Ezequiel O. Salinas
The Texaco-Gulf oil production in Ecuador is the major US interest in this country. Negotiations over the future of this production should not be jeopardized by separate issues. -Cable 1973QUITO03217, publicado por WikiLeaks
The Ambassador had urged the former Supreme Court President to resolve the matter in keeping with legal requirements, and the Embassy will consider how it can help Chevron resolve the current procedural complications of this investigation. -Cable 08QUITO323, publicado por Wikileaks
Wikileaks, una iniciativa de transparencia radical del ahora ciudadano ecuatoriano y ciudadano del mundo asilado en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido, brindó inmensas luces al planeta sobre los manejos secretos de la política exterior estadounidense. Todos sospechábamos de “la Embajada” por su descarada influencia en asuntos internos de nuestro País, pero gracias a Assange, ahora ya contamos con la evidencia.
Luego de la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence, el gobierno de Moreno se presta a entregar a Assange, un ciudadano ecuatoriano, nos guste o no, al imperio. Se materializa la nueva entrega de la soberanía mediante pedidos de reinterpretaciones constitucionales antojadizas (y con apenas 57 votos) sobre los tratados de inversión: se comete el absurdo de querer interpretar la Constitución para dar viabilidad al los artículos inconstitucionales de la Trole 3 sobre TBI y arbitraje. Y se traiciona a las comunidades indígenas agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonía para favorecer a Chevron, una de las transnacionales más poderosas del mundo.
Esta traición se debe añadir al fraude que significaron las preguntas supuestamente ambientalistas de la Consulta Popular, hoy desnudadas por la intromisión del Ejecutivo en las decisiones judiciales respecto a la minería y el plazo vencido de la Comisión para cambiar los límites de explotación petrolera e intangibilidad del Yasuní.
Mediante los cables diplomáticos publicados por Wikileaks y otros documentos, demostraremos la descarada injerencia de la Embajada para favorecer a las transnacionales estadounidenses irrespetando la independencia y soberanía de las cortes e interfiriendo en los procesos arbitrales, a pesar que el mismo tratado bilateral de inversión entre Ecuador y Estados Unidos obligaba a que EEUU no interfiriera, mediante su cuerpo diplomático, en asuntos entre empresas y el Estado.
Ya desde 1973, la Embajada declaraba que Texaco (hoy Chevron) era el mayor interés de EEUU en este país. Durante los 1970s y 1980s, existen decenas cables que evidencian la injerencia de la Embajada con políticos y funcionarios del gobierno ecuatoriano al interceder en favor de Texaco. Incluso, la Embajada confesó conocer que un estadounidense, socio de Texaco, solía sobornar a jueces para que los favoreciera y conspirar, junto con «jueces, embajadas norteamericanas y europeas y ministros del mismo gobierno», para “dar una lección” al “régimen” de entonces.
En los 1990s, EEUU presionó para que se firme el Tratado de Protección de Inversiones, que fue ratificado de manera irregular, saltándose instancias en el entonces Congreso.
Los cables reportan que antes de 2006, EEUU ya venía interfiriendo a nombre de Chevron ante las autoridades ecuatorianas. En un cable, la Embajada dice sorprenderse que “en esta ocasión” el representante de Chevron les pidió que el gobierno de EEUU no interfiriese. Y la misma Embajada concluye que las instancias judiciales y arbitrales avanzan y que no requieren intervención del gobierno de EEUU “por el momento”.
En el 2008, ya fue el momento, pues la Embajada reporta que intercedió a favor de la compañía ante el entonces Ministro, quien desestimó el asunto por tratarse de un juicio entre privados. La Embajada también confiesa que se reunió con el entonces Presidente de la Corte Suprema para interceder a favor de Chevron. Y reporta a Washington que seguirá pensando en “cómo puede ayudar a Chevron”. Ese año, la embajada ya mostraba su preocupación respecto a los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución y decía que podría aprovecharse para “también” hacer responsable a Petroecuador de los daños ambientales de Chevron. Incluso, mencionan el asunto en una reunión de congresistas estadounidenses con el entonces Presidente Correa, en la que él responde que es importante “mantener imparcialidad ante el proceso judicial” pero que al mismo tiempo, “como ciudadano y como Presidente, tenía la obligación de mostrar simpatía y solidaridad con las comunidades afectadas”.
