¿Democracia a la carta?

Juan Pablo Moncagatta|


El excanciller señor José Ayala Lasso, de brillante historial diplomático, ha escrito en el diario El Comercio (13/07/2019) un artículo que he leído con atención titulado “Fray José Tuárez Primero” cuyo epígrafe -con innecesaria ironía incluida- revela desde el comienzo la intención del autor: descalificar al actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, de paso, ¿por qué no?, a otros tres miembros del mismo acusados del delito de pensar de modo diferente al suyo.

Me parece excelente que, jubilado ya de la carrera diplomática, haya decidido intervenir en política, no exactamente como protagonista de primera línea pero sí como observador que mira el devenir de las cosas y luego emite su opinión. Me permito hacer algunas observaciones al artículo de marras, con la esperanza de que sean recibidas con la tolerancia que merecen por la educación con que han sido redactadas y por ser este un ejercicio democrático.

La primera afirmación crítica del señor excanciller no es nueva, ya la había escuchado en otras bocas, pero no me la esperaba de él. Cuestiona el hecho de que el sacerdote José Tuárez haya recibido “apenas” el 7% de los votos, lo que en su opinión es poco; pero se puede apreciar de otra manera si se dice que ese porcentaje fue el mayor de los obtenidos por los candidatos varones y que representa la voluntad de 898.089 ecuatorianos según publicación del diario El Comercio (27/03/2019). ¿En verdad son tan escasos? Tengamos en cuenta que existieron 43 candidatos que debían repartirse los votos del universo electoral y que obtener ese porcentaje (7%) en medio de una elección tan fraccionada no es poca cosa. Como no es el único miembro del actual CPCCS cuestionado y a punto de ser destituido, enjuiciado y quizás hasta encarcelado, le recuerdo los votos obtenidos por los otros tres acusados del delito de “correísmo”  que son los siguientes: Walter Gómez 811.564, Victoria Desintonio 1´589.890 y Rosa Chalá 2´026.435 es decir que esta última obtuvo el 38,38%, mucho más que el excandidato presidencial Guillermo Lasso (28,10%) en la primera vuelta electoral y que con solo ese porcentaje resultó finalista para la segunda. No, no es poco señor José Ayala Lasso.

Nada me une al señor José Tuárez ni a los otros morituri, a quienes ni siquiera he conocido en mi vida, pero me parece injusto que por tener una inclinación política, pues de eso solo se trata, sea objeto de un cargamontón desatado desde la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, el Contralor, los medios de comunicación de más amplia cobertura (incluyo diarios, canales de TV y radios), algún dirigente gremial con ansias de figuración y no sé cuántos más. Los pretextos son variados y múltiples pero no logran disfrazar el propósito común: acoso, destitución, muerte y sepultura por odio político.

Señala el excanciller que “… hay casos en los que la ciudadanía no conoce suficientemente la sustancia de lo que se le consulta, todo lo cual puede llegar a deslegitimar los resultados”. De acuerdo en términos generales, pero hago presente que eso fue exactamente lo ocurrido con la consulta popular de febrero de 2018. Hubo una lista de siete preguntas y un “suplemento” que las encuestas indican que el 90% de los electores ni leyó, ni conoció, peor entendió. El mismo gobierno, propulsor de la consulta, se precavió de no difundir su contenido y se limitó a pedir que se vote “siete veces sí”, por lo tanto fue una consulta engañosa que, según la teoría del señor Ayala Lasso, habría deslegitimado los resultados Y, añado yo, gracias a este procedimiento engañoso se llegó a crear un CPCCS Transitorio supuestamente investido de facultades extraordinarias que llevó a su Presidente a declarar que estaban sobre la Constitución de la República y que tenían más poder que ¡una Asamblea  Constituyente!  

En la elección de los actuales miembros del CPCCS la responsabilidad es todavía mayor, esta vez atribuible al Consejo Nacional Electoral nombrado por Julio César Trujillo y compañía: impusieron la regla del silencio, lo que en el lenguaje picaresco de nuestra juventud se anunciaba con el grito de ¡se fue la muda! y el primero que hablaba perdía. Sin conceder espacios mediáticos para que cada candidato pudiera expresar sus propuestas -reconozco que era difícil por el gran número de postulantes- además prohibió que éstos difundieran por su cuenta sus ideas, lo que es absolutamente contrario a elementales preceptos democráticos.

Hizo bien la Corte de Justicia de Suiza al anular el resultado de una consulta por considerar que los ciudadanos “no pudieron formar su opinión ni expresarla de manera correcta”, por no haber recibido información suficiente y transparente. La cita es del señor Ayala, que la respalda afirmando que en las últimas elecciones la ciudadanía “se vio obligada a votar con los ojos vendados” (sic). Esto es exactamente lo que ocurrió en el referendo de febrero de 2018 y las elecciones de marzo de 2019, por lo cual habría que concluir, para ser equitativos, que si se quiere anular el resultado de una de cualquiera de ellas habría que hacer lo mismo con la otra, que la siguió o anticipó aparejada. ¿O solo queremos invalidar los resultados que no son de nuestro gusto? Entonces, ¿para qué convocar a elecciones o consultas populares si al final decidimos anular las consecuencias ingratas para nuestro paladar? ¿Sería o no eso el fin de la democracia y del estado de derecho?  

Repito que desconozco a las víctimas de tanto atropello, no he sido parte del movimiento Revolución Ciudadana ni ocupado cargo alguno en el gobierno de Rafael Correa, pero me resulta difícil permanecer callado ante lo que considero injusto. Esa ha sido la guía y actitud a lo largo de mi vida, no voy a renunciar a ella en el último tramo de la misma.