Edison Hurtado Arroba
El 2018 cerró con un gasolinazo navideño que, en cadena y sin compensaciones sociales, incrementa los precios de los productos de la canasta básica de forma regresiva (los más pobres son los más golpeados). Además, la proforma presupuestaria aprobada acusa una clara reducción para sectores como educación, salud y medioambiente. La contracara de estas medidas regresivas son aquellas orientadas a favorecer a los grupos corporativos que aúpan al régimen de Lenín Moreno. Tal cosa no es sino la condensación de los modos en que se manejan los hilos del poder en la actualidad: actuar a favor de una élite corporativa y rentista que ha cooptado el poder político sin haber ganado las elecciones, imponer una agenda de ajuste neoliberal y transferir los costos sociales a la población, en medio de la condonación de impuestos a los más ricos (a veces como “remisiones”, a veces como “incentivos”).
El balance del año 2018 giró, entonces, en torno a la captura del Estado por una plutocracia corporativa criolla. La faceta más crasa fue la aprobación de la llamada “Ley de Fomento Productivo” que, en paquete -cual Ley Trole-, promueve condonación de impuestos (remisión) principalmente a grandes grupos económicos, eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas y del anticipo al Impuesto a la Renta que, más allá de fines recaudatorios, cumplían un rol de registro y seguimiento tributario contra la elusión y la evasión. Además, la ley afecta a los contratos petroleros y el Estado renuncia a su participación cuando exista un excedente en el precio fijado por el crudo. Por último, también destaca las restricciones (satanización) a la inversión pública y al uso del ahorro interno, y concesiones a las empresas para autogobernarse y desregular las inversiones petroleras y mineras. ¡Un combo!
Políticamente, los grupos que hicieron campaña por Lasso y la derecha hoy gobiernan con Moreno. Para muestra, ahí está el endoso a los gremios corporativos de las carteras de Economía, Producción, Comercio, Turismo, Hidrocarburos, Medioambiente… y ahora hasta la propia Vicepresidencia. El mecanismo ha sido directo: ceder la agenda y los espacios de gestión gubernamental-estatal a los dirigentes de los sectores empresariales (lo que se conoce como “puertas giratorias”). Nada más lejos de un proceso democrático y mucho más cerca de un control plutocrático del aparato estatal.
Todo ello contribuye a la concentración de la riqueza y a la voracidad del capital especulativo (facilita los offshore). Sobre todo, mina las propias capacidades estatales para, con alguna autonomía relativa, regular a los poderes fácticos (al menos tener un registro de los montos y los movimientos financieros) o para intentar una apuesta redistributiva progresiva.
Capitulación y pax mediática
Lo que pasa en Ecuador también tiene que ver con una pax-mediática, con una doxa, forjada a punta de posicionar un discurso recurrente o de encuadrar los temas de forma harto sesgada (por ejemplo: “todo es culpa de Correa”). Agenda setting y framing, si queremos ponernos técnicos. Tal puesta en escena ha impuesto un clima en que se vuelve urgente la reforma neoliberal. En este sentido, los medios (incluido los públicos) han dibujado una senda editorial de alineamiento oligárquico.
El giro neoliberal que se acusa en realidad esconde la restauración de un poder predatorio poco proclive a la inversión productiva y más acomodado a la lógica rentista: promover la explotación laboral, acumular nichos de mercado oligopólico (sin competencia) o simplemente precautelar intereses del capital financiero con lógicas especulativas o promoción de paraísos fiscales.
De cuerpo entero se pintan estos intereses. Basta ver al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en su paladina lucha contra los impuestos, a nombre de la “productividad”: los trabajadores “deben ser más productivos”, los empresarios deben “hacer rendir más sus inversiones”, y el principal mecanismo -aparte de la evasión, elusión y condonación de impuestos- es la flexibilización laboral. Todo esto, en castellano, no significa más que hay que incrementar los niveles de explotación y expoliación so pretexto de ser “más productivos”. Voraces ansias de acumular. En su retórica, siempre son insuficientes o muy lentas las reformas pro-ricos. Al final del año vemos cómo, por ejemplo, se rasgan las vestiduras para impedir el aumento del salario básico (uno de los principales mecanismos de distribución de la renta).
