Dr. Francisco Herrera Aráuz / Exclusivo para Ecuadorinmediato.com*
Solo fueron tres palabras «Nada de reservado» las que han desatado en esta última semana una ola de indignación de reclamo por el asesinato de Paul Rivas, Cristhian Ortega y Efraín Segarra, los del equipo periodístico de «El Comercio», como de Oscar Villacis y Kathy Velasco, tanto en la nación como en sus familias que una vez más se sintieron burlados por el gobierno de Lenin Moreno. Entonces, en las palabras de los mas cercanos se han reflejado la rabia e impotencia de los que se sienten engañados constantemente y, que ahora ha acumulado hechos de tal naturaleza en el caso, que los señalan directamente como los culpables directos e indirectos de los crímenes, con una certeza que se asimila a la frase «el dedo apunta cada vez mas cerca» a todo el régimen gubernamental ecuatoriano de ser ellos los culpables de los asesinatos de frontera en este 2018.
A partir del 26 de marzo de 2018 que al Ecuador le han caído en su contra una grave cascada de hechos criminales, que incluyen la perdida de vidas valiosas, todo en medio de la intriga de que está haciendo el gobierno nacional, sea para enfrentar los hechos, sea para rescatar con vida a los cautivos, sea para sancionar a los culpables todo con un reclamo de verdad por lo ocurrido, lo que hasta el momento es imposible para gobierno del presidente Lenin Moreno que no puede explicar ni explicarse con lo ocurrido, mientras se extiende en todo el país el sentimiento de “#nohicieronnada”, que se vuelve desde rumor sospechoso hasta tendencia creciente y furiosa en redes sociales, con todo el impacto negativo que tiene.
De lo primero que se le puede culpar al gobierno nacional es que, si sabían de la existencia de “Wacho” y los suyos por lo que se va descubriendo en las últimas semanas, y por ello es por lo que se pudo haber evitado todo esto, ya que tanto la policía como las fuerzas de seguridad sabían y estaban en “negociaciones” con este delincuente y su grupo. Los contactos, conversaciones de chat desde mediados del año 2017 entre un comandante de policía, como de algunos otros contactos, evidencia que ahí había una connivencia; del lenguaje que se desprende de los chats con Walter Arrízala hay la evidencia de una relación demasiado cercana, tanta que se hablan por teléfono sabiendo quien está al otro lado de la línea. De los reclamos del jefe de la banda para el cumplimiento de promesas, las que son consultadas con los mandos policiales, se halla una muestra de que había “acuerdos y arreglos” que se definieron y discutieron en las cúpulas a espaldas de la nación, todo en medio de un secretismo absurdo, ya que no pueden responder a la pregunta más que lógica: ¿Qué hacía la policía nacional negociando con delincuentes? Si el presidente Moreno o alguien del gobierno nos habla de permisividad con los narcotraficantes en frontera norte, y que se refleje en estas palabras solo se vuelven en su contra, exactamente en su contra, porque resulta que los permisivos y negociadores han sido ellos.
Los ataques terroristas con coches-bomba, dinamitazos a las torres eléctricas, advertencias a la población, los secuestros indiscriminados a las personas, mas el ambiente de terror a la población entre enero y febrero de 2018, son solo una expresión evidente del incumplimiento de las promesas a Wacho según sus palabras, pero al mismo tiempo dan a entender que existió algún conflicto anterior y que da rienda suelta a las versiones que acusan a la policía de capturas de drogas y dinero no reportados, que si bien fueron desmentidas en Ecuadorinmediato, en febrero mismo, por el comandante general Ramiro Mantilla, han quedado flotando muchas dudas, muchas, tantas que a estas alturas la única seguridad es que Wacho operaba en la zona fronteriza, quien sabe si en el mismo Ecuador, y que de esta presencia como de sus acciones se conocía, por lo que la permisividad es evidente pero -en este tiempo y con este presunto delincuente- por lo que el régimen del Presidente Moreno queda una vez mas inculpado, y señalado como un grupo que pudo haber evitado toda secuencia de actos criminales, con los que negociaba y conversaba de manera indebida.
Pero, hay más dudas. ¿Dónde fueron secuestrados los miembros del grupo periodístico de El Comercio?. El tema tiene su importancia, toda vez que las primeras versiones siempre apuntaron a que los periodistas estaban en territorio ecuatoriano, que el ejercito les permitió cruzar una zona de alto peligro, que se limitaron a advertirles, que se anotó en la bitácora de cruce autos y personas, pero nada más. Con la severidad que el caso ameritaba, ya que se habían producido los atentados anteriores en nuestro suelo, cómo fue que se les dejo cruzar sin mas ni mas a los periodistas del diario, y que las dudas aumenten de una a mil con las palabras del ministro de Defensa actual Oswaldo Jarrin, que señala que los ecuatorianos “fueron secuestrados en Colombia”, provocando un cruce mas con su par colombiano que insiste en lo contrario, “que fueron capturados en Ecuador”. Por ello, la crítica exigencia de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, que le dice al general Jarrin, que parece que maneja otra información de la que se le ha dado a la nación, dejando la duda cruel que no aclara nada y por el contrario aumenta la responsabilidad del gobierno por incapacidad, negligencia y ahora ocultamiento de información precisa para saber la verdad.
