es el mundo que vivimos hoy en el que, entre otros males, por primera vez y de forma simultánea se han debido cerrar casi todas las instituciones culturales del planeta: teatros, salas de exposición, museos, bibliotecas, archivos, galerías, salas de cine y centros culturales hoy han quedado huérfanos de los aplausos de miles de visitantes que a diario transitan por sus espacios, donde se libera el espíritu de la creación y donde se exploran miles o millones de años de historia.
Junto con el turismo, el sector de la cultura se define como uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19, puesto que su oferta depende directamente de la interacción con sus públicos, pero también porque probablemente serán las áreas que tardarán mayor tiempo en normalizar sus actividades. Sin embargo, esto no significa que las instituciones culturales han debido observar impasibles la ausencia de públicos, por el contrario, la mayoría ha ideado estrategias y propuestas que han resultado fundamentales para contrarrestar la depresión social producto del confinamiento.
Lo mismo sucede con el gran número de artistas y trabajadores de la cultura que han perdido la posibilidad de gestionar recursos económicos ya que su trabajo está directamente relacionado con los espacios culturales. Pese a que todos, todo el tiempo, consumimos cultura -no se me ocurre mantener el confinamiento sin recurrir a productos culturales- difícilmente nos detenemos a pensar cuáles son las condiciones en las que los trabajadores de la cultura deben superar esta pandemia.
En Ecuador, al menos una de cada diez personas trabaja en el sector de la cultura, con su trabajo aporta a la construcción de contenidos simbólicos que reivindican las diversas identidades que tiene nuestra sociedad, fundamentan las bases del respeto, el reconocimiento del otro, el tejido social, la equidad; así como redescubren críticamente las formas y estrategias con las que los individuos han superado conflictos y tensiones durante miles de años. Así es, todos, todo el tiempo, consumimos cultura, y aunque hayamos normalizado ese consumo lastimosamente las cifras económicas para este sector no son representativas.
Hasta el año pasado el aporte de la cultura al PIB representó el 1.8%, estimando los ingresos que producen las industrias culturales principalmente de entretenimiento (salas de cine, teatros, productos de diseño, industria musical, etc.). En agosto de 2019 el ministro de Cultura y Patrimonio planteó alcanzar más del 3% del PIB para la economía nacional hasta 2021, a través del programa “Ecuador Creativo” resumido en una serie de iniciativas para impulsar el desarrollo de empresas creativas dedicadas a la producción y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales.
Una iniciativa no necesariamente se convierte en una política pública puesto que requiere de tres consideraciones ineludibles: información, autoridad y presupuesto. Cada uno de estos factores representa primero la posibilidad de transformar la información en conocimiento, segundo la capacidad de tomar decisiones efectivas y tercero la disposición de recursos económicos y humanos para llevar a cabo un plan de política pública. En el caso del sector cultural, para ejemplificar únicamente en la primera consideración, podemos hablar de la actualización de cuentas satélites, la información de registros y censos de actores e infraestructura cultural, la proyección de consumo de bienes y servicios cultuales en un lapso temporal que permita analizar incrementos o decrementos en la oferta y la demanda, el estudio de prácticas lectoras y uso del tiempo libre, la proyección de ingresos económicos de los trabajadores de la cultura, etc. etc.
Estamos de acuerdo que este no es un trabajo que se realiza de la noche a la mañana, sino que forma parte de un know howcotidiano y sostenido que debe alimentar constantemente el abanico de información técnica y tecnológica que se requiere para la adecuada toma de decisiones y por supuesto, lograr voluntad política en la asignación de recursos. Desde su creación, en el 2008, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha sufrido 12 administraciones, a razón de una por año en promedio (tomando en cuenta que quien más duró fue tres años), difícilmente en este tiempo se ha visto continuidad en los procesos, así como tampoco estabilidad del recurso humano. Para la autoridad política, nacional y local, la cultura tampoco ha sido una prioridad, por el contrario, las asignaciones presupuestarias han ido decayendo hasta casi su desaparición; aun así, todos, todo el tiempo consumimos cultura.
Los trabajadores de la cultura por años han debido buscar formas de sostenibilidad, una de ellas es tratar de ubicar varias fuentes de trabajo, porque tristemente en este país, todavía no se puede vivir de la cultura. Ningún político ha puesto verdadero interés en la dinamización de las prácticas culturales, así como tampoco se ha evidenciado un crecimiento equilibrado de la infraestructura cultural en los últimos años. Entonces ¿cómo hacer que la cultura aporte significativamente a la economía del Estado? No conozco la respuesta, pero sé que se pueden analizar los escenarios por los que el sector cultural ha debido atravesar los últimos años: recortes presupuestarios y de personal progresivos, eliminación de programas de inversión, saturación de solicitudes que no son atendidas, reducción de agendas y programación en espacios culturales, desatención y descuido de la infraestructura cultural y patrimonial, retraso en la entrega de incentivos, etc. etc.
