Orlando Pérez
Ya que estamos en ese afán, aparentemente ético y transparentoso, de conocer toda la verdad de casos donde estarían involucrados funcionarios del anterior régimen; y ya que estamos, con Julio César Trujillo a la cabeza, en una cruzada por la verdad y la justicia; y ya que tenemos un Consejo de la Judicatura que promete no responder más que a la ley y la Constitución, ¿dónde quedaron los juicios de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero donde sí están señalados y acusados altos miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, además de figuras políticas de ese régimen, considerado el más represivo de la historia republicana?
Detalle: uno de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura es o fue el abogado defensor de las tres víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad que están pendientes de recibir justicia. Se trata de Juan Pablo Albán. ¿Tendrá alguna opinión al respecto? ¿O ahora su condición de administrador del sistema judicial le impide pronunciarse? Bastaría revisar todas sus declaraciones dentro y fuera del país sobre el tema para pensar que ahora sí actuará y hará prevalecer el derecho sobre la presión castrense, política y mediática al respecto.
Paradójicamente todos quieren justicia en los casos Balda, Lara y Gabela, pero no dicen nada de hechos comprobados, procesados y pendientes solo de condena. Todos los actores políticos ahora son justicieros, apelan al magnánimo Estado de Derechos y consideran que nada debe quedar oculto, sin sanción y mucho menos en la impunidad. Y para eso copan los espacios y cargos de poder político y judicial. Incluso, ahora vienen las ONG más legalistas y defensoras de todos los derechos. Llegan hasta el Jefe de Estado y comprometen sus recursos y talento para que nada quede en la impunidad.
Siendo así, vayamos por partes:
1.- ¿Qué hará al respecto el Consejo de Participación Transitorio prevalido de saldar todas las deudas pendientes en el campo de la justicia, la corrupción y la sanidad pública?
2.- ¿La Defensora del Pueblo que tiene en sus manos la responsabilidad de que el informe de la Comisión de la Verdad se judicialice en los más de 300 casos donde hay pruebas evidentes de la violación de los derechos humanos por desaparición, tortura, persecución y hasta muerte extrajudicial tendrá la misma vehemencia como cuando habla de la criminalización de la protesta social?
3.- ¿El Consejo de la Judicatura, con un socialcristiano al frente, podrá dejar de lado sus afiliaciones y vocación política para exigir que se sometan a la justicia los perpetradores de los actos de violencia institucional?
4.- ¿Los militares que ahora sí dicen tener a un oficial de alto rango, en servicio pasivo, al frente del Ministerio de Defensa, podrá impedir que sus subordinados interfieran en las decisiones de la Justicia y tampoco promoverán actos, entrevistas y presiones sobre los jueces que tienen en sus escritorios todos los casos señalados desde hace casi tres décadas? ¿Ese ministro no tiene nada que ver con los 11 de Sucumbíos?
5.- ¿Los medios de comunicación dejarán de entrevistar a Balda y le darán espacio a las víctimas de León Febres Cordero y los mandos policiales señalados como los principales responsables de las torturas, desapariciones y persecución ilegal?
6.- Si en el gobierno actual tenemos de ministra de Justicia a quien defendió, con altivez y con muchas razones, la persecución legal a los violadores de derechos humanos, sean de donde sean, ¿podrá actuar para generar, con su presidente a la cabeza, la justicia necesaria para reparar a las víctimas y sus familiares, la mayoría de los cuales no pertenecieron a grupos subversivos en los años ochenta y noventa?