No es la primera vez que la Embajada violaba el TBI con sus actos de interferencia a favor de transnacionales petroleras. Ya en 2004, en un cable secreto, la Embajada reportaba a Washington que la Embajada continuaría a presionar silenciosamente a los funcionarios del gobierno ecuatoriano sobre el caso Oxy. Y en 2005, la Embajada amenazó al entonces Presidente Gutiérrez que la declaración de caducidad de la Oxy le costaría al gobierno del Ecuador el apoyo del gobierno de EEUU.
En el año 2009, funcionarios de la Cancillería de Fander Falconí informaron a la Embajada que Ecuador daría por terminados los tratados bilaterales de inversión una vez que la Constitución entró en vigencia; gracias a Wikileaks sabemos que la Embajada sabía desde hace tiempo ya que esos tratados violan la Constitución.
La Embajada mostró su molestia ante la decisión de dar por terminado el TBI con EEUU, pues esto se suma a las preocupaciones respecto a: “el decreto presidencial de las licencias obligatorias para medicamentos patentados, la relación de Ecuador con el banco de exportaciones iraní, la precaria renegociación de la construcción del aeropuerto, negociaciones problemáticas sobre los programas de asistencia de la USAID, los alegatos de Chevron sobre corrupción en la corte, la decisión del Ecuador de no renovar la base de Manta, entre otros.” Quizás a esta lista de entonces hay que añadir la denuncia del TIAR, el asilo a Julian Assange y el salvoconducto a Snowden, quienes con las revelaciones sobre la NSA (o Vault 7 de la CIA) han mostrado al mundo los pormenores del espionaje masivo y global del gobierno de EEUU en contubernio con sus transnacionales. Pero estas prácticas de que las empresas privadas compartan enormes cantidades de información con el gobierno de EEUU no es reciente: según un cable enviado a Quito en 1976, publicado por Wikileaks, el mismísimo Henry Kissinger revela que la socia de Texaco en Ecuador, la compañía Gulf, compartía “verbatim” todos los telegramas internos de la empresa con el Departamento de Estado y “otras agencias de Washington”.
Ya en el gobierno entreguista de Moreno, la Embajada ha tenido vía libre para chantajear públicamente en reiteradas ocasiones respecto a la necesidad de retomar el TBI con EEUU utilizando sus acostumbradas amenazas comerciales. Las prácticas enraizadas en la praxis de la Embajada parecer ser más poderosas que las posiciones en contra del arbitraje y en contra de los TBI de su mismo gobierno y de declaraciones expresas del USTR –equivalente al ministro de comercio exterior– Robert Lighthizer.
El New York Times ha revelado que el Embajador chantajeó al Ecuador con temas comerciales para que no proponga una resolución pro-lactancia materna en la Organización Mundial de la Salud. Como también lo dice explícitamente el New York Times, el objetivo de EEUU es eliminar la posibilidad de etiquetados informativos para el consumidor y desmantelar el semáforo de alimentos –catalogado como un “irritante” que debe «resolver» Pablo Campana–.
En ese contexto, la ciudadanía debe tomar muy en serio las declaraciones de Pablo Fajardo, del Frente de Defensa de la Amazonía respecto a posible corrupción de la Corte Constitucional para favorecer a Chevron. Ya desde hace algunos meses, organizaciones mundiales de derechos humanos denunciaron que Pablo Campana estaba entablando diálogos con Chevron para resolver el “problema” de hace 23 años. Esto solo puede referirse al juicio entre privados –el de los compañeros amazónicos– pues el arbitraje vigente entre Chevron y el Estado lleva menos de una década.
Pablo Campana celebró el 4 de julio junto con la Embajada, y brindó por “la estabilidad jurídica y la previsibilidad”.