Arturo Belano

Me parece increíble tener que empezar esta nota con el conjunto de obviedades que voy a señalar. El Ecuador es (o intenta, mejor dicho, intentó) ser una República, no solo de nombre, sino en los hechos, una República moderna que tiene un sistema democrático de gobierno que se asienta sobre un Estado al servicio de los ciudadanos, cuyo fin último es (o debería ser) mejorar las condiciones de vida y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos fundamentales de todos sus habitantes.

Para que podamos considerar al sistema de gobierno, como verdaderamente democrático, se debe (debería) garantizar la libre expresión de opiniones de todos los sectores de la sociedad y se debería sancionar con dureza a aquellas personas o sectores dispuestos a limitar, impedir o perseguir la opinión diferente. Vale notar que libre expresión del pensamiento nunca debe (debería) confundirse con libre expresión de falsedades o injurias; como ha sido la tónica de la generalidad de medios de comunicación durante toda la vida republicana y más acentuada en la década de gobierno de Rafael Correa. Seamos claros, el insulto y la falsa imputación de un delito no son parte de la libertad de expresión porque se contraponen directamente contra el derecho fundamental de las personas a la honra, el buen nombre, la no discriminación y un largo etcétera.

Es tan obvio lo que estoy escribiendo que me da vergüenza. Y, sin embargo, es fundamental aclarar esto a aquellos segmentos de la población que se disfrazan de demócratas y que, en la actitud más fascista posible, desatan una ola de persecución cuasi criminal contra Fernando Casado, por haber dicho, no ahora, sino hace un par de años, su particular opinión sobre el Presidente Maduro. Personalmente, lo que dijo en ese momento Casado, sobre Maduro merece mi más absoluto desacuerdo; en mi particular opinión, el Gobierno de Maduro y él mismo no representan nada de lo que es un verdadero socialismo en el siglo XXI y, en muchos casos, son la antítesis de un proyecto verdaderamente progresista, en especial en el manejo institucional y económico. Sin embargo, Casado tiene (debería tener) la plena libertad de pensar de esa manera, en función de la información a la que tiene acceso, pues no hay que olvidar que Fernando es un académico de amplio reconocimiento por su calidad docente, es decir, su opinión no está basada simplemente en lo que dice la tele o las cadenas de WhatsApp; que parecen ser las únicas fuentes de información a la que acceden los “intelectuales” de varias tendencias, más bien fascistoides, que piden su cabeza por expresar libremente su opinión.

Ya en el colmo del fanatismo peligroso que acompaña todo comportamiento fascista, se lo acusa de que “podría” adoctrinar a sus estudiantes en el socialismo y peor aún, en el socialismo del siglo XXI. No se puede ser más retrógrado y oscurantista. Bien leída la “imputación de un delito que no existe aún”, de plano, los que afirman semejantes sandeces no han salido de la santa inquisición (o capaz de allí vinieron directamente). Si seguimos esa línea de pensamiento, mañana, alguien va a decir que todos los académicos y cientistas sociales que estudian los asuntos de género, también van a “adoctrinar” a sus estudiantes en ese invento llamado ideología de género (que no existe, pero los conservadores le temen más que al mismísimo demonio) y empezarán a rodar cabezas, y a este paso, por desgracia, ya no metafórica, sino literalmente.

Sigo pensando que esta columna no debería ser escrita, pero cada tuit de cada activista político disfrazado de periodista, y cada comentario de supuestos intelectuales de la derecha, me obligan a seguir escribiendo. Si lo que preocupa es el “adoctrinamiento” del que pueden ser sujetos nuestros estudiantes de pre y posgrado, entonces deberíamos exigir que la Universidad San Francisco de Quito despida de manera inmediata y sin miramientos, a esos personajes tan funestos como ignorantes que son los más fieles feligreses de las doctrinas religiosas de la teología del neoliberalismo que no soportan ningún ejercicio académico de análisis y que sin embargo siguen pregonando con total soltura tonterías del calibre de: libre e igual información del mercado, libre elección del consumidor, menos impuestos aumentan los empleos y el largo etcétera de credos religiosos que se parecen más a enunciados de la Biblia que a pruebas científicas reales.

Si lo que nos preocupa es que nuestros futuros profesionales sean adoctrinados, deberíamos alejar de manera definitiva de las aulas a todos los Espinosa, Carpio o Freile que abundan en las universidades, profesando una religión que no tiene sustento en la realidad (como cualquier religión) y que ocasiona los mismos daños a la sociedad.

Y, sin embargo, no. Eso no debería pasar nunca, los que creemos en la construcción de una República democrática jamás deberíamos permitir que un académico pueda ser expuesto a la sola posibilidad de perder su cátedra por lo que piensa, aun cuando sean cosas sin sustento como las que les encanta contar a los intelectuales de derechas. Por desgracia, tal parece que los que creemos en la República y los que creemos que esta se construye sobre un Estado al servicio de los ciudadanos, somos pocos, por esta vez.

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