El último acto público al que Juan Fernando Velasco asistió, como Ministro de cultura y patrimonio, fue a la “inauguración” del nuevo espacio de la Biblioteca Nacional. Un acto realizado y producido, al apuro y de modo improvisado, pues se trataba de aprovecharlo –sin pudor alguno- para la campaña electoral del Ministro. Colocaron mesitas con manteles para exhibir los libros del Fondo Jesuita y presentarlos a la primera dama y al presidente Moreno, quien no perdió la ocasión para contar que solo había podido leer 10 páginas de La Ilíada (sic).
Este acto reveló perfectamente el perfil de lo que fue la gestión, de 15 meses, de Juan Fernando Velasco en el Ministerio de cultura y patrimonio. Una gestión marcada por el desconocimiento, la ineficiencia y la indolencia. Y caracterizada por el incumplimiento a la Ley orgánica de cultura, los permanentes recortes y despidos que asfixian a las entidades de cultura, la nula generación de política pública y una gestión de espaldas a las necesidades y demandas de los actores y gestores culturales.
Esta falsa inauguración fue, en verdad, una vergüenza. Irritó a muchos ecuatorianos y, con razón, a los bibliotecarios e investigadores del país. Así por ejemplo, Eduardo Puente, ex presidente de la Asociación Nacional de bibliotecarios Eugenio Espejo, afirma muy molesto: “Lo que se ha hecho es una tomadura de pelo al país y se hace daño a la Biblioteca Nacional, que es la cabeza de la Red nacional de bibliotecas. Existe en las bibliotecas del país un grado de orfandad terrible, ni siquiera hay presupuestos para mantener una planta profesional básica”.
El ex Ministro Velasco incumplió los mandatos de la Ley orgánica de cultura y patrimonio –expedida en diciembre de 2016- que, en su articulo 40, determina expresamente que La Biblioteca Nacional debe presidir la Red Nacional de bibliotecas públicas; las bibliotecas escolares, universitarias, municipales, comunitarias, especializadas e históricas. Además, el Ministerio, como Ente rector, debe determinar la política publica para la gestión y desarrollo de las bibliotecas y las respectivas normas técnicas. Nada de esto ha realizado el Ministerio; por el contrario, ha recortado presupuestos y despedido personal, lo cual ha debilitado aún más la precaria situación de los repositorios y los archivos nacionales.
La Biblioteca Nacional es –de acuerdo a la Ley orgánica- la que maneja el depósito Legal, con el que se nutre el fondo bibliográfico, la que contiene la hemeroteca más completa del país, y, por tanto, debe ser un centro organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y documentales en varios soportes y formatos, que incluyen repositorios digitales y audiovisuales; servicios informáticos y servicios bibliotecarios. Además, debe satisfacer la necesidad de información, educación, investigación y conocimiento de la ciudadanía y establecer vínculos con la comunidad. Por todo esto, debe contar con presupuestos adecuados y suficiente personal técnico especializado.
Además, la Ley orgánica de cultura establece que “el Plan nacional de promoción del libro y la lectura tendrá como eje ejecutor a la Biblioteca Nacional para el fomento de la lectura a través del fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas de la Red”. Pero no, nada de esto se ha implementado. Por el contrario, el incipiente Plan del libro también ha sido deshuesado, y apenas si cuenta con un pírrico presupuesto.
La Biblioteca Nacional -creada por Eugenio Espejo en 1792- es una de las entidades más emblemáticas con que cuenta nuestro país y, por tanto, merece no solo el mayor respeto sino un trato digno y prioritario. Sin embargo, en nuestro país ha sucedido lo contrario. Con la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 1944, la Biblioteca Nacional fue adscrita a esta institución, en donde siempre ha sufrido las consecuencias de las carencias en su infraestructura, en sus presupuestos reducidos e insuficientes y falta de personal.
Así, la Biblioteca Nacional se convirtió en una institución nómada que ha sido maltratada y menospreciada; tal como Gabriel Flores, periodista de El Comercio, reseñó hace dos años cuando la visitó en la Casa de la Cultura: “Cuando el ambiente está muy caliente se prenden los ventiladores; cuando está muy seco, se colocan baldes de agua en el piso para que los libros reciban humedad. Así se manejan la conservación de 9.200 que forman parte del Fondo Jesuita que incluye ocho libros incunables, escritos antes del siglo XV, que forman parte de la Biblioteca Nacional del Ecuador.” La cruda realidad de la Biblioteca Nacional.
Verónica Maigua, bibliotecaria y también ex presidenta de la Asociación de bibliotecarios Eugenio Espejo, afirma: “Ya tres años que está cerrada la Biblioteca Nacional; hemos realizado varios pedidos a los ministros de cultura y no hemos tenido ninguna respuesta. El servicio al usuario está parado desde hace tres años; me da mucha pena porque es la Biblioteca Nacional, la mas importante del país y está en esas condiciones. Hay mucha despreocupación del Estado.”
