Francisco Herrera Aráuz/EcuadorInmediato
En Ecuador se ha vuelto nuevamente a la vieja práctica política de los «hechos consumados» con los cuales se han justificado muchas injusticias, ilegalidades, arbitrariedades y hasta la destrucción de vidas. Apelando a los prejuicios, los rumores, las versiones ignaras y el odio político como lo más utilizable, han logrado manipular a la masa crítica hasta cometer los peores atropellos a la historia nacional. No es uno, son cientos de malos ratos los que la nación ha vivido, vive y al parecer vivirá. Hoy es uno de esos míseros momentos que nos marca con severidad e ignominia.
En una sociedad como la nuestra vivimos del juzgamiento anticipado que nos genera graves conflictos y enfrentamientos, por lo regular cuando se trata de política o de del derecho. Hablando en demasía los líderes de opinión suelen expresar sus puntos de vista con mucha ligereza, y provocan los tumultos en la masa, la cual responde más a las animadversiones de los declarados enemigos políticos antes que a la ley o la jurisprudencia. Es decir, creamos obligaciones que no aplicamos, reclamamos derechos que no cumplimos.
El denominado caso Balda es al momento la nueva tormenta política que se ha desatado en Ecuador y que, por los ribetes de este, tiene todo para agitar el ambiente con una serie de datos e imprecisiones, que generan mucho debate y discusión desde los entendidos hasta los ignorantes de los hechos. Es tanto, que las decisiones que se han adoptado al momento entre la justicia y la política, con la intervención violenta de los medios de comunicación, denotan que el desconocimiento como la perversidad pueden llevar a que la sociedad a un linchamiento mediático contra personas e instituciones al grado extremo de sancionarlos antes de hora, culpabilizarlos con el fin de eliminarlos públicamente, y hacer justicia de mano propia con esa lógica de los hechos consumados con los que se actúa al momento.
En este caso judicial debo comentar con objetividad que lo desconozco en su gran mayoría, y es obligación para quien opina públicamente el enterarse con rigor para expresase en el caso. Sin embargo, he de aspirar a que impere el derecho en todos sus valores y principios. Es decir, si hay un delito que se menciona los hallados culpables deben ser sancionados, si se afectó a una persona, a un ciudadano ecuatoriano y su integridad, que se castigue a quienes se los encuentren como promotores de estos hechos. Pero, con la misma severidad con la se exige el castigo que se promueva el derecho en toda la extensión de la palabra, es decir, que se respete el debido proceso, que se salvaguarden las debidas garantías que le dan seguridad jurídica a una nación y se juzgue con conocimiento, probidad y verdadera justicia. ¿Es mucho pedir?
En el país es costumbre que la clase dirigente, cuando ya no puede torcer mas las leyes a su antojo opte por la mísera salida política con la que se justifica todos los atropellos al derecho y se proclaman justicieros hasta inmolar en su pira de vanidades al culpable, así sea antes de hora o sin respetar ningún derecho actuando en forma atrabiliaria. Es más, una vez ejecutada su revancha siempre acuden a la opinión pública a denostar con lo arranchado y decir en forma vocinglera que se ha hecho justicia cuando en verdad es una concupiscencia de hechos consumados vergonzosa y vergonzante. Tal pareciera que el caso Balda está cayendo en ello y va para peor.