A las leyes aprobadas este último fin de semana -por una mayoría estrecha- queda pendiente reformar o aniquilar el Código Monetario y Financiero. Con eso, el bloque neoliberal ecuatoriano (ahora en el poder político con Lenín Moreno como su brazo ejecutor) habría desmontado la arquitectura jurídica del modelo económico de la Revolución Ciudadana y de los principios rectores de la Constitución de Montecristi.
Para lograrlo el régimen neoliberal ha usado y seguirá usando todas las posibilidades (legales e ilegales): crear escenarios de supuesta desestabilización con periodistas difundiendo ‘fakenews’ o allanando casas de allegados a los asambleístas para “ponerlos en orden” a estos últimos y con eso garantizar el alineamiento en la votación, negociaciones por debajo de la mesa con los grupos de poder que tienen empleados en algunos legisladores y, por supuesto, la amenaza de la muerte cruzada.
Y en medio de eso también hay mentiras monumentales, como la del tuit de Moreno, “aceptando” lo que, según él, le han sugerido “líderes políticos y sociales, emprendedores y empleados”. Nadie supo de esos supuestos diálogos, de una reunión al menos pública o privada donde un representante le sugirió eliminar las contribuciones planteadas en su proyecto de ley. ¿Por qué no escuchó a los gremios y organizaciones sociales sobre la flexibilización y precarización laboral?
Queda claro a quién oye y con quién dialoga. En su más característico estilo taimado, todo lo hace por fuera de lo público y transparente. Y también queda claro que el neoliberalismo zonzo no piensa en el futuro, en una nación con bienestar y menos con una sociedad para el desarrollo: cuenta la ganancia y la codicia de unas élites asquerosas a las que sirven los ministros y asambleístas de CREO, ID, SUMA y AP.
La pregunta natural frente a este nuevo momento es: ¿Cómo logra todo eso un gobierno impopular, débil, desprestigiado con escándalos de corrupción y disputas internas en su gabinete? ¿Basta con la compra, presión o chantaje a 74 asambleístas? ¿Hay algo que no está contado ni evidenciado en Ecuador del manejo real de los poderes con el gobierno y su bloque derechista en la Asamblea?
El gran pretexto lo tuvo en la crisis sanitaria y el estado de excepción. Inmovilizados los actores sociales y la oposición real pudieron incluir en un proyecto de “Ayuda Humanitaria” las exigencias del FMI. Y también gracias a un “torbellino” mediático con los casos de corrupción, los allanamientos y un conjunto de “distractores” políticos (como la salida de Carlos Vera a pedir la renuncia de Moreno o la cadena nacional de Otto Sonnenholzner, por ejemplo).
Hoy queda por delante dos escenarios claros y de difícil pronóstico:
1.- Una salida de la pandemia con movilización social, reagrupamiento del campo popular y una arremetida represora como la de octubre pasado o peor, más sangrienta o virulenta.
2.- Una recomposición del escenario electoral, con potenciales candidatos pensando dos veces antes de asumir un país descarrilado; con un CNE amenazado para garantizar que la derecha continúe en el poder e impedir cualquier opción progresista, mucho menos una candidatura del correísmo; y, una alianza de la derecha con un candidato (Otto, entre los pocos) alineados con la estrategia de cierta embajada y con el aparato militar, policial y judicial a su servicio, “por cualquier cosa”.
Así quedan en la impunidad los operadores de la USAID (dígase algunos ministros, asambleístas, periodistas, jueces de la Corte Constitucional, entre otros) y la gran mayoría de ecuatorianos a expensas de unas élites económicas, empresariales y políticas insaciables en su ambición de mayores ingresos y poder político, garantizando además sus fortunas fuera del país por si explota la dolarización.