Por Rodrigo Rangles Lara
Cualquier competencia, incluida la deportiva, se sustenta en leyes y reglamentos que marcan los límites de lo permitido o prohibido, a efecto de legitimar o descalificar, según el caso, a los protagonistas.
Ese principio básico de respeto a los cuerpos legales debe ser rigurosamente cumplido cuando se trata de una lid electoral, donde se encuentra en ciernes el destino de un pueblo y la consolidación de lo que nosotros conocemos como Democracia Representativa.
Cualquier intervención ilícita en el proceso constituye un fraude y un duro golpe a la democracia electiva, porque violenta los derechos de los ciudadanos e induce, peligrosamente, a la pérdida de la confianza o a la destrucción del sistema mismo.
Por desgracia, los ecuatorianos sufrimos, los últimos años, las consecuencias de un suigéneris golpe de estado, ejecutado alevosa como premeditamente desde la artera traición de Lenin Moreno, que burló descaradamente la voluntad mayoritaria de los electores, al transmutar de Revolucionario del Siglo XXI a cavernario neoliberal.
Obnubilado con el tintineo idiotizador del dinero, que le sacó de la pobreza, el travesti político – con la guía de inescrupulosos asesores nacionales y extranjeros – rompiendo la constitución, ideó el amañado referéndum de siete veces sí, punto de partida para apropiarse, además, de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos de control y fiscalización.
A imagen y semejanza suya nombró, a dedo, en el Consejo de Participación Ciudadana, a un cuasi dictador, el democristiano ultraconservador Julio César Trujillo, que respaldado por la mercantil prensa canalla, cumplió los insaciables apetitos de los sempiternos dueños de la república, desbarató la institucionalidad y las obras construidas en la “década ganada”.
En ese malabar antidemocrático, secundado por politiqueros de viejo cuño y la partidocracia conservadora en pleno, se desató una campaña mediática sustentada en odio visceral, acusando de corrupción a Correa y los “correistas”, con el fin de posicionar una matriz de opinión para justificar una persecución a los supuestos culpables, buscando destruirlos personal y políticamente.
El Ecuador ha asistido, entonces, a maniobras perversamente planificadas donde las leyes se estiran o encogen de acuerdo a la voluntad del autócrata gobernante. Comenzó encarcelando, sin pruebas, a su binomio vicepresidencial Jorge Glass; dividió el partido que le llevó al poder y se apropió truculentamente de Alianza País.
Cuando sus ex compañeros decidieron oponerse al desgobierno, el autócrata dispuso se impida el registro de partidos a Revolución Ciudadana, inventándose argumentos fantasiosos; lo mismo hizo, más tarde, con Fuerza Compromiso Social y, finalmente, rebuscó formas de bloquear la inscripción de Unión por la Esperanza.
El juego sucio determinó la forja de más de 30 insulsos juicios contra su principal detractor, que se diluyeron uno tras otro, pese a la torcida aplicación de las leyes a cargo de la Fiscal Diana Salazar y cómplices jueces de alquiler. De tanto manipular forzaron una sentencia a varios años de cárcel y ostracismo político contra Rafael Correar, inventándose un amañado “influjo síquico”, para impedir su participación como candidato a la Vicepresidencia de la República.
La persecución tejió una red de trampas legales y mediáticas que llevó a varios dirigentes de la Revolución Ciudadana al exilio, otros a la cárcel – Paola Pabón, Virgilio Hernández, Cristian Gonzáles, por ejemplo – mientras terceros sucumbían al chantaje de la Contraloría, fiscalías, SRI, superintendencias y, a decenas de partidarios de base, les castigaron mandándoles a la desocupación.
Fallaron los cálculos y anhelos políticos de Moreno y sus mentores nacionales o extranjeros, porque el odio visceral les impidió ver que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana se habían metido en el corazón del pueblo y, a mayor persecución, a más lawfares y fastnews, las víctimas crecían en prestigio e influencia entre las masas agradecidas por los derechos que conquistaron durante la “década ganada”.
La siembra fértil y generosa del gobierno de la Revolución Ciudadana comparaban con el desastre del Morenato y sus aplicaciones neoliberales que entregaban poder y dinero, a manos llenas, a un grupito de afortunados empresarios y financistas; en tanto, negaban elementales beneficios sociales y económicos a los desheredados de siempre.
Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis moral son las obras magnas del impostor y sus cortesanos, que usan la campaña anticorrupción como cortina de humo para llevarse lo que más pueden. Según denuncias públicas, algunos de ellos, “aguateros de las sabatinas” como un tal Andrés Michelena, se embolsaron algunos milloncitos; otros, de mayor jerarquía, como el Contralor Pablo Celi, cuenta por centenas su nueva fortuna; pero, grandes comerciantes, banqueros y financistas ganaron el premio mayor y, no satisfechos con eso, están a la espera de las suculentas privatizaciones.
El cambio de gobierno se les viene encima en contravía (el tiempo se les agota y el resultado electoral será adverso) y no les alcanza para embolsarse las más rentables empresas estatales, pretenden torcer la constitución y las leyes, posponer las elecciones con la complicidad del Contencioso y Tribunal electorales, en una inventada jugada surrealista de ping – pong, a pretexto de la impugnación contra la postulación del binomio de la esperanza.
No se entiende, de otra manera, que mientras se dilata desvergonzada e ilegalmente la inscripción definitiva del binomio Arauz – Carrascal, en un abrir y cerrar de ojos, legalizaron la candidatura de Abdalá Bucaram – fruto de sospechosos acuerdos bajo la mesa, chantaje de por medio – procesado por negociados con insumos médicos durante la pandemia.
El pánico de los gobiernistas y sus aliados frente al inminente triunfo electoral del “Correismo” y la rendición de cuentas sobre sus fechorías en el mafioso manejo de la administración del Estado, buscan desesperados prolongar su permanencia en el poder, siguiendo la receta de la genocida boliviana Añez, malinche que aprovechó las diversas dilaciones comiciales para privatizar lo más rentable de ese país andino y, ahora, anda por los techos evadiendo la justicia.
Estamos obligados a dormir con el ojo abierto, porque las trampas del fraude continuarán a manos de este gobierno amoral, que ha puesto la democracia al filo del abismo, en su descabellado afán de eliminar de la contienda cívica a los candidatos de la esperanza y colocar en el poder a su delfín cogobernante Guillermo Lasso o, si este falla como está sucediendo; a otra de las cartas en disputa: Yaku Pérez, mimado también de los neoliberales.
¡Basta del juego sucio¡ Quién juega con fuego, termina quemado.
RRL
05.12.2020