En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
(Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)
Parte importante de la estrategia de la extrema derecha es destruir el Estado de Derecho a nivel mundial y en este marco no se escapa nada de lo que nos interesa a los sectores democráticos, léase la defensa del Planeta contra el calentamiento global, el multilateralismo, el orden justo del comercio internacional, el orden económico, menos aún los derechos de las mujeres ni los derechos humanos, por supuesto. Dentro de todo ello los derechos de los migrantes y refugiados son el eslabón más débil de la cadena y deben urgentemente ser pisoteados para satisfacción electoral del señor Donald Trump.
El acuerdo impuesto a Guatemala, Honduras y El Salvador, de convertirse en “terceros países de refugio o países seguros”, sería ridículo, si no fuera trágico y horroroso. Justamente esos tres países conforman el triángulo norte, el de mayor índice de violencia, en Centroamérica.
Esto, en concreto y para fácil entendimiento, quiere decir que antes de llegar a Estados Unidos las personas que sienten amenazadas sus vidas en sus países de origen, deben pedir refugio en uno de estos tres países. O también, que, pidiendo refugio a los Estados Unidos desde la frontera mexicana, pueden ser llevados a uno de esos tres países a esperar la respuesta. Estados Unidos está negociando con Costa Rica, Panamá e incluso Colombia. Negociar significa imponer. “Si no aceptas esta propuesta subo los aranceles a tus productos de tal manera que tu economía quede reducida a su mínima expresión y te quito los apoyos que puedas recibir a través de los organismos multilaterales de préstamos.” Es decir, o lo aceptas o lo aceptas. Es el ganar-ganar, que imponen todos los fundamentalismos.
Para las personas que huyen de la violencia, este es un golpe mortal, pues sabemos que los actores armados no estatales, léase maras y el crimen organizado, circulan libremente por esas fronteras. Es decir que para una mujer salvadoreña que huye para que la mara no reclute a su hijo o a su hija, buscar “refugio” en Honduras o Guatemala, será tan riesgoso como quedarse en su propio país. Es una trasgresión total del derecho de asilo para los centroamericanos y tal vez pronto para los colombianos, que tienen el número más alto de desplazados en el mundo y donde la violencia está recrudeciendo diariamente.
Si tu país es declarado “tercer país seguro”, entonces tu posibilidad de buscar refugio se reduce exponencialmente. Cómo vas a pedir refugio si provienes de un “país seguro”, te dirá el funcionario que se ocupa de recibir tu solicitud. Esta es una forma de eliminar la institución del asilo o refugio con maquillajes que reducen la Protección Internacional a una expresión caricaturesca violando la dignidad y la vida de las personas. Esta acción fortalece a su vez las puertas de la discrecionalidad para rechazar solicitudes legítimas de refugio o asilo.
A esto se suma la brutal actuación de la migración estadounidense de separar a padres e hijos y recluir niños menores en cárceles esperando que “se resuelva” la situación migratoria de sus padres o madres o ambos. Según cifras de esos propios servicios migratorios, 1300 de estos niños y niñas no se sabe dónde se encuentran. Es decir, este papá o esta mamá no volverá a ver a su hijita o hijito. Padres, madres, hijos, hijas pagan por el “crimen” de verse obligados a huir o a migrar para tener una vida un poco mejor, pero de hecho más segura.
La barbarie llevada a la persecución de los más débiles, burlándose de ellos, ofreciéndoles refugio en los países de mayor violencia en Centroamérica, clama una respuesta fuerte de gobiernos y organizaciones dignas, con capacidad de ser escuchadas. Sabemos que enfrentan contradicciones fuertes en el tema de donantes, pero ello no debe, no puede ser el impedimento de levantar la voz en defensa de los desposeídos.
Es hora que las personas, juristas y organizaciones ligadas a la Protección Internacional a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional de los Refugiados, al Derecho Internacional Humanitario, levanten la voz tal como lo acaba de hacer el secretario del Consejo Noruego Para Refugiados, Jan Egeland en una reciente entrevista. La defensa de estos instrumentos universales es la defensa del Estado de Derecho en nuestros propios países. El Estado Democrático, laico y de derechos está siendo arrollado desde los banqueros y propietarios del Mundo. Si no marchamos contra ello, ni marchamos por nuestros derechos conquistados a lo largo de más de un siglo, estamos dejando que los tractores del fascismo sean los que aren y cultiven nuestra tierra y que nuestros hijos y nietos transiten por esos surcos como esclavos de lo peor de la humanidad.
Ninguna de estas acciones es aislada. La violencia contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo ilegal de las actividades contra sus economías; la exprofesa “ignorancia” de Bolsonaro, la continua vulgaridad verbal de Trump; la sumisión del grupo de Lima, el llamado a la aplicación del TIAR, la brutalidad de las declaraciones guerreristas y el fortalecimiento del papel de las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones sociales y populares, son una parte integral de la estrategia global y certera contra nuestros derechos y en defensa de los privilegios de unos poquísimos en el Planeta.
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