Unas ideas para entender la crisis penitenciaria ecuatoriana

Consuelo Bowen|Política|

Muchos análisis se han realizado en los últimos días sobre la crisis penitenciaria y sus causas, sin embargo pocas han trascendido la inmediatez de las muertes y masacres internas recientes, ocurridas en los centros penitenciarios, concretamente los ubicados en la ciudad de Guayaquil.

Los factores son varios y ninguno se relaciona con la supuesta toma del control por parte de las autoridades carcelarias, como alegan funcionarios del actual gobierno. Es todo lo contrario. Y es que precisamente no tener ni la experiencia, capacidad o conocimiento en materia de rehabilitación social llevó a cometer graves errores a las personas que asumieron el manejo del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y posterior Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, todo ello adobado por un importante recorte presupuestario al sistema carcelario del país.

Cuando Roxana Alvarado se deshizo del control, que tenían los ministros hasta ese momento, de la elaboración de informes para la aplicación de los distintos regímenes de cumplimiento de pena, por parte de los jueces de garantías penitenciarias, otorgando esa capacidad, léase poder, a los propios centros carcelarios, abrió la llave para una cascada de imperdonables acciones equivocadas posteriores, como los permisos para la entrada de objetos ajenos a los centros como ventiladores, cocinas y hasta televisores, contribuyendo a la vulneración de mecanismos de seguridad que empeoró con la gestión de Ernesto Pazmiño.

Las cosas se agravaron con la salida de funcionarios operativos en los centros de rehabilitación social, del ex ministerio de Justicia, incluso se llegó a delegar funciones administrativas a los mismos privados de libertad. Y entonces el caos reinó. Caos que ha quedado consignado en fotos y videos que registran desde adentro, de la mano de los privados de libertad (que se supone no deben tener ningún medio electrónico), escenas de fiestas como de muertes.

A todo esto, las autoridades del actual gobierno abandonaron la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios, con la cual se aspiraba a contar, no solo con la cantidad adecuada de personal, sino que además sea el adecuado. Durante el año 2016, en el marco de este proyecto se dio continuidad al proceso de formación académica de 322 aspirantes a guías penitenciarios en la escuela de Formación de Tres Cerritos, ubicada en el cantón Pasaje, en El Oro. Y cómo no recordar que tristemente se perdió la vida de la directora de un centro carcelario. No sólo se trata de buena voluntad sino de contar con herramientas que permitan identificar posibles problemas y amenazas. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Sistema Nacional de Rehabilitación implementaron un Modelo de Gestión Penitenciaria, con el que se empezaron a superar las dificultades estructurales del sistema, y cuyo objetivo fue dignificar y democratizar las condiciones en las que conviven las personas privadas de la libertad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Dicho modelo hoy no existe más.

Cabe recordar que de acuerdo al Artículo 674 y 675 el Sistema de Rehabilitación Social está a cargo de Organismo Técnico y su Directorio  integrado por las o los ministros o sus delegados encargados de las materias de justicia y derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y el Defensor del Pueblo. En otras palabras lo que ocurre en los centros carcelarios del país no es responsabilidad solamente del Servicio que reemplazó al Ministerio de Justicia.

Producto de este modelo por ejemplo, se instalaron 37 unidades médicas al interior de los centros penitenciarios asumiendo el Ministerio de Salud su rol en relación a la salud de las personas privadas de libertad. Asimismo durante el 2016, último periodo completo del gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró la vinculación de 17.711 personas privadas de libertad a actividades productivas y laborales. Por medio del Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-004, se regularizó la vinculación laboral en relación de dependencia de las personas privadas de libertad. En los centros de privación de libertad se encontraban en funcionamiento talleres laborales de para la elaboración de textiles, carpintería, panadería, metalmecánica, etc. Esto permitió que en el 2016, los privados de libertad se certifiquen en competencias laborales en carpintería y metalmecánica.

