El gobierno ecuatoriano tiene a tres figuras en el entorno cercano del Presidente de la República que se disputan el poder, el control administrativo y la relación con los negocios de las empresas privadas favorecidas por las políticas públicas actuales. En su orden de importancia están: Santiago Cuesta, Eduardo Jurado y Juan Sebastián Roldán. Y entre ellos, según algunas fuentes, la disputa es cada día más procaz y agresiva.
A cambio de desmontar al Estado y supuestamente reducir el déficit fiscal y la burocracia, los tres personajes no solo que destinan buena parte de su tiempo y responsabilidades a la atención de sus negocios particulares sino también a las alianzas con sectores empresariales poderosos que les garantizan, por ahora, un blindaje político, pero también réditos privados en el mediano y largo plazo.
El escándalo de esta semana es el “descubrimiento” de los negocios de Jurado con la banca privada y de qué modo son parte del “mayor atraco” a los clientes de las entidades financieras. Se ha derrochado mucha información al respecto, con documentos y evidencias. No hay duda, incluso por el propio testimonio del Secretario General de la Presidencia, de la red financiera que habría perjudicado a millones de ahorristas con cobros no autorizados.
El sentido común ordenaría -en casos similares y en otros tiempos políticos- la renuncia inmediata de Jurado. Pero él ha dicho que aún tiene “la confianza del Presidente”, además de reconocer que sus empresas son las denunciadas por los clientes bancarios. Y a eso ahora se une una nueva denuncia de que tendría sociedades con empresas radicadas en paraísos fiscales. Por tanto, ya no solo es un asunto de confianza presidencial sino de ilegalidad en el ejercicio de su cargo.
Con todo lo ocurrido y el propio reconocimiento de las entidades financieras, con esa disposición para devolver el dinero mal habido, Jurado queda como la evidencia de un delito, mucho más cuando hay documentos donde se prueba que él ordena a las entidades públicas “solo contratar seguros” con las empresas privadas y no con la pública Sucre.
Por supuesto, las entidades bancarias han actuado de inmediato y con sus medios de comunicación y periodistas incondicionales han querido ocultar o desvirtuar la responsabilidad de Jurado y sus empresas en todo esto. En otras circunstancias esos medios y periodistas no habrían dudado un segundo en reaccionar pidiendo la renuncia, orquestando un linchamiento mediático ofensivo y/o apelando a los valores morales, éticos y legales. Hoy tenemos en Carondelet una disputa por negocios y contratos desde el Estado que no va a terminar bien.
Y si eso fuese lo más grave ya tendríamos bastante: lo que en realidad está en disputa es la codicia de grupos económicos cobijados ahora por funcionarios públicos de alto nivel que intentan demoler la institucionalidad para garantizar derechos a los ciudadanos, al bien común y al desarrollo. Sin embargo, han hecho una campaña tan agresiva de desprestigio que un negocio más, de Jurado, Cuesta o Roldán no es más que para “reducir el déficit fiscal”.