A continuación, analizamos algunos extractos en materia económica del informe presentado hoy.
Vamos a sacar adelante la economía nacional, una economía basada en el trabajo y el esfuerzo de todos, con las cuentas claras, con la casa en orden. Nos planteamos reformas estructurales para recuperarnos. Hemos empezado ya con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, también fruto del consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero quedan temas como las reformas al Código monetario y Financiero, y a la Ley de Empresas Públicas.
El gobierno anuncia las reformas al Código Monetario. Estas reformas, junto con la ley “anti-corrupción” con parte de los compromisos con el FMI. El gobierno está atrasado, pues debía presentarlo en abril de 2020. El texto será casi idéntico al ya presentado en la Ley Trole 4, que en su momento fue archivado por la Asamblea Nacional en noviembre de 2019. Habían tres mega-reformas: de facilitación de la evasión tributaria – que fue aprobada en diciembre-, de desbaratamiento de la planificación del desarrollo – que fue aprobada en mayo- y de desregulación monetaria-financiera. Esta última es la que Moreno ha hecho explícito que está pendiente. Entre los objetivos principales de la desregulación están: eliminar los controles a las tasas de interés, privatizar el Directorio del Banco Central y otorgar prelación de salida de capitales en favor de los grandes bancos. Como lo advertimos la vez pasada, las reformas al Código Monetario permitiría la desdolarización. Finalmente, el texto monetario promueve la quiebra de las entidades financieras más pequeñas (incluyendo las cooperativas) y su absorción por parte de las grandes.
Con relación a la Ley de Empresas Públicas, la intención clara es privatizarlas bajo diferentes figuras. Este también es un compromiso con el FMI.
La crisis exige un esfuerzo de todos. Quien más tiene, debe hacer mayor esfuerzo. El Gobierno ha hecho su parte y, como ustedes conocen, envié a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que las personas con un ingreso seguro, así como las grandes empresas, contribuyan también con su parte. Esta propuesta no tuvo la aceptación de todos los sectores legislativos y la retiré para asegurar la aprobación de los acuerdos. Cumpliré mi palabra, por supuesto, y no abusaré de mi facultad de objetar la ley, modificando esa decisión tomada en la Asamblea.
Pero hoy, insisto al país: debemos buscar los mecanismos para que el que más tiene, aporte un porcentaje pequeño de su riqueza, en un momento de extrema necesidad. Por ello, aceptaré la sugerencia que se discutió en el trámite de la ley respecto de la facultad que me da la constitución, en casos de excepción, para que quien gana más de 5000 dólares al mes, adelante un porcentaje de sus impuestos. Lo mismo le pediremos a las grandes empresas que no han visto afectados sus ingresos, durante la pandemia. Lo recaudado por este adelanto, se destinará -exclusivamente- para proyectos de protección social y para el programa de créditos Reactívate Ecuador.
Moreno anuncia que aplicará sus facultades constitucionales para -recién 70 días después de haber declarado el estado de excepción por la emergencia sanitaria- adelantar la recaudación de tributos de quienes más generan (no es lo mismo que “el que más tiene”). “Quien gana” o “sus ingresos” se refieren a flujos, mientras que “el que más tiene” se refiere a patrimonio, es decir, riqueza acumulada. Lo que se desprende del mensaje es que no recaudará de banqueros, ni paraísos fiscales ni de las fortunas millonarias. Vale insistir en el dato que dio la Gerente del Banco Central: las familias más adineradas del País tienen entre 22 y 25 mil millones depositados en el exterior.
Compatriotas:
Para que la dolarización se mantenga, debemos sanear nuestras finanzas públicas. Mientras yo sea Presidente, la dolarización será cuidada, protegida, y atesorada. Muchas veces, los esfuerzos y sacrificios que pedimos, no son populares.
Moreno pone a cuidar la dolarización como uno de sus cuatro objetivos hasta el fin de su mandato. Junto con el primer extracto donde hace alusión a las “cuentas claras y la casa en orden”, que son frases generalmente en referencia a las finanzas públicas, en este extracto Moreno vincula la dolarización con el saneamiento de las finanzas públicas. Acompaña el cuidado, la protección y el tesoro de la dolarización con “los esfuerzos y sacrificios” que “no son populares”. Esto debe entenderse que se vendrán aún más medidas de ajuste, en donde quienes paguen el ajuste no sean los sectores acaudalados o los sectores del capital sino la clase trabajadora y los segmentos medios y populares.