Se creó la primera cooperativa de producción artesanal de personas con beneficios penitenciarios, conformado por 21 personas que se habían acogido al régimen semi-abierto y abierto de pre-libertad. El objeto de esta cooperativa fue la elaboración y comercialización de productos artesanales a través de la marca “Once, Once”. Este fue un proyecto que se ejecutó para conformar la Cooperativa de Producción Artesanal de nombre ‘Mushuc Khallarina’, ganadora de los Fondos Concursables con asignación económica concedida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El 29 de noviembre de 2016 se realizó el evento de lanzamiento de la marca en el local de Quito de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

En el 2016 las bibliotecas al interior de los centros de privación de libertad formaban parte de la Red Nacional del Sistema de Bibliotecas, fortaleciendo los procesos educativos y culturales con más de 90.000 libros. Hubo un aumento paulatino en la participación de PPL en actividades culturales. Al tercer trimestre de 2016, se registró un promedio mensual de 5.901 personas privadas de libertad que participaban activamente en actividades culturales en los CRS del país. En los diferentes CRS del país existían 24 grupos musicales, 5 grupos de danza y 6 grupos de teatro. Durante 2016 habían participado 12.898 PPL en actividades deportivas como: ecuavóley, básquet, indorfútbol y fútbol, gimnasia, caminata, trote y ping-pong. Estas actividades se generan gracias al trabajo coordinado con el entonces Ministerio del Deporte.

Para el año 2009 menos del 10 % de la población penitenciaria accedía a este derecho ya que los centros de rehabilitación social no contaban con espacios adecuados para los procesos formativos, ni con docentes y el nivel de deserción de los privados de libertad en ese entonces era del 50%. En 2016 alrededor del 30% de los privados de libertad forman parte del sistema nacional de educación. Al cierre de ese año 8.125 personas privadas de libertad, formaban parte del sistema educativo formal ecuatoriano (educación básica, bachillerato y educación superior). De ese número, 386 se encuentran vinculadas a programas de educación superior, ocho personas obtuvieron su título profesional de tercer nivel durante su privación de libertad y dos obtuvieron su título de cuarto nivel en 2017.

El desechado modelo además permitió la implementación de sistema de visitas a las personas privadas de libertad, evitando el descontrol de quienes ingresaban, quedaron atrás los días en que al final del día sobraban las cédulas de identidad de las personas que ingresaban a visitar a los reos. También se implementaron los llamados “Economatos” que eran tiendas al interior de los centros en que no circulaba dinero sino que se descontaban los productos adquiridos por los internos, de cuentas que mantenían sus parientes. 

La mejora en infraestructura y la implementación progresiva del modelo de rehabilitación social incidió en el descenso de las muertes violentas en los Centros de Privación de Libertad, entre los años 2014 a 2016, 9 casos reportados. En lo que va del 2019 existen más de 14 muertos en las cárceles del país.

La solución no es poner policías armados al interior de las cárceles, contrariando los estándares internacionales en esta materia, ni colocar a las Fuerzas Armadas en funciones para las que no están preparadas, sino en retomar lo que se venía haciendo con el modelo de gestión penitenciaria o de rehabilitación social. Pero estamos ante un gobierno que no le importa sacrificar la vida de las personas, que muchas veces la sociedad considera desechables, para seguir en su derrotero de “descorreizar” el país. 

¿O será que en el marasmo privatizador también se incluye a las cárceles? Es conocido que en EE.UU. el pago por mantenimiento de reos, hace que las empresas dedicadas a este ‘emprendimiento’, hagan lobby para el endurecimiento de penas. El hacinamiento carcelario en este país supera el 300%. 

Invertir en rehabilitación social no es a primera vista un “buen negocio político”, a pocos le importa lo que suceda con las personas privadas de libertad, pero deberían. La seguridad y control de las cárceles repercute en el control y seguridad en las calles. Permitir el rearme de bandas delincuenciales y el despojo de cualquier actividad productiva son factores primordiales para el caos actual tanto adentro como afuera de las murallas penitenciarias.