Orlando Pérez
El asilo político -así como el refugio y la asistencia humanitaria- es una institución universal, consagrada por casi todos los países del mundo y su origen y naturaleza no puede ni de lejos parecer una condena o un castigo como ahora colocan a Julian Assange las autoridades de la Cancillería ecuatoriana.
El “Protocolo Especial” presentado al fundador de WikiLeaks y a su procurador el 24 de agosto, no solo que contiene algunas faltas al derecho de asilo, sino que reconoce, en la práctica, que las autoridades ecuatorianas atentan contra los derechos de Assange al restringirle una serie de garantías a una persona que no está detenida, que no tiene una acusación ni pesa sobre ella ninguna sentencia penal.
Bastaría con revisar los requisitos que se demandan para visitarlo y entenderemos por qué recibe un tratamiento más riguroso, fastidioso y hasta humillante frente a lo que se haría con alguien en una cárcel común. Por supuesto, la Embajada ecuatoriana en Londres tiene varias limitaciones, pero no es una penitenciaría ni un panóptico ni mucho menos un recinto militar de alta seguridad. No hay justificación para ese “rigor” policial cuando todos saben que Assange ha permanecido ahí más de seis años y todo lo que ocurre en su entorno físico cercano está controlado por el aparato de inteligencia británico.
Con tales requerimientos para el uso de aparatos electrónicos o de comunicación parecería que la sede diplomática se ha convertido en una cueva profunda. No cabe duda de la intención de someter a Assange al aislamiento total, como si hubiera sido uno de los autores de los peores atentados terroristas y que fueron llevados a la base de Guantánamo, en la isla de Cuba.
Y precisamente el numeral 25 de ese “Protocolo Especial” pone en cuestión algo que a ninguna nación o legislación se le ocurriría: dar por terminado el asilo cuando ejerza su derecho de expresión. Bastaría con que Assange diga una coma sobre un tema de interés mundial, aunque fuese el peligro del deterioro de la capa de ozono, para expulsarlo de la sede diplomática.
Es cierto que este “Protocolo” garantiza la atención médica trimestral y, en caso de emergencia, una asistencia inmediata sin obstáculos, pero a la vez demuestra que eso no estaba ocurriendo así, que hubo restricciones y que se pudo llegar a un agravamiento de su salud y hasta la muerte en un caso de crisis inesperada. Y como si fuese un chiste de pésimo gusto le piden a Assange que se encargue de la limpieza de su mascota. ¿No lo ha hecho? ¿Es un problema de orden político y diplomático tener una mascota y no cuidar de ella? A más del ridículo parecería que ese tipo de cosas son las de mayor preocupación, antes que otras que ya se han comentado mundialmente.
Lo de fondo es otra cosa: Ecuador ha sentado un precedente lamentable, anti histórico, políticamente incorrecto, dentro de todas las formalidades jurídicas y diplomáticas. Con ello, además, deja en claro de qué lado está actuando con respecto a Assange. Parecería que el gobierno ecuatoriano es más trumpista que Trump, porque ni EE.UU. aceptaría una cosa así con uno de sus ciudadanos asilados en otro país, como ocurrió en el siglo pasado.
Por supuesto que este “Protocolo Especial” también revela de qué manera se violentaron los derechos de Assange este año y permite observar que los supuestos avances para una solución con un tercer país no han funcionado; por tanto Ecuador queda obligado a cumplir con el asilo por más que le resulte un fastidio. Y además desnuda el cambio de rumbo político del gobierno ecuatoriano, en este terreno: prueba sus mínimas convicciones democráticas y sus postulados en cuanto a derecho humanitario.