Un detalle dado a conocer por el general Ramiro Mantilla, en una de las tumultuosas ruedas de prensa de este penoso caso, habló de haberse encontrado en el interior del vehículo de los periodistas de “El Comercio” algo muy importante “tres chalecos antibalas intactos”. El tema apunta a preguntar con frontalidad al propio diario, ¿Para que enviaron al equipo periodístico?, ya que, si fueron ellos los que le destinaron a una misión peligrosa, y si fueron los directivos los que les facilitaron los chalecos antibalas eran conscientes del peligro que corría su gente al ir a esa misión. Algo más, ¿En que condiciones y garantías para su trabajo, y los de sus familias, acudieron a su labor los tres miembros del diario El Comercio?, respuesta que exige a reflexionar sobre las formas y modos del trabajo periodístico para estos casos, y si no se cumplieron los leyes y normas, mucho de culpabilidad se puede extender a este medio de comunicación, por omisión por supuesto. El grado crítico en este punto aumenta si fueron las autoridades policiales o militares los que les facilitaron los mentados chalecos, porque los mismos son parte de un equipo de guerra que se entrega a quienes van a un enfrentamiento bélico inminente, del que se sabían sus consecuencias. No les parece que es esta una verdad que nos la deben entre el Gobierno del presidente Lenin Moreno y el diario El Comercio, si nos la deben dar y ya.
Tanto el ex ministro de Defensa, Patricio Zambrano como los mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas del Ecuador le deben a la nación una amplia explicación de la verdad de todos estos hechos, con todos sus antecedentes. ¿Qué fue lo que hicieron, cómo operaron?, ese era el objetivo de la exigencia de los familiares de los secuestrados y asesinados para que se entreguen todos los datos y documentos reservados. La petición tiene sentido toda vez que se quiere montar un mentira colectiva desde sectores gubernamentales con la destrucción del sistema de inteligencia presuntamente ejecutada por el régimen anterior con el uso dado a la SENAIN. Sin embargo, nunca le dicen los voceros de estas dos instituciones que la inteligenzzia policial y militar no desaparecieron nunca, ¡nunca! Por lo tanto, ellos deben haber hecho sus propias investigaciones que hasta ahora no se saben que destino han tenido, porque no están en manos de la justicia, no de los familiares a los que se les entregó papeles de condolencia, y menos en manos del presidente Moreno Garcés, que debió haber sido el primero en conocer del tema. Es un absurdo verdad, pero lo es y existe. Súmele al problemas voces que la única solución que hallaron a este problema fue el pedido de “comprar más armas”, ya que se niegan a usar los 10 mil fusiles de donación china a pretexto de que no tienen municiones, y por ello deben comprar armamento de otro tipo mas costoso para la nación. Peor queda el ambiente con la afirmación de los delincuentes capturados que dicen desde Colombia que sus proveedores de las armas son desde las fuerzas policial o militar de Ecuador. Insisto, silencio por respuesta.
Si hay algo desastroso por lo que se le puede inculpar al gobierno del manejo de la crisis fue como manejaron la comunicación social ante la nación. Queda fija en la memoria de la gente que desde el gobierno de presidente Moreno Garcés nunca se le dijo la verdad al país. El manejo de la vocería en manos del ministro del Interior, César Navas, fue un severo error. El hombre no pudo con la tarea entre informar y operar al mismo tiempo, ya que su actitud selectiva de callar ante unos medios, preferir a otros fue un problema; el dar versiones apresuradas a uno o dos canales de televisión caracterizados por hacer información de tumulto con sus abordajes y microondas le pasaron factura al ministro, quien en un momento decía que “los secuestrados están bien” sin explicar por qué lo decía -ahora se entiende era porque las autoridades ecuatorianas negociaban con Wacho- para luego, en forma desaprensiva echar tierra sobre el asunto afirmando que “el gobierno no está negociando con nadie”. Es más, de lo revelado por Ricardo Rivas ante la Asamblea Nacional, fue la familia la que tuvo que verse abocada a abrir otros canales de negociación porque el gobierno de Ecuador no pudo ni llevó adelante nada al respecto, eso lo dice el mail que fuera conocido y enviado por Paul Rivas a Yadira Aguagayo. Navas fracasó y tan desatinado fue su papel que al final, cuando tocó asumir la realidad del asesinato, su presencia con sentimiento culpable de tanta negligencia como ocultamiento de la verdad le estalló con un pedido humillante de su renuncia, exigido a todo grito por los periodistas indignados con el funcionario.