Realpolitik transitoria
En balance, la estrategia de cesión/capitulación frente a la plutocracia ha sido rentable para Moreno, hasta ahora, pero cada vez es menos útil. El gobierno ha obtenido oxígeno en forma de apoyo de los socialcristianos en el legislativo y de los gremios empresariales y mediáticos en la escena política. Los articula un discurso anticorreísta que, de todos modos, ya va dando menos réditos. Sin embargo, en perspectiva histórica, sí resulta una victoria pírrica: sobrevivir políticamente para gobernar a favor de las élites no es ni “descorreizar”, ni “reinstitucionalizar”, ni “democratizar”, ni nada con lo que se quiera maquillar el servilismo. La historia juzgará su futilidad.
De hecho, la retórica de “re-institucionalizar” al país luego de la “década correísta” pierde toda credibilidad cuando se actúa por vendetta y con lógica persecutoria. El aparataje institucional que orquesta la revancha plutocrática y sostiene políticamente al morenismo está plagado de organismos “transitorios” (el mismo Consejo de Participación) o de funcionarios “encargados” o “subrogantes”, muchos de ellos con la sola virtud de ser anticorreístas declarados. El intento de convocar a un plebiscito para legitimar la larga trama de cambios y decisiones del Consejo de Participación Transitorio muestra las angustias, la arbitrariedad y hasta la debilidad de quienes -por ahora- sostienen ese andamiaje.
Por eso suena y resuena -desde sectores plutocráticos y pelagatunos- que el gobierno de Moreno no es sino una transición, que dará paso a una derecha más abierta. Calculan así lassistas y nebotsistas, en prospectivas similares, pero potencialmente antagónicas: Lasso aspira a ser la “verdadera oposición” de Moreno (denunciando incluso el pacto Nebot-Moreno), mientras Nebot espera a crecer poco a poco, al menos ganar la elección en Guayaquil y buscar cuadros en otros cantones en las seccionales de marzo próximo.
Llegan las elecciones de marzo de 2019 y la legitimidad del gobierno tambalea. Las cifras de aprobación a la gestión gubernamental caen en picada, lo mismo que la credibilidad en la desgastada palabra presidencial. Según Perfiles de Opinión, las evaluaciones positivas (“buena” y “muy buena”) de la gestión de Moreno caen de 80% a 37.7% entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. Para enero seguro las cifras empeorarán, cuando ya se registre el efecto en la población de la subida del precio de los combustibles, incluido el diésel. Se trata de un desplome de la popularidad de Moreno. De hecho, las cifras muestran que un 62% califica de “mala” o “muy mala” a su gestión. Cedatos, por su parte, también reporta que más del 50% de población que desaprueba al gobierno de Moreno.
¿Quién defiende a Moreno, entonces? Los medios y los grupos de poder a los que sirve. En una palabra: las cámaras y las Cámaras (con “c” y con “C”).
2019: entre voracidad criolla y vulnerabilidad externa
En 2018 la economía del país crecerá apenas por encima de un 1% (en 2017 fue un 2.4%), pese a gozar de un alto precio del petróleo. Y pese a los ingresos petroleros, igual la balanza de pagos es negativa para el país, porque se elevaron las importaciones de derivados de combustible y de productos de consumo. Así, la economía del país no solo que refleja su histórica debilidad (eternamente expuesta a factores externos, por ser un país exportador de commodities e importador de bienes), sino que se enrumba hacia peor. En pocos meses desdibujó un mínimo horizonte de crecimiento con equidad y se dejó llevar por intereses corporativos que privilegian el reparto y captura del Estado. Y ya es poco creíble eso de que “todo es culpa del despilfarro populista de Correa”.
Para 2019, la CEPAL proyecta un crecimiento del 0.9% del PIB para Ecuador, esperando el peor rendimiento de la región solo después del desastre de Argentina (-1.8%), Nicaragua (-2.0%) y Venezuela (-10%). El escenario económico para 2019 se pinta complicado. Según los últimos reportes de la CEPAL, se estima que bajarán tanto el precio como la demanda de petróleo, que el crecimiento económico mundial se deteriore, que la vulnerabilidad de las economías emergentes se acentúe por una mayor volatilidad de los mercados financieros y por las disputas comerciales entre China y los Estados Unidos, que el acceso a crédito internacional sea más caro, etc.
