CPor diversos medios y en distintos ámbitos, desde el 2011, las organizaciones de mujeres nos hemos apropiado, y con todo derecho, de la cifra arrojada por la Primera Encuesta de Relaciones Familiares, de que cada 10 mujeres 6 han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Con este número o dato duro como dirían los cientistas sociales, hemos tratado de convencer a la sociedad ecuatoriana, de la cual somos el 50% o más, de que el ser mujer es ya de por sí un riesgo generado por el machismo e incluso la misoginia existente.
Ahora estamos levantando la voz porque cada 72 horas una mujer es víctima mortal de la violencia machista. Desde que se tipificó el femicidio, como nombre propio de la muerte de mujeres en un contexto de discriminación y desigualdad de ejercicio de poder, la cifra se incrementó o se transparentó. Según cifras anunciadas por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos 653 mujeres habrían sido víctimas de femicidio desde el 2014 hasta mayo de 2019, aunque las cifras oficiales no coinciden y de acuerdo al INEC la cifra es de 308 a diciembre de 2018.
En el 2007 se declaró a la erradicación de la violencia de género como política de Estado; una de las acciones concretas fue la incorporación del femicidio al catálogo penal, así como establecer que la violencia física, que produce incapacidad por más de 3 días y la psicológica, en el ámbito intrafamiliar constituyen delitos, esto en el ámbito de la sanción. En relación a la atención, por ejemplo, se creó una red de casas y centros de atención con organizaciones no gubernamentales para atender a mujeres víctimas de violencia basada en género con apoyo financiero del Estado. Para la prevención se realizaron campañas como Reacciona Ecuador, el machismo es violencia para concienciar a las y los ciudadanos sobre las conductas violentas contra la mujer, que provienen de una construcción social machista que debe y puede ser transformada.
Sin embargo, todo este esfuerzo fue derrotado por presidente Lenín Moreno, quien además de recortar el presupuesto para la política de erradicación de la violencia de género, en el Informe a la nación del pasado 24 de mayo, recomendó a los hombres “dar libertad” a las mujeres para que se vayan. Los hombres enamorados dijo entonces con total desparpajo el primer mandatario. Mencionó además a una “Misión mujer” gracias a la cual y según estadísticas gubernamentales habría disminuido el femicidio en el Ecuador…
En tanto y tal vez al mismo tiempo en que se escuchaban las palabras de Moreno en el recinto de la Asamblea Nacional, perdía la vida en manos de su cónyuge María Paulina Ramírez, de 42 años de edad, quien fue golpeada por este y al huir cayó empeorando su estado. Así lo informaba la radio “La Voz de Milagro”. El día anterior la Fiscalía General del Estado había emitido un comunicado en el que informaba el inicio de la instrucción fiscal, por tentativa de femicidio, contra un hombre de 54 años que agredió a su expareja de 16 años, que estaba embarazada.
Dos días antes, el 21 de mayo, los medios informaban de la muerte violenta de una mujer de 20 años de edad, en Manabí. Su victimario la expareja que le pidió perdón por Facebook. Para el 15 de mayo, y en menos de 24 horas, ocurrieron dos femicidios, uno en Babahoyo y otro en El Triunfo. En ambos casos exparejas dispararon a las mujeres.
Sin embargo de estas noticias, publicadas por los medios de comunicación, permanentes aliados del actual régimen, y de las cifras tanto oficiales como de la sociedad civil, Moreno aseguró que los femicidios habían disminuido. La negación de los hechos no hace una realidad ciertamente.
En vez de fortalecer y mejorar la política de Estado de erradicación de la violencia de género, el actual gobierno, en noviembre de 2018, presentó la denominada Misión Mujer, a cargo de la “Primera Dama”. Regresando a la filantropía y a las acciones retaceadas propias de un gobierno que no entiende que el quehacer del Estado no consiste en la suma de buenas voluntades y de feminismos de oportunidad, incluyendo a líderes de derecha que se declaran como tales.
Desmantelaron el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a cargo de la política de Estado ya referida, y lo convirtieron en dos secretarías con rango de ministerios, en una inentendible austeridad que multiplica e inutiliza a los organismos estatales. Abandonaron por completo al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el mecanismo constitucional para la defensa de los derechos de las mujeres, dejándolo con menos de un millón de dólares como presupuesto para el 2019, de los cuales el 90% es para gasto corriente.
Un Estado que se achica y deja en indefensión a las ciudadanas, que ahora deben esperar por una suerte de manumisión por parte de los hombres según recomendó Moreno. Sin política pública, sin recursos económicos, sin institucionalidad y con la manumisión aconsejada nos toca retomar como movimiento de mujeres la reivindicación de nuestros derechos, para no morir, para no seguir muriendo.