A Ecuador le llegó tarde el siglo XX

Irene López Alonso|

I

Es ahora, en octubre de 2019, cuando los ecuatorianos están viviendo en carne propia lo que fue el siglo XX para la región: estado de excepción, toque de queda, suspensión de los derechos de reunión, asociación y libre circulación.

Las imágenes de la represión en Ecuador no parecen de este siglo: tanques militares entrando en la capital, centenares de policías antidisturbios desfilando por la Plaza de la República de Quito, vehículos blindados patrullando el centro de la ciudad, francotiradores disparando desde las azoteas de los edificios, siniestros mensajes del presidente Lenin Moreno junto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la Cadena Nacional… Ecuador se destacaba entre los países de su entorno por no haber vivido esto antes. 

A diferencia de Perú o Colombia, países colindantes que sufrieron dictaduras militares y golpes de Estado durante los años 60 y 70 -en el caso del primero-, o un conflicto armado que todavía sigue desangrando al país -en el caso del segundo-; Ecuador tuvo alguna dictablanda más que dictadura, pero podía presumir de una historia bastante pacífica para los estándares de Latinoamérica.

Es ahora, en octubre de 2019, cuando los ecuatorianos están viviendo en carne propia lo que fue el siglo XX para la región: estado de excepción, toque de queda, suspensión de los derechos de reunión, asociación y libre circulación. Vuelos internacionales desviándose a Bogotá porque las compañías aéreas no consideraban seguro aterrizar en Quito. Policía Nacional reprimiendo con gas pimienta en el interior del Hospital Eugenio Espejo. Supermercados arrasados por el desabastecimiento y hogares desabastecidos por el cierre de los supermercados. Militares y policías cargando los féretros de sus víctimas mortales. Misa campal por los indígenas asesinados. Un comunicado del Ejército anunciando que “el personal militar tiene la facultad para efectuar el uso progresivo de la fuerza, contra cualquier persona que busque introducirse injustificadamente en las zonas declaradas de seguridad (…) e identificar y localizar a quienes se encuentren divulgando mensajes de incitación al odio o sublevación”. 

Las imágenes de la violencia ejercida contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado son tan espeluznantes, que parecerían pertenecer a la historia más que a la actualidad. A “ese fragor de sangre que llaman siglo veinte”, como escribió Cortázar. Un periodo de regímenes de terror que a Ecuador le llega con un siglo de retraso.

Policías aplacando ferozmente una protesta en una calle de Quito. Uno de los manifestantes cae al suelo y, estando tendido, una motocicleta policial le pasa por encima. Le atropella conscientemente, desde los pies a la cabeza. El vídeo es tan brutal, que los propios ecuatorianos dudaban de la veracidad de las imágenes hasta que la Defensoría del Pueblo Ecuatoriano lo denunció. 

Varios policías a caballo esperan en la puerta de una casa. Hay revuelo entre los vecinos, no saben qué sucede. Uno de ellos graba con su móvil cómo dos uniformados salen de la vivienda. El resto, la policía montada, les espera y les escolta. Se van todos juntos. Entonces comienzan los gritos desde el interior de la casa: “¡Ambulancia, ambulancia!”. El vecino que sigue grabando con el móvil se adentra en la vivienda. Hay un joven tendido boca abajo en el suelo de la cocina. Inconsciente, inmóvil, con un hilo de sangre brotando de su boca. “¡Véanle, vean lo que le han hecho!”, gritan los vecinos. Pero los jinetes de negro ya han desaparecido, impunes.

Una mujer va de copiloto en un coche que está parado en un semáforo, en la Avenida 6 de Diciembre de Quito. A la altura de la parada del Ecovía (autobús) de Galo Plaza. Aparece de repente un grupo de antidisturbios que entra en la parada y comienza a golpear con sus porras a las personas que esperaban el transporte público. Sin ningún motivo. Más angustiante aún que las imágenes, resultan los gritos ahogados de la mujer que filma la escena: “¡¿Por qué, por qué, por qué?! ¡La gente está yendo a su trabajo! ¡Hijos de puta! ¿Por qué les dan? Por Dios santo, ¡no salgan! ¡Estos manes están cayéndole a todo el mundo, por Dios! ¡La gente solo se estaba subiendo al bus!…”. 

Puente de San Roque, Quito. Un vecino comienza a filmar desde la ventana de su casa cuando ya tres cuerpos yacen en el suelo, bajo el puente. “Acaban de botar los policías a tres jóvenes manifestantes desde el puente (…) están muertos, les botaron los policías” narra el señor que graba. En el puente, casi una decena de policías se mueve, alterados. Algunos en moto, otros caminan. Mientras tanto, los tres cuerpos permanecen inertes bajo el puente. “¡¡Animales, les matáis a los jóvenes!! ¡Animales! ¡Salvajes! ¡Acaban de botar a tres muchachos! ¡¡Criminales!! ¡¡Criminales!!”, grita desesperado el señor tras la cámara del móvil. Su grito es cada vez más desgarrador, mientras en el exterior de la vivienda se escucha alguna voz femenina: “¡Ayúdenlos, ayúdenlos!”. Pero la ayuda, si es que llegó, llegó tarde: Marco Oto, uno de los 3 jóvenes, falleció la mañana del martes 8 de octubre. Tenía 26 años y una discapacidad intelectual del 46%.

5.15h de la madrugada del 14 de octubre de 2019. Una decena de policías irrumpe en el domicilio de Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha (donde se encuentra la ciudad de Quito). Una autoridad electa por votación popular. 

La encuentran en la cama, durmiendo. Un militar entra en su habitación antes de que le dé tiempo a vestirse. Una amiga, que estaba durmiendo esa noche con ella, retransmite el allanamiento en directo, por Facebook Live. “¡Aquí hay Estado de Derecho! ¡¿Qué les pasa?! ¡No pueden entrar a mi casa así!”, grita Paola Pabón. Pide a los uniformados que se identifiquen, que le den el nombre del fiscal que está a cargo. “Entraron, rompieron la puerta, patearon”, denuncia ante la cámara la joven política, mientras se termina de vestir. La tensión continúa dentro del domicilio y el espectador se imagina la tremenda sensación de vulnerabilidad de que entren a tu casa por la noche y derriben la puerta. El estruendo que rompe el silencio de la madrugada. Los pasos apresurados subiendo las escaleras hacia tu habitación. Y que no sean ladrones, que sea el Estado. Terror de Estado.

La grabación se interrumpe y se reanuda ya en el exterior de la vivienda. Varias patrullas y más efectivos policiales todavía, le piden a la Prefecta que guarde silencio. Está amaneciendo. “No le voy a dar mi teléfono, es mi teléfono privado, no es el teléfono de Paola”, se defiende la mujer que graba. “Están violando nuestros derechos, no le voy a dar mi teléfono…”, les sigue diciendo a los policías. Pero algo pasa fuera del ojo de la cámara. Mientras a Paola Pabón la llevan detenida, dos agentes se acercan a su amiga, que aún filma. Llega a oírse en la grabación cómo ella claudica: “Espérese, ya le doy. ¡Espere, espere! Ya le doy…”. Un forcejeo. Fundido a negro. Se acaba la retransmisión. 

A Paola Pabón le han dictado prisión preventiva. Hay dos miembros de su movimiento en paradero desconocido. Otro de los jóvenes del puente de San Roque presenta muerte cerebral. Y no es una película de terror. 

Ni siquiera es el siglo XX

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