Los países de AL y en especial los que tienen aparatos productivos poco diversificados, mercados internos abiertos a las importaciones de consumo y altamente dependientes de recursos naturales (como el Ecuador) enfrentan potencialmente una economía turbulenta con choques externos fuertes, llena de incertidumbre. No solo que el dinamismo económico baja a nivel mundial, sino que los mercados para las exportaciones latinoamericanas están expuestos a contracciones: China desacelera su demanda de petróleo, Estados Unidos -uno de nuestros principales mercados- mantiene una recuperación baja (cerca del 2.5%). Los países europeos y los emergentes (excepto India) proyectan rendimientos malos o decrecientes. A esto se suma una creciente apreciación del dólar, lo que por rebote implica que los productos de nuestra economía (siempre primarios) se vuelven menos competitivos en los mercados internacionales.
En Ecuador en particular, lejos de prepararnos para semejante escenario, se ha implementado un modelo que promueve la concentración del ingreso, sin espacio para políticas contracíclicas o de inversión pública (que amortigüen la economía), ni que proteja a los sectores vulnerables. Las políticas tomadas por Richard Martínez (Moreno es pura pantalla) implican beneficios plutocráticos. Y con rentismo no se compite en la economía mundial: solo se garantizan beneficios para los grandes grupos de poder. Sin proteger el empleo, ni dinamizarlo, tampoco se puede esperar mucho. Satanizar la inversión pública no ha hecho sino desmantelar un potencial aporte al crecimiento y al empleo. Privatizar solo genera oligopolios (algunos se relamen por las telecomunicaciones o por las hidroeléctricas). El ajuste con prebendas no es una política de desarrollo. No hay que revivir a Keynes para sacar estas conclusiones. Es más, la precarización laboral que tanto pretenden, solo hará más vulnerables a los trabajadores.
La siempre esperada “inversión extranjera directa” no es lo que lo que Moreno y sus círculos vaticinan (el propio BCE les desmiente), y podrá aparecer más como capital rapiña o capital golondrina antes que como base del crecimiento. Es lo que llama David Harvey la “huelga del capital” (financiero): solo aparece donde puede lucrar (sin redistribuir). Si se concreta la producción petrolera del campo ITT, algo se maquillarán las cifras, sin olvidar que el sector no petrolero de la economía sigue siendo débil y deficitario.
Lo peor: la política fiscal y la estructura tributaria. No solo se ha satanizado la inversión pública, sino que se está buscando nuevamente reducir el gasto social. El equilibrio fiscal se opera hacia abajo, regresivamente, no hacia arriba. Es más, las élites han logrado cooptar al Estado y han minado el espacio para una estructura de impuestos progresiva que sostenga las coberturas sociales para los sectores pobres, o que invierta en capacidades humanas a mediano plazo a través de educación y salud. Los grupos oligárquico-mafiosos no solo que evaden y se condonan impuestos, sino que promueven un manejo fiscal regresivo: menos estado de bienestar (reducción de presupuesto para educación y salud, por ejemplo) y más estado rentista (remisiones a las grandes empresas). Así las cosas, el 2019 no pinta bien.
Estamos ante una “democracia capturada” por una plutocracia que regresa con ansias atrasadas a querer imponer las mismas condiciones desmedidas de acumulación (que llevaron a la crisis de 1999). Los mecanismos para capturar al Estado los han encontrado en un gobierno títere que ha cedido espacios clave de regulación pública justamente a aquellos actores a los que hay que regular (empresarios y banqueros) y en una prensa alineada a los intereses corporativos.
Los retos de la política y la economía están ahí: limitar la voracidad predatoria de la plutocracia y reencauzar un modelo de desarrollo incluyente. Para eso se necesita de acción política. Moreno ya fue. Pasará a la historia como un títere solapado. El país aún queda.