El ataque contra las universidades públicas no es nuevo. Tampoco es exclusivo del modelo neoliberal. Al ser un espacio en el que han surgido voces críticas contra el sistema de dominación imperante, ha sido el blanco de embestidas de los gobiernos antipopulares que, puestos al servicio de la clase dominante, han querido evitar a toda costa que de sus entrañas emerjan cuestionamientos contra el orden establecido.

La universidad pública también ha sufrido las arremetidas de los propagandistas de las oligarquías que, mediante sus mercenarios de tinta y de micrófono, han pretendido desprestigiarla, acusándola de ser guarida de subversivos o, simplemente, de vándalos, tal como lo han hecho en Colombia contra la Universidad Nacional.

Solo bastaría revisar los archivos de los noticieros de televisión para ver como los medios de comunicación al servicio del capital, han estigmatizado a las universidades públicas, sobre todo cuando estas han asumido una posición en defensa de los intereses de la clase trabajadora, del pueblo.

El objetivo, por tanto, a lo largo de la historia de las instituciones públicas de educación superior, ha sido convertirlas en claustros alejados de la lucha popular, de la rebeldía para, como decía Agustín Cueva, transformarlas en torres de marfil en las que, además, es imperativo que se destierre el pensamiento crítico, el marxismo al que, con la complicidad de muchos docentes universitarios, se lo ha mostrado como innecesario y obsoleto.

Debemos tener algo claro: la universidad forma parte de las instituciones del Estado en la cual se reproducen las ideas necesarias para la defensa del sistema y, como es obvio, los profesionales que en ella se forman deben ser funcionales para consolidar la dominación de clase. Abogados que defiendan a los empleadores, administradores al servicio del empresario, comunicadores que se sometan a la línea editorial de los dueños de los medios de comunicación, son algunos ejemplos. Y para ello, contribuyen con su trabajo muchos docentes.

Al interior de las universidades públicas se reproduce en pequeño lo que sucede a nivel macro: hay contradicciones y lucha entre diversos sectores por su nivel de conciencia política, por sus ingresos, por su posicionamiento en defensa de una u otra clase y por su comportamiento y actitud que asumen ante los problemas que surgen en la sociedad misma.

No se puede pensar que en la universidad pública hay un criterio único en defensa de los más pobres o en defensa de la lucha de los pueblos contra sus explotadores y opresores. Existen estudiantes y docentes con ideas retrógradas. Bastaría escuchar los criterios que esgrimen en las aulas universitarias, unos y otros, sobre lo que sucede hoy en Venezuela y como toman partido en defensa de la oposición al gobierno bolivariano e incluso apoyan una intervención armada por parte de Estados Unidos contra la Patria de Bolívar.

Entonces hay que desmitificar la idea de que la universidad pública es una institución al servicio del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como diría Lincoln.

Ahora bien, si esto no es así, tampoco significa que dentro de ella no se forjen profesionales implicados con las necesidades de los pueblos. Por supuesto que existen docentes y estudiantes que, con sus actividades y proyectos, y en su misma vida profesional, se han puesto del lado de las mayorías y han trabajado y luchado por los sectores populares.

En las instituciones universitarias, públicas y privadas, hay una lucha también entre la intelectualidad que se pone del lado de los explotadores y del imperialismo y la que le hace frente.

También hay una burocracia dorada que defiende sus privilegios, sus canonjías y grupos que han convertido a la universidad en su espacio para el desarrollo de actividades politiqueras en defensa de sus intereses particulares. Es lamentable que las autoridades universitarias conviertan a la academia en un espacio para el pago de favores políticos, para sostenerse en el cargo. Así sucede, por ejemplo, con muchos de los contratos hechos a docentes universitarios, con la designación de cargos directivos o con condecoraciones inmerecidas a gobernantes de turno.

Son esas cuestiones las que hay que analizar y criticar cuando se hable de la defensa de universidad pública, principalmente.

Y no hay que perder de vista, además, los aspectos relacionados con la actividad académica del profesor universitario, el cumplimiento de actividades, la preparación de clases, el comportamiento en su entorno, la voluntad de trabajo.