La principal amenaza a la dolarización es la falta de coordinación entre las finanzas públicas y el banco central. Los expertos están de acuerdo que las amenazas a la dolarización no son de carácter fiscal, sino en el sector externo -en la salida de dólares del País-. El particular énfasis en las finanzas públicas se debe a la intención de generar un excedente en divisas por parte del sector público para que el sector privado las pueda sacar del País, como ha sido el comportamiento histórico a partir de la dolarización. Es el estado el que subsidia las divisas para mantener la dolarización mientras que el sector privado -en términos netos- las saca. Sobre el sector externo, no anunció ni una sola medida salvo el “promoveremos el consumo de los productos fabricados localmente”.
Con la remisión tributaria, recuperamos 1.268 millones que estaban prácticamente perdidos, con lo cual miles de negocios volvieron a trabajar con tranquilidad. Pero también estamos en proceso de cobro legal a 500 grandes y medianos contribuyentes. ¡Todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden!, ¡sin diferencias de ningún tipo!, ¡nadie tiene trato preferencial!
En seguridad social restituimos el pago del 40% para las pensiones jubilares. Encontramos un IESS esquilmado y vamos a compensar su saqueo por más de diez años. Además de seguir honrando las deudas, entregaremos activos productivos, para garantizar su sostenibilidad.
Moreno dice que la remisión tributaria implicó recuperar ese dinero que estaba “prácticamente perdido”. Esto es falso. Habían procesos judiciales en marcha y se podían establecer mecanismos de cobro para que los deudores puedan pagar al fisco de forma inmediata. Fruto de la remisión tributaria, se practicó una redistribución radical hacia arriba y se legalizó la doble contabilidad, lo que perjudicó a trabajadores, a la transparencia de la contabilidad empresarial en 11 mil millones de dólares e, inclusive, a las estadísticas macroeconómicas.
La declaración de que nadie tiene trato preferencial en materia de pago de tributos podría considerarse cínica. El gobierno ha perforado la estructura tributaria con una serie de “incentivos” a la medida y sin ninguna evaluación o resultado, ha aumentado el gasto tributario, ha eliminado los instrumentos para controlar la evasión y ha eliminado el principal mecanismo para controlar la evasión en el exterior -el reporte de activos monetarios en el exterior mayores a $100 mil dólares-. Para concluir, ha reducido la transparencia en la publicación del comportamiento de los grupos económicos y ha dado via libre a funcionarios vinculados con empresas en paraísos fiscales, incluyendo a las más altas autoridades del Estado.
Sobre la seguridad social, Moreno dice que seguirá honrando deudas. El gobierno está actualmente en mora con sus obligaciones corrientes con la seguridad social, como ha sido reportado por el BIESS. Pero quizás lo que más llama la atención es la frase en la que Moreno se compromete: “entregaremos activos productivos para garantizar su sostenibilidad”. Esto se traduce a que el gobierno de Moreno entregará empresas -hoy empresas públicas, de acuerdo con el marco constitucional- al IESS como parte del pago de las deudas. Esta sería una figura similar a la que el Ministerio de Finanzas pagó al Banco Central del Ecuador en 2017 con acciones de CFN y otros bancos públicos; también se asimila a la figura con la que el gobierno transfirió el Holding Dine para “fortalecer la sostenibilidad del ISSFA”. Sin embargo, el IESS no puede ser “propietario” de empresas públicas y lo más probable es que este supuesto pago sea un paso intermedio para la privatización de las empresas públicas. Seguramente mediante la reforma a la Ley de Empresas Públicas se buscará cambiar su régimen accionario a sociedades anónimas – como en los años 1990s – para que puedan ser “entregadas” como “activos productivos” a la seguridad social. Parecería que el marco constitucional no alcanzaría para llevar a cabo este tipo de operación.
Alternativamente, podría ser que el gobierno transfiera al IESS sociedades anónimas ya existentes o inmuebles. En todos los casos, la valoración justa de los activos productivos es un asunto que puede tardar más que el año pendiente que le queda de gestión a Moreno.
Invitamos a nuestros lectores a visitar los hipervínculos referidos en este documento para mayores antecedentes de carácter analítico y cuantitativo.