Dr. Francisco Herrera Aráuz
Exclusivo para www.ecuadorinmediato.com*
** La ilustración que acompaña a este artículo pertenece al artista plástico ecuatoriano Pavel Egüez.
Esta semana que termina se dio un caso de ejecución extrajudicial en la nación, en Mascarilla, provincia de Imbabura. Debe ser porque el tema fue maltratado en los medios de comunicación masivos, o que el gobierno, sus voceros y los «líderes» de opinión favorables al mismo, han minimizado este tema en grado extremo, pero, lo que se dio fue un asesinato con el sentido exacto de las palabras, el de Martín Andrés Delgado Padilla, hecho causado por el policía David Eduardo V.C. con arma del estado. Pero, tal pareciera que no fuese tal y que mas bien la culpa se la quiere trasladar a la víctima, a su entorno social y étnico denotando un nuevo momento de racismo, abuso policial y delito de odio entre quienes justifican o reclaman la gravedad del asunto. Da la impresión de que se quiere diluir el acto criminal para evitar su reclamo.
Los hechos relatados por las partes se dieron el pasado 23 de agosto de 2018, en el marco de un enfrentamiento entre pobladores de la zona deprimida del norte de Imbabura, en el sector de El Juncal en al Valle del Chota, al producirse un accidente de tránsito. El retiro del auto causante por parte de la policía usando una wincha provocó el primer conflicto, lo que se agudizó con el robo del vehículo y la persecución de los uniformados y los participantes del incidente hasta el sector de Mascarilla, donde una parte de la población se había concentrado para defender a uno de los suyos, el acto escaló en violencia con enfrentamientos.
Es en ese momento, a plena luz del día en un horario cercano a las 09h00, según lo que se puede mirar en un video en redes sociales, un policía nacional (David Eduardo V.C.) perteneciente al GOE, plenamente uniformado y equipado para reprimir manifestaciones, camina hacia un sector de la carretera donde se estaban dando los hechos y en forma sorpresiva regresa levantando un arma, que se supone es de dotación que parece ser un fusil de asalto, procede a disparar apuntado hacia los pobladores que estaban protestando, impactando en forma certera, por la espalda, a Martín Andrés Delgado Padilla, joven afroecuatoriano, quien fuera futbolista profesional ya que jugó en el Mushuc Runa hasta hace un año atrás, tenía 24 años, de edad, con dos hijos, oriundo de El Chota, provincia de Imbabura.
El brutal asesinato reflejado en la desesperación de uno de los amigos de la víctima, que se ve en las imágenes como grita y clama ayuda en medio de un charco de sangre del joven Delgado Padilla, se convirtió en indignación entre los pobladores que atacaron en forma violenta al cuartel de policía que estaba ubicado en el lugar, llegando al grado extremo del incendio de un patrullero y al edificio mismo, dejando a dos policías heridos más la destrucción de los bienes del estado.
Dicen que hay momentos en que a una víctima se le asesina varias veces, y este parece ser el caso de Martín Andrés Delgado Padilla, ya que frente a la sociedad ecuatoriana el tema se lo trata de manera diversa, a veces absurda, y aflora los complejos de la sociedad ecuatoriana que reacciona de forma incomprensible en algunos casos.
Partamos por la prensa. Denunciado el hecho en redes sociales, que logran subir el video del asesinato en forma casi instantánea, la situación genera una especie de confusión colectiva ya que no se admite que esté ocurriendo aquello, y salta una especie de autocensura en los medios para señalar directamente la verdad de lo ocurrido. Horas más tarde, cuando el caso crece en términos de escándalo público, pero solo entre quienes tienen acceso a las redes sociales, se comienza a dar una versión muy difusa del hecho hasta que finalmente en los noticieros de la noche, en todos los canales de televisión, el tema es tratado como un “Enfrentamiento de contrabandistas”.
La verdad no es dicha de frente, se trata de un ASESINATO, es una Ejecución Extrajudicial, un ataque a una persona con un arma de dotación de grueso calibre provocada por un agente del estado, que en uso abusivo de la fuerza procede a matar a otro en un acto de premeditación, alevosía y ventaja. A dos días del asunto, la “gran” prensa ha desaparecido el hecho y remitido a páginas interiores, ayer al entierro del joven Delgado Padilla no fueron nadie más que sus allegados, que con rabia seguían sin entender el motivo de este crimen. Con severas excepciones, como el caso de Metro o el periodista Holguer Guerrero de Ecuadorinmediato, en los demás no hubo reseñas, partes mortuorios, notas necrológicas, acuerdos de protesta. Silencio. Había muerto un afroecuatoriano, pero eso nunca lo dijo la gran prensa como tampoco lo trató con un valor de verdad.
La reacción del Gobierno de Ecuador ha sido confusa, contradictoria, esquiva, como queriendo eludir la responsabilidad en este caso de asesinato. El Ministro del Interior, Mauro Toscanini fue el primero en evitar el caso, usando un tono algo indiferente se refirió al mismo como un acto “que se investigará”; la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, insistió en el mismo mensaje del “se investigará” admitiendo que las balas salieron de un arma del estado y, que se había apresado a tres posibles culpables.
Finalmente, a día seguido informó que el presunto culpable de los hechos era el policía David Eduardo V.C. que ya estaba apresado y destinado a la cárcel 4 de Quito. La Defensoría del Pueblo procedió a solidarizarse con la familia, y buscar que se avance con el ofrecimiento del “se investigará” tan prometido, al tiempo de buscar garantías para el detenido y que se cumpla el debido proceso. Los organismos de derechos humanos no han dicho nada hasta el momento, y sus famosos reclamos para esta vez son evidentemente callados. Silencio. Habían asesinado a un ser humano, pero eso no los escandaliza como hasta hace poco, y no es motivo de reclamo o denuncia de sus voceros que han enmudecido con el crimen, que indignante.
