El CNE y la democracia de las formas insustanciales

Emilio Uzcátegui|Política|

El Consejo Nacional Electoral, principal órgano garante de la democracia en el país, ha sido llevado a una debacle institucional propia de los tiempos transitorios que transcurren. Para contextualizar la importancia de este organismo basta recordar las críticas que se formularon a su gestión durante los últimos diez años; especialmente en las últimas elecciones presidenciales, donde el margen de victoria de Lenín Moreno respecto de Guillermo Lasso, propició manifestaciones, vigías e incitaciones pirómanas contra la capital.

Los medios de comunicación hicieron su parte, aliados a las encuestadoras de los perdedores, anunciaron resultados de exit poll que declaraban ganador al banquero. El caos no se hizo esperar. La estrategia nunca fue llevar al candidato banquero al poder, pues existen límites institucionales que van más allá de los caprichos mediáticos y de la prepotencia de la clase media quiteña, que cree que el país nace y muere en sus irónicamente contraproducentes fantasías libertarias.

La verdadera estrategia era poner en tela de duda la legitimidad del entonces correísta Lenín Moreno para promover lo que él mismo, ahora convertido al socialcristianismo, ha logrado por su propia gestión, que es generar una situación de inestabilidad política e incertidumbre que vuelva inminente el retorno oficial de la derecha al poder.  

El Consejo Nacional Electoral debería ser la encarnación institucional de la legitimidad democrática, el garante de la voluntad popular. La confianza institucional de este organismo es lo que permite que exista gobernabilidad en el país; que la decisión de la mayoría, sea que esté constituida por un millón de votos o por uno solo, se cumpla. Pero la confianza institucional no es un tema de amistad, buen nombre u obsecuencia al poder político coyuntural o al poder económico de siempre; es decir, confiar en las instituciones no es lo mismo que confiar en tus amigos, en la gente de tu misma clase social, en tus empleados o tus jefes.

La confianza institucional, más allá de la opinión publicada, se fundamenta en la transparencia de sus procesos, cuyo aval no son las declaraciones de sus voceros sino el criterio técnico de organismos especializados. El CNE contra el que se orquestó la crítica en las últimas elecciones presidenciales contaba con una certificación ISO otorgada por la OEA, eso implica que se auditaron los registros electorales, de organizaciones políticas y candidatos, los procesos de sufragio, escrutinio y declaración de resultados y se certificó que estos cumplían estándares mundiales de calidad y transparencia, fuimos uno de los primeros países en la región en contar con una certificación de este tipo.  

Todos los procesos electorales organizados por aquel CNE contaron con la veeduría de distintos gobiernos, organismos internacionales y de la misma OEA, que elaboraron informes avalando su transparencia. Es que la transparencia no es cuestión de opinión, aunque así nos quieran hacer creer.

El actual CNE, por el contrario, es el resultado de una pugna y reconfiguración de poderes políticos, pero principalmente de los poderes económicos que los respaldan. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a su contraparte electoral, también transitoria, con una tarea fija en mente: anular cualquier posible participación política del correísmo.  

Esta tarea se ejecutó en varias instancias, desde el CNE y desde el Tribunal Contencioso Electoral, (TCE) también transitorio. Primero evitando que figuras correístas pugnen por recuperar Alianza País, luego negando el registro del Movimiento Revolución Ciudadana y, finalmente, evitando la reactivación, con el registro de una nueva directiva, del Movimiento MANA.

Pero más allá de los objetivos políticos generales, los miembros del CNE transitorio también tenían objetivos propios, por ejemplo, Diana Atamaint entonces vicepresidenta del organismo restituyó el fondo partidista a Pachakutik, partido por el que fue legisladora años atrás. Sin perder de vista la importancia de mantener buenas relaciones con el Ejecutivo, también devolvieron la personería jurídica al Movimiento Ruptura de los 25, de María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, a pesar de no haber obtenido los votos mínimos para mantener su personería en las últimas elecciones, según el Código de la Democracia.  

Eventualmente la fase transitoria del CNE debía terminar y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio convocó a un concurso flash para la designación de las autoridades definitivas. En ese concurso participaron varios de los miembros transitorios del CNE, pero como aun entre aquellos que cumplieron con el cometido de “descorreizar” hay quienes son más y menos convenientes, solo Diana Atamaint logró quedarse.

Lo que vino después fue una medida justo en la lógica de poder del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio: decidieron entregar el CNE a las organizaciones políticas, ¡los regulados encargados de regularse! Es así que “coincidencialmente” los Consejeros definitivos del CNE que ganaron el concurso provenían de Alianza País (descorreizada), del PSC y de CREO, acompañados por Atamaint, postulada por la CONAIE y Luis Verdesoto por la Junta Cívica de Guayaquil (cercana a PSC) y la Fundación Esquel (cercana a Ruptura de los 25). Nuevamente las decisiones técnicas en materia electoral se enmarcan en una dinámica de negociación política.

Los resultados no se han hecho esperar. Habiendo iniciado la campaña para autoridades locales y Consejeros de Participación Ciudadana y Control Social definitivos, el CNE no ha podido contratar el servicio de monitoreo de campaña en medios y ha delegado esta función a la desaparecida Superintendencia de la Información y Comunicación SUPERCOM. Además, han excluido a la misión de observadores de la OEA de la veeduría para los próximos comicios electorales ¡Sí!, las próximas elecciones no van a tener monitoreo ni control ni informe de la OEA. Si de confianza institucional hablamos, el actual CNE no es garantía de nada.

Finalmente, hay que resaltar las contradicciones propias de una figura como Atamaint. Así como tener un presidente afro en un país como Estados Unidos no presentó cambio alguno en la estructura de poder de ese país durante el gobierno de Obama; la presencia de una mujer indígena al frente del CNE no representa la promesa de una democracia participativa, inclusiva, diversa y transparente. Por el contrario es solo una manifestación del poder hegemónico, que legitimado en la estética del oprimido, reproduce el ejercicio de un poder antipopular que se maneja en pocas manos. La presencia y la gestión de Atamaint lejos de ser esperanza, son una derrota para quienes creemos en el poder popular.