Con el brote de Covid-19 en nuestro país el escenario, que ya era muy malo, ha empeorado. Hoy con el cierre de los espacios cultuales y la postergación de eventos posiblemente en lo que resta del 2020, la situación de los trabajadores de la cultura se vuelve insostenible. Muchos se preguntan ¿por qué el Estado debe preocuparse por los artistas y por la cultura? La respuesta es más sencilla, en primer lugar, porque está estipulado en la Constitución mediante la garantía de los derechos culturales y segundo, porque las actividades culturales tienen una dimensión que supera las leyes del mercado y todos, todo el tiempo, consumimos cultura, aunque pensemos que su producción, mantenimiento y difusión no tienen ningún valor económico. Por el contrario, bienes y servicios culturales requieren el esfuerzo de equipos multidisciplinarios para que su consumo sea el esperado. Solo para poner un ejemplo, en el montaje del Museo Nacional del Ecuador, que alberga la mayor cantidad de bienes culturales y patrimoniales del país, intervinieron más de 600 profesionales. Entre 2018 y 2019 ese museo recibió a alrededor de 200 mil personas que consumieron una gama diversa de servicios culturales sin ningún costo. Similar es la situación de los festivales, las ferias y los eventos que permiten valorar y difundir la riqueza artística y cultural de nuestro entorno.
La pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestra institucionalidad pública y la inoperancia de nuestra clase política, para nadie es ajeno el hecho de que el sistema de salud se ha llevado la peor parte; el sector de la educación ve la imposibilidad de mantener regularizadas sus actividades por las dificultades de conectividad y de acceso a servicios tecnológicos públicos adecuados; y por supuesto la cultura que se desmorona ante la deficiencia de un ministerio que ha sido permanentemente minado. Para hacer más dramático el escenario, en los últimos días se dispuso la restricción de ítems presupuestarios relacionados a toda actividad cultural, dejando de lado cualquier posibilidad de reactivación del sector. A mediano y largo plazo la eliminación de presupuestos implicará cuantiosos gastos para la rehabilitación de la infraestructura cultural cuyo mantenimiento y climatización debe ser constante, el riesgo de cierre puede prolongarse como ya sucedió en años anteriores con la red pública de museos. Es importante tomar en cuenta que la restricción presupuestaria no solamente afecta a los trabajadores de la cultura, sino que vulnera los derechos culturales de toda la sociedad ecuatoriana porque todos, todo el tiempo consumimos cultura.
Mientras permanecemos confinados en nuestros hogares la mejor estrategia ha sido recurrir a los productos culturales: libros, revistas, música, películas, podcast de teatro, visitas virtuales a grandes museos, bibliotecas virtuales para descargar, archivos históricos y mucho más; esto solo nos recuerda que el consumo de la cultura se hace vital para la convivencia cotidiana. Por ello es importante que las autoridades establezcan estrategias prontas y efectivas para la reactivación del sector cultural y la atención prioritaria para los trabajadores de la cultura en estado de indefensión. La infraestructura cultural pública debe ser dotada de presupuesto fijo que le permita operar y no reducir su personal. Los planes y proyectos deben ser integrales e intersectoriales (turismo, cultura, producción, educación) con la finalidad de promover acciones colaborativas que beneficien a varias áreas de atención conjuntamente con gobierno central y GADs. La inversión privada debe marcar por primera vez una diferencia con respecto a la cultura, se deben gestionar recursos para la pre-compra de funciones, adquisición de colecciones que tanto ayudaría a los artistas emergentes o la activación de amigos de la cultura y del patrimonio manteniendo las agendas programadas en los últimos meses del año. Se debe acudir a los organismos de cooperación internacional para activar incentivos y ayudas programáticas que beneficien a las salas independientes, museos y otros espacios culturales que se sostienen únicamente con la taquilla. Es necesario garantizar el pago de servicios básicos y arriendo de todos los espacios culturales comunitarios, así como el mantenimiento de la red pública de infraestructura cultural para evitar su cierre temporal o definitivo.
Las ideas no deben faltar, pero hoy más que nunca la voluntad política debe ser el eslabón que permita canalizar esfuerzos de todos los sectores públicos y privados, internacionales, nacionales y locales. Si todos, todo el tiempo consumimos cultura debemos comprender que ésta es un área que debemos proteger. La esperanza que nos queda es que la pandemia nos permita pensar en la importancia de lo público, en que no todo está determinado por el capital o las leyes del mercado, que lo simbólico, lo identitario, lo colaborativo también merecen un espacio de atención porque la pérdida de todo ello sería el fin de nuestro patrimonio, de nuestra memoria y nuestra sociedad.
Fuente: Pichincha Comunicaciones
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