Orlando Pérez
Ya no les importa nada, podrán borrar la historia y, como en el 30S, dirán que las víctimas de violaciones de derechos humanos fueron los responsables de sus propias torturas, desapariciones y persecuciones. Ya no saben cómo vengarse de haber sido identificados, procesados y todavía faltan muchos que deberán ser sentenciados por perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
En su discurso -avalado por el silencio y complicidad oficiales- desean anular lo hecho por la Comisión de la Verdad. Nunca aceptaron una entidad con objetivos tan claros. Y para eso empezaron por declarar, desde la Fiscalía, el supuesto “fraude procesal” en el llamado Caso Fybeca. Ahora quieren enjuiciar a 22 personas empezando por Rafael Correa y pasando por Elsie Monge. En ese juicio no incluyen a Julio César Trujillo, que fue parte de estos organismos que dieron lugar al Informe donde se señalan las violaciones de derechos humanos a más de 300 personas.
¿Por qué Trujillo no está incluido? ¿Qué no hizo, no firmó y no actuó como miembro de esa Comisión? ¿Lo quieren blindar para que pueda seguir operando de modo arbitrario y abusivo desde el Consejo Transitorio?
No se puede olvidar que la Comisión de la Verdad se creó por Decreto Ejecutivo y, como otros organismos de esta naturaleza en el mundo, recibió protección judicial e inmunidad frente a cualquier acción desde quienes podrían sentirse afectados. Claro, hoy por hoy no existe ley ni jurisprudencia que sea respetada. Basta con señalar que hay “un clamor nacional”, que se ha “dialogado” con alguien o un grupo, que la “opinión pública” lo dice, para que se ignore una ley, un código, un decreto o una ordenanza. Todo vale.
Lo grave de todo esto es que la cadena de acciones previstas a partir de la determinación de los hechos y los casos descritos en el Informe de la Comisión de la Verdad, que en buena parte está en manos de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, quedará en nada. Y para más: con esas acciones judiciales, ratificadas por el actual Fiscal, los perpetradores han pasado a ser víctimas y demandarán al Estado.
No solo se crea un precedente jurídico irresponsable e increíble sino que en adelante los organismos de represión y los ‘procedimientos’ que se vivieron en los años ochenta con León Febres Cordero tendrán una garantía en un hipotético futuro gobierno socialcristiano.
En pocos días deberá instalarse el juicio para el caso de tortura y desaparición de tres supuestos subversivos, audiencia que además ha sido suspendida en varias ocasiones y que en la primera contó con la presencia de la cúpula militar en pleno, como un acto de amedrentamiento a la justicia. De darse esta nueva audiencia y de no juzgarse a los señalados como los responsables de esos delitos quedará claro que, en adelante, todos los demás procesos dormirán por siempre en los despachos de jueces y fiscales. Así, con la mayor desfachatez política, se habrá sepultado la lucha de miles de personas en defensa de lo que la historia dejó claramente marcado: 300 casos de personas (la mayoría ni siquiera fueron miembros de organizaciones subversivas) violentadas, asesinadas, torturadas y desaparecidas. Noble trabajo el que le ha tocado al actual régimen que, para completar su desidia, desaparece el Ministerio de Justicia.
¿Qué dirá la Defensora del Pueblo al respecto? ¿Permanecerá callada porque ella y sus amigos y compañeros no fueron protagonistas de la historia de esa época? ¿Se dedicará solo a defender a las presuntas víctimas de la década pasada?