Orlando Pérez

La mayor estafa bancaria del presente siglo (donde hay involucrado un alto funcionario de gobierno), la denuncia de un ex entrevistador del canal público y el asilo del ex Secretario de Comunicación evidenciaron a qué juegan los medios tradicionales y oficiales con sus audiencias: el relato de la realidad está ‘matizado’ por una sola versión y visión de los hechos. Y también por un comportamiento troll de los voceros gubernamentales.

La defensa de la libertad de expresión del periodista Mauricio Ayora alias Caterva ya no es motivo de activismo fanático y exultante de aquellos medios, blogueros, tuiteros y ONG que en la década pasada alimentaron sus agendas y discursos con la peor victimización de la historia. Hoy Caterva puede ser condenado por el consejero presidencial frente a un locutor y éste se queda callado. Como tocó al mayor poder político y económico del país (la banca) podría pasar al ostracismo y la Unión Nacional de Periodistas y/o Fundamedios quedarán pasmados frente a sus financistas y auspiciantes.

La renuncia de un presentador de Ecuador TV con una suma de denuncias sobre el manejo arbitrario y poco ético de los administradores no constituye ya motivo de debate nacional o, por lo menos, un escándalo por el (mal) uso de recursos estatales. No hace mucho el solo hecho de suprimir un artículo de opinión en el periódico público, no necesariamente por las opiniones, sino por su pésima redacción, era estímulo para la mayor oleada de “solidaridad”. Y en medio de esa salida hay también una soterrada disputa por el rol destinado a los medios públicos e incautados, a la responsabilidad de pagar puntualmente a los trabajadores y comunicadores y, sobre todo, a la “utilidad” que tienen para el gobierno actual. Pero eso ya no es culpa de la Ley Orgánica de Comunicación.

Igualmente el asilo solicitado o asumido por Fernando Alvarado no se compara con el de su tocayo Villavicencio. Las diferencias son evidentes. Dirán algunos que en el primer caso se atribuye a un supuesto peculado y el segundo a una persecución pura. Lo que nunca se dijo de Villavicencio es si cometió o no un delito. Hubo y hay pruebas de que muchas de sus acciones no eran apegadas a la ley y no al servicio de una causa sino de unos intereses políticos bien identificados. La diferencia es que la arremetida por la “fuga” estuvo cargada de adjetivos y de poca discusión legal sobre su caso. Ya todos dan por culpable al “fugado”. Pero a Villavicencio lo dieron siempre por inocente. Si los dos fueron o fuesen responsables de algún supuesto delito al menos la presunción de inocencia se debió imponer en el relato mediático. Pero no, todo ha sido al revés.

Entonces, ¿qué realidad está reflejada en el aparato mediático totalitario que hoy nos habita? Por lo pronto está más claro que esos periodistas y portales que reciben publicidad del gobierno y los municipios de Guayaquil y Quito no tienen vergüenza sobre el sentido de responsabilidad y la deontología periodística. Es más, algunos, como esos que piden plata para ir tras un ex presidente en Europa no tienen empacho en entrevistar a un alcalde etílico y lavar su imagen o propagar abiertamente su predilección por un alcalde porteño para que nos gobierne, ojalá, el resto de siglo.

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