Ayer debía ser un día de participación y transparencia democrática en el Ecuador. Lamentablemente no fue así. La conducción del proceso electoral nunca fue tan manipulada y abiertamente excluyente. Los errores y arbitrariedades del Consejo Nacional Electoral, elegido a dedo por el poder transitorio, dejó ver, sin ningún escrúpulo, cómo sus miembros se contradecían en público sobre las decisiones para el día de las elecciones. Así, nadie en su sano juicio quisiera estar ahora en los zapatos de los Observadores de la Misión de la OEA, pues solo la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social–CPCCS, les garantiza un enorme dolor de cabeza, cuando traten de incorporar en su Informe de Misión las múltiples irregularidades efectuadas en este proceso electoral.
Hablar de un fraude podría parecer excesivo, pero en medio de tanto caos en la organización y realización de los comicios las dudas crecen, pues las acciones y los ataques sistemáticos de todo el aparato del Estado para boicotear las elecciones del CPCCS definitivo fueron evidentes, aunque los medios comerciales y oficiales hicieron todo para ocultarlo. Tan solo en los diez últimos días se pudo presenciar la movilización activa y cínica de tres de las cinco funciones del Estado hacia ese objetivo. Veamos:
Desde el actual Consejo Transitorio hubo un abusivo pedido -de última hora- realizado por Julio César Trujillo a la ciudadanía para respaldar el voto nulo. Esto -recordemos- se suma al también disparatado anuncio del mismo Trujillo en el sentido de que el CPCCS definitivo (este sí elegido por votación popular) no podría rever las decisiones del transitorio, pretendiendo insólitamente tornar no auditable su propia gestión.
Luego vino la intención, desde la presidencia del Legislativo, de restarle competencias al CPCCS, a través de una forzada enmienda constitucional, lo que constituiría una intromisión en otra función del Estado.
Por último, desde el CNE se ejecutaron cuando menos tres intentos distintos de menoscabar la elección de los miembros al CPCCS: el primero, surgió con el Reglamento de Promoción de los Candidatos al CPCCS, instituido por el CNE, que les limitó las posibilidades de realizar sus campañas. Así, el reglamento establece que éstos no recibieran presupuesto alguno, no pudieran beneficiarse de soporte partidista, y que el CNE sea el único ente que los podía promocionar (a discreción negativa, obviamente). Con tales restricciones y dada la intencionalmente funesta labor en la difusión de los candidatos, el CNE creó el contexto ideal para la presentación de acciones legales de privados (ante la Corte Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Electoral) que se orientaron a la posible suspensión de las elecciones. El segundo intento de boicot fue el improcedente cambio en la manera de contar el voto nulo, definido por el CNE apenas veinticuatro horas antes del inicio de los comicios. Por último, y también a pocas horas del inicio de la elección, los candidatos que tuvieron como propuestas revisar el accionar del Transitorio, recibieron notificaciones -la noche del viernes 22 de marzo- por parte del CNE de una eventual descalificación por supuestos apoyos partidistas.
Este conjunto, sin precedentes, de agresiones y anomalías, por un lado nos revela que también desde el Ejecutivo nada se dejó a la casualidad sino que se implantó una multiplicidad de ‘seguros’ antidemocráticos para burlar la voluntad popular. Además de mostrar una inocultable desesperación política del gobierno y sus aliados de ocasión.
Si se quiere entender el porqué de esta desesperación, es imperativo realizar un breve ejercicio ilustrativo de aritmética electoral. Para ello, el primer paso es estimar el llamado “voto correísta”. Hace dos años, en las elecciones presidenciales de 2017, en primera vuelta electoral, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno obtuvo el 38% de apoyo. Hay que destacar que el voto en primera vuelta (donde hay múltiples candidatos disponibles) aproxima mejor el llamado voto duro de un candidato (o partido) que, por ejemplo, el voto de segunda vuelta. Esto se debe a que el voto de segunda vuelta incorpora también a los votantes de los distintos partidos perdedores de la primera vuelta, que redirigen su voto al candidato “más cercano” a sus respectivas preferencias ideológicas y políticas. La pregunta que surge es: ¿cuánto de ese 38% correspondía al entonces presidente Rafael Correa, cuánto al candidato Moreno y cuánto al movimiento Alianza País? Algo imposible de establecer en dicho momento. Sin embargo, la Consulta Popular del 4 de febrero 2018, posibilitó una nueva estimación -más precisa- de un porcentaje de voto duro correísta.
Dicha consulta, ya se sabe, tuvo un origen ilegal (todo documentado en el informe de Misión de la OEA), entre lo que cabe mencionar: la falta de Control Constitucional, la no tramitación oportuna de una demanda de inconstitucionalidad, los distintos bloqueos a la campaña por el NO, entrega tardía de recursos, inscripción de organizaciones fantasmas que falsamente “apoyaban” el NO para así menguar los recursos de la campaña para dicha opción, la censura previa por parte de algunos medios de comunicación, etc.), el uso de recursos públicos para la campaña por el SÍ, la relación de 40 a 1 entre los proponentes del SÍ versus los del NO, entre otros. Todo esto configuró un escenario de “todos contra Correa” que, a fin de cuentas, facilitó la estimación de su voto duro. Sin embargo, pese a todos los obstáculos mencionados en ese momento, como la campaña del “7 veces Sí” y la inclusión de preguntas manipuladoras sobre corrupción, ambiente y protección a menores, el recorrido puerta a puerta realizado por Correa entonces (sin movimiento político ni estructura partidista) logró un respaldo promedio de 37% en las tres preguntas directamente aludidas en su campaña (una de ellas estrechamente relacionada con el CPCCS).
Se puede concluir que del 38% del electorado de 2017, Moreno y Alianza País se habrían quedado con no mucho más del 1%. Si resulta desatinada esta conclusión, valdría preguntarse: ¿por qué el movimiento político más exitoso de la última década no se molestó siquiera en poner candidatos en todo el territorio ecuatoriano?
La otra gran interrogante para las elecciones del CPCCS de ayer fue si Rafael Correa podía transferir sus preferencias electorales a los votantes, sin haber estado en el país, con un movimiento nuevo no identificado directamente con él, y ante la proliferación sui generis de candidatos y el hastío político que parece persistir en una parte de la población. Más aún, considerando que los candidatos al CPCCS fueron figuras nuevas, no militantes de un partido político y que recibieron el apoyo de Correa a título ciudadano. (A diferencia, por ejemplo, de Jaime Nebot que apoyó a sus candidatos hasta con una ‘polla’ publicada en redes).
La respuesta no es sencilla, pues se conoce que en las decisiones electorales el voto no es endosable absolutamente. Pero si fuese así, ¿puede ese 37% de “voto duro correísta” amenazar los planes del gobierno de deslegitimar la elección al CPCCS? La respuesta parecería ser afirmativa a ojos de los más desconfiados funcionarios del gobierno de Moreno, quienes como el país entero pudo observar, no escatimaron esfuerzos para obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral, a expensas, incluso, del costo político que esto conllevaría a la ya calamitosa credibilidad del ‘Primer Mandatario’ y su precario gobierno.
Al cierre de esta Edición no hay información definitiva sobre los resultados electorales, pero Ruta Krítica durante esta semana publicará editoriales y artículos especiales analizando el comportamiento político de la ciudadanía, la forma en que se desarrolló el conteo de votos y las secuelas de unas votaciones plagadas de anomalías por el desbarajuste institucional que hoy vive el Ecuador.
Ojalá que el caos provocado por el Consejo Nacional Electoral, al violentar el Código de la Democracia, no devenga en un fraude electoral selectivo.