Sin embargo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución en la cual estuvo alojada la Biblioteca Nacional emitió un comunicado público, en el cual el presidente de la Sede Nacional, Camilo Restrepo, afirma que: “El presidente de la República y el Ministro de cultura y patrimonio desinforman al país, al afirmar que la Biblioteca estuvo cerrada por 47 meses, ya que es totalmente ajeno a la verdad. La Biblioteca Nacional siempre estuvo abierta al público, cuidada, protegida y al servicio de la ciudadanía, como esperamos que así continúe.”
LA CALAMITOSA SITUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
No cabe duda que un país sin bibliotecas está destinado al fracaso. En Ecuador en lugar de abrirse bibliotecas, se cierran. Hace más de 4 años se suprimió -de modo absurdo- el Sistema Nacional de Bibliotecas públicas, SINAB, en el Ministerio de Educación, sin que hasta la fecha se haya propuesto una alternativa, puesto que –como ya dijimos- no se ha creado la Red Nacional de bibliotecas públicas.
Javier Saravia, investigador que estuvo a cargo de las bibliotecas escolares en el Ministerio de Educación, nos dice: “uno de los problemas mas importantes es la parte contractual y laboral, a mas del material bibliográfico, la infraestructura, dotación de nuevas tecnologías, etc. Si queremos tener una red de calidad, debemos tener un personal de calidad. La mayor parte de los bibliotecarios no tiene una titulación pero si una gran experiencia. Los estudiantes que tienen bibliotecas tienen un mejor rendimiento que aquellos estudiantes que no tienen bibliotecas, así lo dicen un estudio. Aunque parece increíble, en el Ministerio de Educación, en el manual de puestos, no existe el de bibliotecario. Hay todos los puestos, menos el de bibliotecario; se les retira para que cumplan funciones en las direcciones distritales, y se cierran las bibliotecas.”
Además, Saravia nos entrega una cifra escalofriante: “en el sistema educativo, de las 13 mil unidades escolares, solo 514 tienen bibliotecas. En términos de estudiantes, solo el 24 % tienen acceso a una biblioteca. En el gobierno, no hay voluntad política para mantener o abrir las bibliotecas escolares, porque implica crear nuevos puestos de trabajo.”
La Ley orgánica de cultura determina además que la Biblioteca Nacional será una EOD, Entidad Operativa Desconcentrada. Es decir, que gozará de autonomía administrativa y financiera. Sin embargo esto tampoco ha sucedido, ya que se impuso el ”Yo dicto, y tú ejecutas”, del ex ministro Velasco. Y anteriormente, la propia Casa de la Cultura presentó una demanda de inconstitucionalidad, en 2011; y posteriormente, en 2013, también se opuso a un proyecto de recuperación y renovación de la Biblioteca Nacional, a pesar de que se contaba con recursos económicos para implementar el proyecto. Es decir, ni como ni dejo comer. La ex directora del Museo Nacional, Ivet Celi afirma respecto a los responsables de esta lamentable situación: “la primera responsabilidad recae en el ex Ministro Juan Fernando Velasco montando un circo espantoso y vergonzoso; la segunda responsabilidad recae en las autoridades de la Casa de la Cultura al no permitir la rehabilitación y ordenar el desalojo de los acervos, a sabiendas del riesgo que hoy lamentamos.” Triste historia la de nuestra Biblioteca Nacional.
En estas condiciones, el ex Ministro de cultura, Juan Fernando Velasco, firmó un convenio de comodato con el Municipio de Quito para que la Biblioteca Nacional se traslade a lo que fue el Centro de convenciones Eugenio Espejo (antiguo hospital), para lo cual se destinaron 460 mil dólares.
Sin embargo, no se conocen los protocolos técnicos del traslado ni las condiciones en las cuales funcionará la Biblioteca. Los bibliotecarios aseguran que jamás fueron informados peor consultados, como es habitual en estos casos. Eduardo Puente había elaborado, en el 2016, un estudio para el pleno funcionamiento de la Biblioteca Nacional, que incluía presupuestos y personal necesario. Y tampoco fue consultado: “El estado hace cosas inverosímiles, en el exterior no nos creen; el manejo del deposito legal, por ejemplo, cuando es el patrimonio bibliográfico de un país. Con este gobierno no hay ninguna esperanza, aspiro que en un próximo gobierno podamos tener una interlocución valida, ya que la situación es calamitosa, y la actual gestión no tiene ningún apoyo ni respaldo.”
Ciertamente es calamitosa. El desmantelamiento de lo público también se produce en las bibliotecas, tal como nos señala Verónica Maigua: “En esta época de pandemia debían funcionar mas las bibliotecas; pues muchos estudiantes que no tienen conectividad podían hacerlo en las bibliotecas, pero por el contrario, las cierran. Muchos bibliotecarios deben poner de sus bolsillos para el pago de la luz y el agua. Y a pesar de ello, vulneran los derechos laborales de los bibliotecarios. A ese nivel están las bibliotecas.” Y a ese nivel está el sector de la cultura. Y el país.
No queda más que manifestar el descontento y exigir el respeto a los derechos culturales, tal como señala Javier Saravia: “Un llamado a la población, a la ciudadanía, que debe darse cuenta que las cosas mejoran cuando se reclaman los derechos. Un pueblo digno, es un pueblo que protesta, y lo que se ha hecho con las bibliotecas, merecería que todos estemos en las calles demandando nuestros derechos.”