El torpe como desatinado papel cumplido por la SECOM a cargo del Secretario Andrés Michelena hizo que de los detalles de la crisis en su totalidad fueron informados por la prensa colombiana y no por el gobierno de Ecuador, tanto que en todo el proceso el aparato de comunicación gubernamental ecuatoriano fue crudamente reemplazado por tales medios. Es más, el tema hizo aguda crisis cuando el diario El Tiempo, el 1 de abril aseguró que los periodistas fueron entregados a los mandos militares ecuatoriano siendo desmentido inmediatamente, pero, nadie puede explicar hasta la fecha porque un medio como el colombiano, que siempre tuvo las primicias verdaderas y certeras del caso hasta el final, lanzó tal versión. Ese es papel desempeñado, limitarse a desmentir, a ocultar este dato hasta que desaparezca y nunca se ha vuelto a hablar del punto que tiene su intriga. Decir la verdad era una obligación y, eso incluye las versiones de este calibre que se han emitido sin explicación alguna.
Si el caso de los tres del equipo de El Comercio da para la duda, es mas grave lo ocurrido con Oscar Villacís y Kathy Velasco. ¿Por qué secuestraron a Oscar y Kathy? Aquí hay menos indicios de verdad, y el gobierno no las ha dado, tanto que la familia humilde no tiene ni siquiera una mirada de atención del régimen del presidente Moreno Garcés, siendo peor para la conciencia nacional la sospecha que habla de una vinculación directa de Oscar con el servicio de inteligencia policial o militar. Es por eso por lo que no es explicable su secuestro y la afirmación de tal relación lo hacen los propios delincuentes capturados al ser cercanos a Wacho, que dan esa como la razón. El gobierno de Ecuador le debe una explicación honesta, sincera, verdadera a la nación, a la familia, a los hijos de las víctimas, y esa verdad es una obligación de ellos, solo de ellos y ahora.
En lo exterior, la política aplicada sobre el caso siguió contribuyendo al desastre y ahora se van a ver las consecuencias. Ecuador nunca tuvo una actitud firme con Colombia, desde su presidente Juan Santos hasta el ministro de defensa Luis Villegas le mintieron al país y a la opinión pública mundial. Colombia siempre engañó a Ecuador bajo el pretexto de que el crimen se había cometido en nuestro país y que Wacho era ecuatoriano, dejando la impresión de este era un problema de nosotros y no de ellos, hasta que los cadáveres rescatados en suelo de la nación norteña solo ratifico que la responsabilidad esta contra Colombia. Ecuador como estado, su cancillería, su diplomacia, sus voceros internacionales jamás desmintieron o enfrentaron tal actitud tan cínica, quizás ocupados entre la candidatura a la ONU, los resultados del Sí o el ataque al correísmo en el exterior, nunca se reclamó ese nefasto papel cumplido por Santos y la negligencia ecuatoriana. Los tribunales internacionales tienen la palabra a este crimen que lo convirtieron en un problema de estados entre Colombia y Ecuador.
El espectáculo dado no pudo tener peor final. La promesa de desclasificar todos los documentos reservados para los casos de los secuestrados-asesinados en frontera hoy es considerado una humillante mentira contra los familiares, contra la nación. La entrega de sobres con papeles por parte del Secretario Juan Roldán fue una muestra de arrogante engaño por parte del funcionario y el gobierno que representa, y no solo de él sino del propio presidente Moreno Garcés, quien a estas alturas no tiene como explicar por qué no se cumplen sus órdenes, que su sentido de autoridad en el caso sigue siendo cuestionada y dejan en ridículo a todo un estado al no entregar la prometida documentación, que “No tienen nada de reservado”. A estas alturas la nueva oferta de ahora si de “entregar todo lo que hay” suena a grotesca y aumenta la acusación dura contra el régimen del gobierno ecuatoriano porque da la impresión de que “Algo oculta, no sé sabe que es, pero algo oculta” que va creciendo día a día, dato a dato, descubrimiento uno tras otro, que los señala usado su frase “con el dedo que cada vez apunta mas cerca” del gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés.
Al final, después de todo esto y lo que más se venga a no dudarlo, Ecuador y su gobierno pueden ser culpados de los crímenes de Paul Rivas, Efraín Segarra, Cristhian Ortega, Oscar Villacís y Kathy Velasco, que eso quede para la historia y los marcará para siempre.
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