Editorial RutaKrítica
Medir el trabajo en función de la competitividad empresarial, su productividad, la eficiencia laboral, el nivel de ganancias o de inversión privada nacional o extranjera, es un engaño económico y social.
Cierto es que las empresas demandan ese tipo de consideraciones a la hora de medir su propia actividad en el mercado. Pero no son esos los parámetros para medir lo que deba ser el trabajo y, sobre todo, el mejor nivel de vida para los trabajadores.
Lastimosamente en América Latina, sobre la reacción contra los gobiernos progresistas, se vive tiempos de afectación a las garantías laborales y de revisión de los derechos consagrados por las leyes del trabajo. Y todo ello se lo hace en aras del supuesto de que las empresas son las que necesitan crecer y desarrollarse para entonces dar oportunidades de empleo y con ello mejorar las condiciones de vida para los trabajadores.
Esta es una falacia largamente argumentada, porque ni los datos de la realidad, ni las investigaciones sobre el trabajo en América Latina sirven para sostener ese cúmulo de argumentos que se generalizan aprovechando no solo la falta de información social, sino también de la capacidad con la que los medios de comunicación empresariales crean las ilusiones más antojadizas sobre el progreso del capital y su imaginativa acción benéfica.
El derecho laboral, como parte del derecho social, ha sido construido para proteger a los trabajadores, que constituyen la parte más débil en las relaciones laborales. Sin embargo, en América Latina esta fundamentación es a menudo minimizada o desvalorizada para justificar el desmontaje de las conquistas en beneficio de los trabajadores.
Hoy Ecuador está sujeto a una permanente presión del sector empresarial para que el gobierno adopte su visión sobre las relaciones laborales como si se tratase de propuestas que van a garantizar derechos y beneficios para los trabajadores. Sin embargo, esas propuestas esconden intereses por flexibilizar y hasta precarizar la fuerza de trabajo, de modo que la competitividad mejore con la reducción de costos, siempre afectando a los trabajadores y sin topar las ganancias.
Pero una visión de largo plazo para el progreso humano en Ecuador exige tomar en cuenta el fortalecimiento del salario de los trabajadores y la mejora sustancial de sus propios derechos, desarrollándolos a niveles superiores.
Por desgracia, después de diez meses de nuevo gobierno, las expectativas por ese camino democratizador y de mejoría de las relaciones laborales en beneficio de las clases trabajadoras aún no se ve. Se anuncia que habrá definiciones sobre la materia junto con la difusión a la ciudadanía de las medidas económicas y del modelo que el gobierno seguirá. Hasta hoy solo han primado los conceptos ligados a los intereses empresariales particulares. Así es que lo que el país aspira es a que el gobierno defina de una vez no solo su política económica, sino también su política laboral, tomando en consideración los intereses sociales y no los de una minoría que aprovecha del control del capital, como eje del poder privado.