¿Puede considerarse positivo, por ejemplo, que un maestro utilice diapositivas para dar una clase y que lea textualmente lo que en ellas ha elaborado? ¿En qué se diferencia esta práctica del dictado que hacían ciertos maestros en épocas pasadas? La educación bancaria no ha sido superada del todo.

¿Es justo que los profesores falten permanentemente a clases y que al final de un semestre quieran recuperar en un día sábado todas las clases perdidas? ¿Por qué no asisten a su lugar de trabajo?

Entonces nos encontramos con elementos que van destruyendo a la universidad desde dentro por su falta de interés en la actividad educativa, porque no preparan la materia, porque tienen comportamientos negativos con las y los estudiantes, a través de los cuales ponen en evidencia mecanismos de manipulación y de dominación.

De parte de las y los alumnos también existen personas que tienen una dejadez total, un desinterés por prepararse. El triunfo del meme por sobre el análisis y la crítica política, lo banal sobre lo profundo y radical, el individualismo sobre la solidaridad, el servilismo sobre la rebeldía, la estigmatización sobre el cuestionamiento serio y sustentado del docente y de la educación misma.

Esos son elementos que también hay que tener presentes cuando se defienda la universidad pública. La crítica y la autocrítica son necesarias en estos momentos claves en que quieren destruirla.

Uno de los cuestionamientos por parte de funcionarios de gobierno hace relación a los altos sueldos que ganan los docentes universitarios y sus autoridades.

Debemos dejar claro algo: todos quienes trabajan deben tener un salario digno y se debe luchar permanentemente porque esto se haga realidad.

La docencia es una actividad que, al igual que otros trabajos, implica un gran desgaste de energía física y mental. Las y los docentes, cuando hay responsabilidad en el ejercicio de la actividad académica, dedican horas extras a la preparación de sus clases. La impartición del conocimiento implica necesariamente investigar, adentrarse en el estudio mismo de la realidad. Es un trabajo duro y debe ser reconocido.

Hoy quieren cuestionar los sueldos de un profesor universitario, minimizando el trabajo académico, para así justificar la reducción salarial. Quieren precarizar el trabajo docente, mientras callan ante los sueldos que ganan generales en el ejército y policía y menos que se atrevan a plantear reducción del presupuesto de esas instituciones represivas.

El problema de la defensa del presupuesto universitario no tiene que ver exclusivamente con la defensa de las remuneraciones. Defender el presupuesto tiene que ver con la necesidad de mantener y desarrollar un sistema que sin recursos quedaría a la deriva, puesto que no se podría innovar tecnología, comprar el instrumental necesario para cada carrera, adecuar los espacios académicos y tampoco podrían las y los docentes acceder a otros campos de formación profesional, ni investigar.

Rechazar la disminución del presupuesto, también tiene relación con la defensa de los puestos de trabajo de quienes posibilitan que la universidad pública funcione adecuadamente, como trabajadores y personal administrativo.

Que la ejecución del presupuesto por parte de las autoridades no sea la adecuada, no tampoco puede ser pretexto para reducir la entrega de recursos a la universidad. Es como si a un paciente le disminuyeran la dosis de sus medicamentos porque no cumple adecuadamente con las indicaciones médicas. Lo que hay que hacer es corregir esos problemas. Es verdad que muchas veces hay ineficiencia por parte de las autoridades, pero eso, la comunidad universitaria debe enmendarlo.

Sí, la universidad debe cambiar. Es una institución que debe democratizarse para que todas y todos quienes la conforman conozcan en que se destinan los recursos, para que las autoridades puedan ser revocadas en cualquier momento de su mandato si incumplen con sus actividades, para que haya un cuestionamiento público del trabajo de un docente que no cumpla sus tareas, así como de estudiantes que no se preocupen de su formación profesional, para hacer frente a la prepotencia que se da en diversos espacios universitarios, porque muchas y muchos de sus funcionarios piensan que, en vez de servir y atender a la comunidad universitaria, deben utilizar sus cargos para mantener sus micro poderes mediante el abuso.

Si esto no se corrige desde dentro, los enemigos de fuera tendrán los pretextos para acabar con la universidad o, simplemente, para domesticarla, tarea a la que muchos de los que desde dentro no quieren cambiar nada, estarán gustosos de sumarse.

Defendamos la Universidad Pública, contra los enemigos de dentro y de fuera.

Por Editor