Por Gonzalo J. Paredes
En estos días preelectorales, desde los representantes de la ortodoxia económica, se ha escuchado con mucha facilidad que la dolarización está en peligro, convertidos en atalayas de un supuesto plan malévolo afirman que el objetivo es destruir la “fuente” de estabilidad y riqueza. No obstante, estos mismos personajes que hoy realizan advertencias, en la década de los noventa no se los vio con el mismo ímpetu para defender la moneda nacional de los constantes golpes asestados por la banca privada y la liberalización financiera.
La prontitud con que se colocan el traje de defensores de la dolarización no fue tal para crear una moneda sana. Todo lo contrario, aunaron esfuerzos para debilitarla, limitarla y destruirla. Señalaré algunos hechos. Premeditadamente, en la economía ecuatoriana de los años noventa, se impulsó la mayor toma de riesgo de las actividades financieras. Asimismo, desde las instituciones del Estado y la normativa legal, se buscó asegurar este tipo de comportamiento y decisiones económicas. Esto se conoce como riesgo moral: un individuo realiza determinada acción, sin importar las consecuencias negativas porque un tercero las asumirá.
Este comportamiento dañino fue propuesto y ejecutado por el economista Alberto Dahik, el actual asesor del presidente Lenín Moreno y del ministerio de Finanzas, mediante la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En 1994 fue vicepresidente de la República. Paradójicamente, la liberalización financiera fue celebrada por el propio Superintendente de Bancos de la época, Roberto Muñoz, a pesar que le restaba funciones y capacidad para supervisar a la banca privada (ver figura 1).
Figura 1. Declaraciones del Superintendente de Bancos Ricardo Muñoz Chávez acerca de la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, mayo de 1994.
Fuente: Tomado de Diario El Universo
Más adelante, en 1996, a través de la Junta Monetaria y del Banco Central del Ecuador, se autorizó créditos de liquidez al Banco Continental, bajo una alta tasa de interés que imposibilitaba el principal propósito de estos: la recuperación financiera del banco. Además, estas decisiones enviaban una clara señal al resto de las instituciones financieras: “si les va mal, aquí estaremos”. Posteriormente, sobrevino problemas de liquidez y de solvencia en la mitad del sistema financiero. En 1996, Guillermo Lasso era miembro de esa Junta Monetaria y Augusto de la Torre estaba como presidente del Banco Central del Ecuador.
Entre 1993 y 1998, la moneda nacional resistió los efectos perversos de la liberalización financiera, a pesar de que el régimen cambiario presentaba debilidades. Sin embargo, en la Carta Magna de la Asamblea Constituyente de 1997-1998 “apareció” una disposición transitoria que autorizaba al Banco Central a conceder créditos de solvencia por dos años al sistema financiero. De este modo, se consagró a nivel constitucional el riesgo moral. No existe régimen cambiario, ni teórico, mucho menos práctico, que soporte tamaña disposición.
Por eso, en 1999, Ana Lucia Armijos, ministra de Finanzas, desechó las bandas cambiarias e implementó la libre flotación del dólar. Esto trajo más devaluación e inflación. En aquel entonces, Guillermo Lasso era el superministro de Jamil Mahuad. La moneda cayó rendida y su eliminación era cuestión de tiempo porque no había opción técnica posible, excepto decisión política, pero tampoco existía.
Un dato adicional, el secretario de la Asamblea Constituyente de 1997-1998, cuando se “filtró” la disposición transitoria, fue Diego Ordoñez. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, Ordoñez señaló que nunca tuvo conocimiento de tal mandato, a pesar de que él certificó todo el proceso. El desaparecido Julio César Trujillo era parte de esa asamblea y expuso casi lo mismo. Sin embargo, después de la entrada en vigor de la Carta Magna, nadie hizo nada.
La pérdida de la moneda nacional no fue producto de un Estado interventor y obeso. Tampoco de la financiación del gasto público a través de la emisión monetaria. Mucho menos, por la rigidez del mercado laboral. El abandono del sucre y la implementación de la dolarización fueron ocasionados porque el servicio público se convirtió en un espacio que respondía a intereses privados, donde lo ilegitimo se vuelve legal.
Con estos antecedentes, surge la siguiente interrogante: ¿es creíble que Guillermo Lasso, Diego Ordoñez, Alberto Dahik, y Acosta Burneo, entre otros, defienda la dolarización porque genera estabilidad y progreso? La respuesta es no. Defienden el principio con el cual nació legalmente la dolarización: la libre entrada y salida de divisas (dólares). Principio que permite la fuga de capitales, el mismo que se suprimió cuando se aplicó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en 2008. En 2017, la eliminación del ISD fue promesa electoral notarizada de Guillermo Lasso. Moreno buscará cumplirla, como tantas otras, en 2021.