Han transcurrido 30 años desde aquella fatídica noche del 20 de diciembre de 1989, cuando tropas del ejército norteamericano invadieron nuestro país, trayendo una estela de muerte y destrucción, dejándonos un país ocupado militarmente y entronizando en el poder al triunvirato civilista encabezado por Guillermo Endara, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón.
Treinta años de olvido a las víctimas de aquella acción militar denominada “Causa Justa”, ordenada por George Bush (padre), y que los sucesivos gobiernos post invasión, incluidos 3 del PRD, brazo político del régimen militar de Noriega, no han hecho esfuerzo alguno por precisar, ni la magnitud de la destrucción material, ni la cantidad de víctimas dejadas por la invasión, se habla de entre 576 a 7000 víctimas mortales, civiles en su mayoría, masacrados, incinerados muchos de ellos, enterrados en fosas comunes o arrojados al mar, más los cientos de heridos y de desplazados quienes han quedado traumatizados por la muerte de familiares, amigos, por la destrucción de sus hogares y el desarraigo.
En honor a las víctimas de la invasión y para dejar plasmada en la memoria histórica de nuestro pueblo, tan alevosa afrenta a la soberanía nacional, debe decretarse el 20 de diciembre como día de duelo nacional, reconocimiento negado por quienes han tenido la obligación moral y patriótica de hacerlo. Tocará a un gobierno digno, alejado de toda subyugación al imperialismo norteamericano reconocer dicha fecha como uno de los episodios más lesivos para la historia patria y honrar la memoria de los caídos ante el altar de la patria.
Panamá a 30 años de la invasión.
Luego de esta acción artera se han sucedido en el gobierno panameño, representantes de todos los partidos políticos de la partidocracia panameña, manteniendo sin variaciones el rol de país de tránsito y de servicios asignado a la economía panameña por el gran capital y aplicando una política dócil y entreguista a los Estados Unidos, imponiendo sin sonrojo todas las directrices antipopulares emanadas de los organismos de crédito internacional, FMI, BM, BID, que van en perjuicio del pueblo panameño. Aplicando de esta manera todas las recetas fondomonetaristas, desde las privatizaciones de los servicios públicos (agua, electricidad, telefonía) puertos, aeropuertos, flexibilización de la legislación laboral, negación de aumentos generales de salario, aumento de la cantidad y densidad de las cuotas para jubilarse con magras pensiones, eliminar el carácter solidario de la CSS, servicios de salud, la educación, transporte público, más recientemente se anuncia la intención de aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres, y se crean las Asociaciones Público Privadas (APP) último adefesio legal para asaltar activos estatales. Todas estas medidas acompañadas de un intento de penalizar las protestas sociales y de un incremento de la acción represiva de la Fuerza Pública, frente a los reclamos del pueblo trabajador.
Igualmente se han prestado para convertir al país en una plataforma de agresión a los pueblos y gobiernos progresistas y revolucionarios latinoamericanos que ante la crisis del sistema capitalista y de su modelo económico neoliberal, han dicho basta y con aciertos y fallas han desarrollado una agenda para sus pueblos alejadas de los dictámenes de las IFIS y del amo imperial que nos sigue viendo como su patio trasero.
No es casual que en estos 30 años los gobernantes panameños hayan recibido como héroes a las tropas invasoras (Gobierno de la invasión 1990), hayan pretendido renegociar la presencia de bases militares en el país disfrazadas de un Centro Multilateral Antidrogras (CMA), (PRD, Ernesto Pérez Balladares,) cedido soberanía aérea, marítima y terrestre (Acuerdo Salas-Becker 2002/Gobierno Panameñista de Mireya Moscoso); convertido el país en centro de espionaje para desestabilizar gobiernos progresistas en la región, entre ellos el Gobierno bolivariano de Venezuela, o dirigir operativos para asesinar a dirigentes de la insurgencia colombiana (gobierno PRD- Martín Torrijos 2008); pretender cambiar el péndulo de la historia, a la derecha, convirtiendo nuestras calles en muro de contención para que el tráfico de drogas no llegue a los Estados Unidos, convertir al Darién en una base militar extranjera (Gobierno CD- Panamañista de Ricardo Martinelli, 2009); prestarse para desestabilizar la región, aupando la invasión militar y el asedio político, a través de la desprestigiada OEA y su grupo de Lima, contra Nicaragua, Bolivia, o la Revolución bolivariana de Venezuela, o haciendo de policía migratorio para impedir el paso de migrantes que viajan hacia EE.UU, en busca de “mejores días o del sueño americano”, (Gobierno Panameñista de Juan Carlos Varela 2014); y para continuar con la política anterior, el actual gobierno da reconocimiento del ilegítimo y autoproclamo Presidente de Venezuela Juan Guaidó, y se pasea con tropas norteamericanas en Darién, el Presidente Panameño Laurentino Cortizo (Gobierno PRD-MOLIRENA, 2019).
Lo anterior confirma el hecho de que cualquier partido de la partidocracia criolla que ostente el poder, lejos de velar por los intereses del pueblo panameño, lo hará de forma genuflexa y reverente, sometiendo el futuro del país a intereses geopolíticos de los norteamericanos, las IFIs y de las corporaciones transnacionales.
No ha servido, todo el dolor y la tragedia vivida en el país en los días azarosos de los estertores del régimen militar, incubado y sostenido por los propios norteamericanos y sus organismos de inteligencia, y la propia invasión que fue dispuesta para deshacerse de un estorbo creado por los propios gringos e instalar un nuevo gobierno tan dócil como el anterior pero que le daba más tranquilidad a sus propios intereses en la región.
Luego de 30 años, el momento actual encuentra al país sumido en una grave crisis económica, política y social, un régimen y una institucionalidad desacreditada política y moralmente que pretende ser legitimada con reformas electorales surgidas de la llamada Concertación Nacional instancia que no fue creada para tales fines ni consulto al pueblo panameño para conocer de sus aspiraciones y propuestas, que fueron prohijadas por el Ejecutivo y presentadas a la desprestigiada Asamblea de Diputados para ser aprobadas a través de dos legislaturas y ser ratificadas posteriormente en Referéndum, o vía de una Asamblea Constituyente Paralela, que como ya señalamos solo buscan recomponer el sistema dominante y darle legitimidad. Frente a esta realidad planteamos que la única salida a esta crisis de la institucionalidad burguesa es la auto convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria de plenos poderes, legitimada por su proponente el soberano que barra con toda esta podredumbre y le dé al Pueblo Panameño una nueva Constitución que recoja todas las reivindicaciones económicas, políticas y sociales que siempre se la han negado y que sitúe a Panamá en el concierto de las naciones en igualdad de condiciones, propugnando por el respeto y la autodeterminación de los pueblos, buscando salidas políticas a sus problemas internos y oponiéndonos con entereza y dignidad a cualquier salida militar que desde Estados Unidos o sus aliados regionales pretendan imponer a nuestros pueblos que hoy se levantan con fuerza e indignación frente a la crisis del sistema capitalista y de su modelo económico neoliberal, que los oprime.
Finalmente seguimos exigiendo justicia para las víctimas de la invasión mercenaria del 20 de diciembre y que este hecho no siga siendo ignorado por los herederos de quienes crearon condiciones y auparon la acción criminal, ni por el pueblo panameño quien debe ser el artífice de su propia liberación.
A 30 AÑOS DE LA INVASIÓN, NI OLVIDO NI PERDON
JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE LA INVASION Y PARA EL PUEBLO PANAMEÑO
DECLARACION DEL 20 DE DICIEMBRE COMO DIA DE DUELO NACIONAL