Tendemos a pensar que la historia está compuesta por saltos y rupturas dramáticas de tiempo, espacio y, sobre todo, personajes, que de alguna manera no llegan a conectarse. Cuan equivocados podemos estar y cuánto nos puede costar, como país, esta percepción errada, y aún peor cuando nos olvidamos de aquéllos que propiciaron las mayores debacles del país y son convidados nuevamente por el poder político, casi resucitados de sus mortajas y armados de herramientas quirúrgicas listos para practicarnos una lobotomía social e histórica. Todas y todos los ecuatorianos recordamos el “Feriado Bancario” de 1999, pero cuántos logramos conectarlo con el antes y después y mucho menos con los tiempos actuales.
En el Registro Oficial 149, de 16 de marzo de 1999, se publicó el Decreto Ejecutivo 685, de 11 de marzo de 1999, en que se declaró en estado de movilización a las instituciones financieras públicas y privadas, quedando sujetos a la Ley de Seguridad Nacional, los depósitos, captaciones, crédito directos, y demás operaciones, ordenándose la emisión de los certificados de depósito, como títulos valores endosables. Se reglaba así los efectos del llamado “Feriado Bancario”. ¿Pero cómo llegamos a este Decreto?
En 1924, se descubre en la península de Santa Elena, el primer pozo petrolero del Ecuador, iniciando la producción en 1925, en tanto en el oriente ecuatoriano, en 1967, se perfora el primer pozo productivo, el Lago Agrio N.1. En 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), en 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Así nuestro país irrumpe de lleno en el escenario de los “Estados petroleros”, con lo que, también nos convertimos en sujetos de crédito internacional. Tanto el sector público como el privado empezaron a contraer deuda. Al finalizar 1979 la deuda del sector privado se había incrementado en 55 veces, desde 1971.
Mediante Decreto Ejecutivo 2085, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 585, de 23 de septiembre de 1983, se autorizó al Ministro de Finanzas y Crédito Público y a varias autoridades del sector público, para que suscriban convenios que permitan el refinanciamiento de la deuda del sector público y privado, así como la obtención de nuevos recursos. El 7 de octubre del mismo año, se emite otro Decreto Ejecutivo, 2117 publicado en Registro Oficial 596, del 11 de octubre de 1983, en que se incluyó la deuda no sólo de bancos sino de toda persona natural o jurídica del sector privado. Ya para entonces la Junta Monetaria había expedido regulaciones que obligaron al Banco Central a asumir la deuda privada, mediante compensación, capitalización y conversión de deuda.
Se instrumentó así el proceso de sucretización, el primer gran robo a las arcas estatales o el mayor subsidio de la historia a favor del sector privado, y que no fue más que el mecanismo por el cual el Banco Central del Ecuador y por ende todo el pueblo ecuatoriano, asumió la deuda externa que mantenía el sector privado nacional con la banca privada internacional, que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo “que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado de $ 4.462 millones”, según estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008. En 1983 era presidente el demócrata popular Osvaldo Hurtado Larrea, que asumió el poder a la muerte de Jaime Roldós Aguilera. ¿Pero de dónde venía Hurtado?
La Democracia Popular, en sus orígenes se denominaba Democracia Cristiana que surgió a partir de la salida de un grupo de militantes del entonces Movimiento Social Cristiano. En 1977 se realizó un rediseño para formar un nuevo partido y surgió la Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana, que fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral en 1979, teniendo como su primer dirigente a quien ya se había desempeñado como Director Nacional del Partido Conservador, Julio César Trujillo. Quien además fue candidato presidencial por dicho partido en las elecciones de 1984, obteniendo el 4,70% de votos.
En 1984, gana la presidencia León Febres Cordero, y como tendencia es tendencia de derecha por supuesto, prosiguió con lo que se llamó la sucretización ampliada, a través de la Junta Monetaria (JM) que “expidió la Regulación No. 201-84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se extendieron aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa ‘sucretizada’ extendiendo los plazos de pago de 3 a 7 años; igualmente se congeló la comisión de riesgo cambiario, ya que la tasa definida en la Regulación 101, no se ajustó a la ampliación de plazos, adicionalmente se aumentó el período de gracia de 1 año y medio a 4 años y medio”, señala el informe de la Comisión Auditora ya citada.
En lo posterior Sixto Durán Ballén (1992-1996) apuntaló el desmantelamiento del Estado, mediante las privatizaciones, y reformas legales que favorecieron a la banca comercial privada, tendencia que no fue revertida ni por Bucaram, ni Alarcón por lo que cuando llegó un nuevo demócrata popular al poder en 1998 el escenario de corrupción e impunidad, iniciado con Hurtado, estuvo listo para explotar en la cara de los ciudadanos ecuatorianos. Ya para entonces desde 1983 se habían suscrito 13 cartas de intención con el FMI, suscritas por gerentes del Banco Central como Abelardo Pachano, Carlos Julio Emmanuel, Mauricio Yépez entre otros actores vinculados a la banca.
En 1998 el partido demócrata popular presenta como candidato a Jamil Mahuad, quien triunfa en los comicios en que el Partido Social Cristiano no presentó fórmula presidencial, nada en política es casualidad y menos aun cuando la Constitución de la República que entró en vigencia en 1998 rezaba en su Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda que: “el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
En este lapso de tiempo de gobiernos bancocráticos y privatizadores, Julio César Trujillo fue Diputado por su provincia de Imbabura (1986-1988 y 1990 1992) y por la provincia de Pichincha (2003-2006), incluso fue Vicepresidente del Congreso Nacional (1986-1987) y cómo olvidar que fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (1997-1998) por Pachakutik, luego de separarse de la alicaída Democracia Popular. Un movimiento creado en el año 1995, y que en el año 2002 fue uno de los puntales para la victoria que alcanzó Lucio Gutiérrez, que también firmó la consabida Carta de Intención con FMI.
No es sorpresa entonces que encontremos nuevamente a Julio César Trujillo y un lenguaje político conocido por él: privatizaciones, cartas de intención, banca comercial en el poder, desmantelamiento del Estado. No debe sorprendernos tampoco que desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio apoye la destrucción de la institucionalidad y los mecanismos legales que durante la década de la Revolución Ciudadana se establecieron precisamente para evitar los males que al parecer no le son extraños.