Y si, claro que debe investigarse, y sancionarse de acuerdo con la Ley, porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a este como un caso de Ejecución Extrajudicial tipificado en el Artículo 85.- La funcionaria o el funcionario público, agente del Estado que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona, sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Que la justicia cumpla con su papel y sancione con el máximo de la pena a un acto criminal que tiene todos los agravantes del caso, que el estado defienda a la víctima usando todos los recursos posibles y lograr una reparación a los familiares de Martín Andrés Delgado Padilla ante lo que es, un Crimen de Estado.
Entonces sí, hay que investigar, pero no solo al policía sino a toda una cadena de funcionarios, oficiales, jefes y a los policías que salieron a reprimir esta protesta. Investigar por ejemplo la responsabilidad política del ministro Toscanini, que debe responder ¿Qué órdenes dio como política de seguridad a los cuerpos policiales?, porque si responde que no las ha dado estará incumpliendo con su obligación, y si las dio, en qué consistieron las mismas. El Comandante de Policía Nelson Villegas debe informar cuales son las ordenes que se dieron para estos casos y ¿Por qué los policías salen armados con armas de grueso calibre y balas de plomo a reprimir a los manifestantes?, que se aclare ¿Qué se entiende para los policías como el uso progresivo de la fuerza? Responder a eso nos daría la pauta para explicar este comportamiento averiguando si en los cuarteles policiales no se están formando asesinos en potencia.
No se puede saber el motivo por el cual el policía atacó de esa forma a Martín Andrés Delgado Padilla, no se sabe qué habrá pasado en su fuero interno para levantar su arma y disparar a “sangre fría” para cometer este asesinato, quien sabe si en el proceso. Pero, lo que si se evidencia en cambio en la sociedad ecuatoriana es que el caso es tratado con diferente rasero; y lo digo por el debate abierto en las redes sociales donde se abusa de los insultos contra los policías o se advierte un tono de racismo al calificar al crimen como un acto contra un negro con toda la carga despectiva que se tiene al respecto. No hay las consabidas campañas mediáticas para reclamar por esta vida, ni un solo #hashtag reivindica a su familia, madre esposa o a sus hijos. No. Solo hay silencio. Mientras que en los medios solo se sigue construyendo al tema como un enfrentamiento, más o menos como el consabido ajuste de cuentas con el que se justifican estos crímenes, hasta construir un escenario manipulado que desmovilice a gente a exigir justicia por este hecho. Da la casualidad de que anda por aquí el Relator de Libertad de Prensa de la CIDH Edison Lanza, quien al parecer no ha tomado en cuenta esta forma de comportamiento de la prensa, de “su” prensa que tanto defiende sin tomar en cuenta a las víctimas.
El problema pasa a un nivel superior al considerar la situación como parte de un delito de odio, ya que según el artículo 177 del COIP, determina que: “La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años».
Y aumenta la dimensión al percibirse a esto como un asesinato por odio como lo es el racismo ya que para la comunidad afroecuatoriana al sentir que nadie reclama o le defiende, lo ha tomado como un gesto racista por parte de la sociedad ecuatoriana, como que no le duele que hayan matado a un negro. Y en verdad, aparte de un pronunciamiento del Consejo de Igualdad de Pueblo y Nacionalidades, o la Comisión Nacional Afroecuatoriana, a nadie más en términos institucionales, ni siquiera lo han hecho los políticos o los movimientos sociales que suelen movilizar a su gente a sus abogados en toda circunstancia para reclamar esta criminalización de protesta social porque su cercanía con el gobierno del presidente Lenin Moreno los tiene inmovilizados y cómplices del silencio. Ni siquiera en el mundo del fútbol que tantos jugadores de esta etnia tienen en sus equipos ha resuelto decir algo, ni un minuto de silencio en sus partidos, o que Martín Andrés Delgado Padilla haya pasado por sus filas, No, nada. Solo el emblemático jugador de LDU, Juan Anangonó previo al partido con Guayaquil City, desde el camerino cuando Gol Tv le pidió un saludo tuvo el gesto solidario de enviarlo “A mi gente, a la gente del Chota, que está pasando por un problema” lo dijo sentido, sensible siendo esta la única voz desde el deporte que se hizo conciencia del asesinato.
Ojalá la justicia no cumpla un papel miserable en este caso. Lo digo por experiencia negativa, como en los casos del estudiante del Mejía Patricio Herman en el 8 de enero de 1980, cuando fue asesinado por el capitán Carrillo Meza, al que le dieron solo 2 años de prisión; o el de Juan Esteban Villacreses Reyes, victimado por el policía José Alfredo Llumiquinga, con una sentencia de solo 2 años no más. Hubo que dar una dura lucha en los tribunales para ganar mayor número de años, porque siempre se alude desde la policía para evitar la sanción que es “en defensa propia”; “Que fue el uso progresivo de la fuerza” O; “que no se usaron armas letales” con lo cual dejan en la cuasi impunidad. O como en el caso de 30S, que los uniformados salieron a las calles a victimar a la población actuando en peor forma que los delincuentes que dicen combatir, usando las armas del estado para atacar a la población y luego justificarse en el espíritu de cuerpo y alegar que son inocentes porque no se les identificó como los criminales en actos de asesinato, tortura, agresión violenta.
Como se dijo en las redes sociales con mucha frontalidad contra la prensa, el gobierno, la policía y los cómplices silenciosos, lo dice Carlos Espinoza: “Tres veces asesinaron al joven de #Mascarillas. Una en la calle, otra en los medios y la tercera en las organizaciones de derechos humanos” (FHA)
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* Autorizado por el autor para su publicación en Ruta Krítica