ECUADOR: Crisis del Estado de Derecho y Conflicto Social.

Danilo Altamirano|

La crisis por la cual atraviesa el Ecuador ha reconfigurado el orden social, económico y político; realidad que invita a redimensionar al ser humano como sujeto de convivencia pacífica y hermandad. En lo económico, hay que ser conscientes de la existencia de los distintos modelos económicos, que van desde el neoliberalismo económico al intervencionismo del Estado, los cuales traen consigo nuevas estructuras y ciclos económicos, donde las teorías económicas incorrectas conducen a políticas incorrectas, que pueden ser prolongadas o profundas. En lo político, el escenario de disputa indica que arrancó el proceso preelectoral de cara a las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas, con inminente perfil de obsesión compulsiva, que somete al pueblo ecuatoriano a ser participante pasivo del ambiente de activismo y demagogia política, dada la diversidad de intereses en conflicto.

El progresivo debilitamiento del Estado de Derecho y el aparecimiento del conflicto social, ocasionado principalmente por el bajo y limitado liderazgo del Ejecutivo, cuya insuficiencia resulta cada vez más notoria, que contribuyen a generar un panorama difuso, confrontado, dividido, especulativo y de incertidumbre en la nación. A tal punto que no se sabe quién gobierna, donde los pactos y acuerdos aparecen de la noche a la mañana, y en algunos casos se contabilizan en la Asamblea Nacional. Tenemos un Vicepresidente no electo por el pueblo ecuatoriano. La sede del gobierno con el Decreto Ejecutivo 888 se ha trasladado de Quito a Guayaquil, en el marco del Estado de excepción. Las funciones del Estado están estrechamente ligadas al gobierno, no como figura de coordinación interinstitucional, sino como medidas complementarias de cálculo político en la lucha hegemónica del poder. La justicia en algunos casos ha pasado a ser una tercera instancia del juego democrático, constituyéndose en un factor nuevo en el funcionamiento de los poderes.

Han pasado dos años y medio desde que el Presidente de la República asumió la gran responsabilidad de conducir el destino del país. En los albores de la democracia, afirmó en discurso de posesión el 24 de mayo de 2017, “que con el diálogo lograremos un Ecuador participativo, comprometido, responsable, inclusivo y honesto, pero sobre todo que viva en paz”. Sin embargo, en medio de la crisis por la subida de los precios de los combustibles según Decreto 883, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE a través de sus dirigente manifestaron la carencia de diálogo con el pueblo. Este hecho reveló que la campaña que maneja el gobierno sobre el “Dialogo Nacional y el Gobierno de Todos” responde a una estrategia de comunicación política, que no responde a la realidad, tal es así que se desconoce los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional -FMI- y la redistribución de la riqueza en obras en el territorio.

Es importante conocer que la CONAIE fue fundada el 16 de noviembre de 1986, tras un largo período de gestación comenzado en 1980 con la Constitución del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE). La CONAIE se constituye en un sujeto histórico y  como una organización con propuestas de izquierda, que ha tomado la conducción política de la resistencia al FMI y al neoliberalismo.

De este modo, tras las repercusiones, surge la interrogante ¿El Gobierno Nacional seguirá con el plan o receta del FMI?, de seguro que sí, ya que la prioridad del Gobierno es reducir el déficit fiscal y la reactivación económica con interés en los grupos económicos privilegiados que concentran y acumulan la riqueza, sin importar el incremento de desempleo, desigualdad y pobreza.  De ahí que, la CONAIE en su pronunciamiento con el gobierno nacional acusó al gobierno de condonar la deuda por 4500 millones de dólares a los grupos económicos a través de la Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal” publicada en el registro oficial el 21 de agosto de 2018 y donde se encuentra la remisión de interés por mora, multas y recargos.

Asimismo, la CONAIE en el marco del diálogo con los representantes de las funciones del Estado conminó a la Corte Constitucional a que ejerza el respectivo control de constitucionalidad de todas las medidas económicas, y las leyes que el gobierno nacional vaya llevar adelante. Además, exhortó a transparentar los acuerdos a los que llegó con el FMI. Estos actos urgentes que han sido demandados, seguro generaran nuevas tensiones políticas y sociales, poniendo presión al sistema político y a la gobernabilidad.

Este escenario transitorio y con alcance permanente, mantiene a los ciudadanos divididos y desconcertados por la crisis del Estado de Derecho y su conflictividad, manifestada por la violación a los derechos humanos, la escaza independencia de las funciones de Estado, la politización de la justicia y la creciente desconexión entre sociedad e instituciones públicas, fenómenos complejos que ocasionan incertidumbre y desconfianza en los ciudadanos. Por lo tanto, emerge la pregunta sobre el futuro del Estado de Derecho y sus contenidos emancipadores ¿En qué condiciones puede el constitucionalismo sobrevivir ante la represión gubernamental y el conflicto social?

Lo que sí está claro, es el reinicio de un escenario de diálogo jerarquizado y comprometido al FMI, con garantías parcializadas al ejercicio del poder, mas no a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, tampoco de la incorporación de nuevos modelos de organización política, sistemas de participación ciudadana y de gestión administrativa que respondan a la realidad nacional y local.

Palabras claves:  Gobierno Nacional, Estado, CONAIE, ciudadanía, poder político y económico.