Francisco Herrera Aráuz/EcuadorInmediato
La lógica del «escándalo diario» con el que ha llevado a lo largo de este año a la política cotidiana el gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, pareciera haber llegado a un punto de crisis, y comienza a volverse en contra la acusación permanente de corrupción que ha lanzado contra su antecesor y mentor, al encontrarse con la acusación indignante que sus «ministerios tienen precio» se venden a un costo de un millón quinientos mil dólares, y quizás más. Es terrible para un régimen que ha presumido de transparencia el hallarse ahora envuelto en una especie de «miasma moral» a la cual solo ha respondido con un silencio cruel e infame. ¿Lo ha permitido todo esto el actual gobierno de Ecuador?
Desde la simple encuesta, pasando por la tendencia de opinión pública, el discurso oficial, la declaración de los analistas y opinadores hasta llegar a una especie de consenso, el actual gobierno llegó al país con una aureola de transparencia para “rescatar de la corrupción”. Con ese sino el mandatario y su gabinete, los operadores políticos, líderes y dirigentes, así como la militancia de Alianza PAIS que se quedó junto al presidente Moreno, justificaron todo tipo de acción, palabra acusación gesto y mala broma, para decir que “ellos eran los limpios, y los malos fueron los otros, los del correismo y el anterior gobierno”. Se dieron desde entonces denuncias escandalosas, algunas de ellas sin sustento ni prueba, pero que hicieron masa crítica para señalar a sus propios excompañeros, y en varios casos fueron ellos, como funcionarios anteriores, en condición de actores o partícipes de los actos que denunciaron de manera cínica los que hicieron todo ese ambiente indeseable del griterío anti corrupto.
Pero, desde esta semana Ecuador soporta una denuncia que le acusa al régimen de Lenín Moreno, a partir del primer año de mandato, de ser un “gobierno vende-cargos” a un precio de mejor postor. El tema sumió en una suerte de búsqueda de detalles de este escándalo de corrupción y encontró una referencia en lo expresado por el ministro de Agricultura, Rubén Flores, quien en un acto del pasado 21 de mayo tras ser ratificado en su cargo por el presidente Moreno, defendió su gestión y dijo que algunos deseaban su puesto ministerial y que han llegado a pagar hasta un millón y medio para reemplazarlo a él. Nadie sabía a qué se refería hasta que salió a luz la revelación cruda y real.
El pasado 6 de junio de 2018, marca para la historia un nuevo escándalo, pero este tiene todo el ribete de crítico en grado extremo, toda vez que se ha llegado al nivel tecnológico de “robar con recibos y testimonio propio” lo cual eleva la culpa directa del régimen y sus actores. Fue ese día que circuló en las redes sociales una conversación entre el asambleísta Patricio Mendoza (Ex CREO-SUMA), quien arranca en tono de conversación a un individuo de nombres Rubén Olivo, una declaración que asegura haber comprado el cargo de ministro- no define cual- por la suma de un millón, quinientos mil dólares, y que pronto se posesionará en el gabinete del presidente Lenín Moreno Garcés. Sí, así tal cual lo leen, la corrupción en el régimen habría llegado tan lejos que el individuo relacionado en el escándalo no tuvo ningún problema en ponerle precio y cotización a la participación en el régimen. ¡Eso es corrupción carajo! Indigna escucharlo.
La acusación se convirtió inmediatamente en los sectores de opinión pública, y alguno de la política, en un señalamiento grotesco con el dedo que les apunta cada vez más cerca al morenismo colaborador corrupto, y esta corrupción le deja al vocinglerío que inculpa a partir de ahora al régimen presidencial como eso: como el gobierno vende-cargos” ¿Por qué?, pues porque es de grave sospecha que este tema haya sido ocultado entre las sombras y el silencio, ya que una vez revelado el hecho tuvo que ser el ministro Flores el que algo trate de aclarar de manera confusa, mientras que el asambleísta pro-gobierno expuso que todo fue conocido y denunciado al régimen a principios de mayo pasado, y que en un principio se desestimó el caso para luego dirigirle a una investigación en la Fiscalía General del Estado. Lo hiriente del hecho es que, según Mendoza, no es todo lo contado y que “aún hay más” dando a entender que el nivel de corrupción para la adquisición de despachos ministeriales y secretarias de estado en el presente gobierno tiene mucha tela que cortar.